Maratón de protestas contra el cierre de los servicios externos de apoyo al alumnado con dificultades

Los profesionales de los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPEs) han convocado un maratón de protestas contra el nuevo modelo de orientación propuesto por la Conselleria de Educación, que implica un cambio radical en la forma de atender al alumnado con especiales dificultades -una de las principales funciones de estas unidades- al suponer el desmantelamiento de su estructura actual. Son de carácter público, ámbito comarcal y están formados por personal de diferentes ámbitos, desde orientadores hasta trabajadores sociales, pasando por especialistas de Audición y Lenguaje o fisioterapeutas. En la Comunitat funcionan desde hace más de 30 años.

Las concentraciones han comenzado esta mañana y se prolongarán durante 48 horas, dándoles continuidad, tanto en la plaza de Manises de Valencia como en la sede central de Educación, en la avenida de Campanar. La idea es mostrar su rechazo al nuevo decreto que ultima la conselleria, que ya ha pasado por las mesas de negociación con los sindicatos, y se prevé organizar acciones similares en Alicante y Castellón.

La propuesta es que todos los centros de Infantil y Primaria cuenten con un orientador, figura que no existe actualmente en los claustros pues recurren a los SPEs, por lo que sus profesionales se distribuirán entre las escuelas, así como el resto de especialistas. Educación ha prometido que implicará un incremento de los recursos para la red pública, mientras que los centros concertados de Infantil y Primaria podrán contratar a sus propios profesionales a través del Plan de Actuación para la Mejora (PAM). Además, existirá una estructura de coordinación a nivel de zona (que dependerá del instituto de referencia y de su orientador) e incluirá a todos sus centros adscritos. Es decir, desaparece la coordinación comarcal y se baja a un nivel territorial inferior.

La plataforma que reclama la retirada del borrador, impulsora de la concentraciones, se ha mostrado muy crítica con la tramitación de la norma, alegando falta de transparencia (no se informó de la misma a los sindicatos docentes de la mesa sectorial en la última junta de portavoces) y también de participación de los profesionales afectados. «Rechazamos la imposición de un modelo que llega de manera autoritaria por parte de un gobierno que se entiende progresista. Alegan que se han abierto a la participación porque se han entrevistado con diferentes colectivos, pero tampoco sabemos cómo se han desarrollado estos encuentros, y se mantienen en algo inamovible, que los SPEs desaparecen», explica Lourdes Rada, integrante de la plataforma.

«Para mejorar el modelo de orientación, con lo que estamos de acuerdo, hay que evaluar el que existe en la actualidad, determinando las cuestiones que pueden cambiarse. Perono se puede desmantelar una estructura que lleva más de tres décadas funcionando sin haber compartido con sus profesionales algún tipo de evaluación«, razona.

También se critica que el nuevo modelo perderá eficacia, al desmantelarse los equipos multidisciplinares actuales, y se alerta de la afección que puede tener en el personal interino de los centros (como los de Audición y Lenguaje), en el sentido de que los especialistas que ahora están en los SPEs tendrán que volver a sus plazas definitivas una vez el decreto despliegue sus efectos.

El planteamiento de los afectados pasa por un modelo mixto, es decir, que combine la figura del orientador en determinados centros y el mantenimiento de la coordinación y el asesoramiento a nivel comarcal.

La propuesta de la conselleria también incluye la creación de tres servicios especializados de orientación, a nivel provincial, dotados de 65 especialistas. Su función, según fuentes del departamento, es «intensificar la cobertura de acción en los centros educativos y asesorar en materia de alteraciones graves de la convivencia y la conducta, las discapacidades visuales, auditivas y motrices, el trastorno del espectro autista, las altas capacidades intelectuales y las discapacidades intelectuales».

Desde Educación se rechaza que se vayan a desmantelar los SPEs -«no responde a la realidad»- y se alega alega que lo que se hace es «aumentar personal, reconfigurar la estructura y añadir nuevas unidades», creando un «modelo más amplio, eficaz, integrador y que repercute positivamente en la mejor atención personalizada al alumnado.» «No se pone en duda la gran labor que llevan a cabo las personas que ahora mismo están en los SPEs, -añaden-, lo que se hace es que esta labor que realizan y la gran profesionalidad que tienen sea aún más efectiva».

La plataforma se ha mostrado muy activa en las últimas semanas, sumando apoyos de decenas de organizaciones relacionadas con colectivos con necesidades especiales (TEA, enfermedades raras o de altas capacidades por ejemplo), colegios profesionales (Psicología, Trabajo Social y Psicopedagogía), sindicatos docentes (el STEPV se ha sumado a las protestas y ANPE y CSIF también rechazan el nuevo modelo) y Ampas, como la confederación Covapa.

Incluso el ex director general de Política Educativa en la primera legislatura del Botánico, Jaume Fullana (responsable entonces de las medidas relacionadas con la inclusión del alumnado) ha mostrado públicamente sus reservas respecto al futuro de los SPEs, apostando por el mantenimiento de unidades comarcales como apoyo a las nuevas estructuras de zona y a nivel provincial.

Actualmente los equipos de los 34 SPEs intervienen en todos los centros que tienen asignados, asumiendo funciones como fijar criterios de actuación para el alumnado que precisa de apoyos especiales, colaborar en las adaptaciones curriculares, ayudar a la detección temprana de necesidades específicas, en la prevención del absentismo o en las relaciones con las familias en situación de desventaja por su contexto social o económico, entre otras. También visan los dictámenes de escolarización antes de ser aprobados por la dirección territorial o acreditan las necesidades especiales de los centros concertados.