11.000 profesores valencianos se quedan sin elegir destino al suspender Educación el concurso de traslados

El motivo es que la administración se ha quedado sin tiempo, tal y como se ha informado a los sindicatos en la mesa sectorial celebrada este jueves. El concurso se tuvo que paralizar el pasado febrero cuando ya se habían publicado las listas de participantes -11.243 inscritos, de ellos 10.717 admitidos- para poder resolver el lío del procedimiento previo convocado en 2022, que fue de ámbito nacional y que anuló el TSJCV porque los gestores del Botánico no incluyeron todas las plazas que correspondía y que por contra sí aparecieron en el proceso extraordinario de estabilización de interinos (sin exámenes). Legalmente, estas vacantes -varios miles de puestos- debían haberse ofrecido primero a los funcionarios de carrera mediante este procedimiento.

En realidad el concurso se ha resuelto parcialmente, pues a mediados de mes se cerró el correspondiente a los maestros, con 4.600 cambios. El suspendido, afectado por el problema judicial del anterior, es el que incumbre a profesores de Secundaria y otros cuerpos, y los aspirantes no tendrán otro remedio que esperar a la siguiente convocatoria, que será de ámbito nacional, o intentar conseguir una comisión de servicio.

Tanto el secretario autonómico, Daniel McEvoy, como la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, han señalado a través de un comunicado que era «una posibilidad largamente comentada con las fuerzas sindicales a lo largo de sucesivas mesas sectoriales, ya que ha habido que repetir el concurso nacional y prácticamente se solapan los procedimientos».

Sancho ha recordado que la Ley de Procedimiento Administrativo Común dispone que en los procesos de movilidad la administración impulsora podrá desistir, motivadamente, una vez iniciados. ¿Y qué impide reanudarlo una vez resuelto el anterior, que exigió coordinarse con el Ministerio de Educación para que verificara los ficheros informáticos (con decenas de miles de datos) al ser de ámbito nacional? La organización del próximo curso.

Cabe recordar que el concurso de traslados autonómico, que también implica un laborioso trabajo de baremación de solicitudes, debe quedar listo antes de que se inicien otros procesos de provisión de puestos para cubrir las plantillas de los centros. Es decir, a las plazas que quedaran libres podrían optar, de cara a las adjudicaciones de verano, los aspirantes a las comisiones de servicio (cambios de centro temporales que se otorgan por causas sociales), después los funcionarios de carrera desplazados o suprimidos, los que han superado su año de prácticas, los que tienen destino provisional y después los que conforman las bolsas de interinos.

Esta especie de cascada no sólo es compleja, sino que tiene que estar resuelta a finales de julio (o los primeros días de agosto, aún siendo un mes inhábil). Y ante el riesgo de solapamiento de procesos, y de volver a tener problemas en las adjudicaciones de verano -la pesadilla que afectó a miles de docentes en 2023- se ha optado por ser conservador.

«Educación considera que es imposible continuar con este proceso ya iniciado porque afectaría al inicio del curso escolar», ha defendido Sancho, que ha añadido que incluso se podría dar el caso de que llegara a coincidir con la convocatoria del próximo concurso (de nuevo nacional), prevista para los primeros días de septiembre.

«Celebrado ya el concurso del curso 2022-2023 se procedió a continuar con el autonómico, aunque no tiene carácter obligatorio a diferencia del anterior. La voluntad de la conselleria siempre ha sido llegar y cumplir plazos, pero nos vimos obligados a repetir el de Secundaria y otros cuerpos tras la denuncia de CC.OO. PV porque el gobierno valenciano anterior no ofertó todas las plazas disponibles, y los tiempos han sido muy ajustados», ha reiterado, por su parte, Daniel McEvoy.

No obstante, el secretario autonómico ha anunciado que, «buscando el menor perjuicio posible para los participantes, se ha ampliado el plazo de solicitud de comisiones de servicio 2024-2025 para que estos docentes puedan participar». Eso sí, las opciones de conseguir el cambio son mucho más restringidas.

El punto previo en el orden del día de la mesa sectorial ha servido para informar a los cinco sindicatos de la denuncia de los acuerdos de plantillas que firmó el equipo del Botánico cuando estaba en funciones, lo que implica revisar el incremento de profesionales aplicado este curso (unos 3.000) y el previsto para el que viene (otros 2.000).

McEvoy ha reiterado que son «nulos de pleno derecho», en base a un informe de la Abogacía de la Generalitat, que también alertó de que no se cumplieron los controles ni se pidieron los informes de impacto preceptivos. La conselleria también cuestiona que no estuvieran dotados de suficientes fondos presupuestarios, de ahí su intención de impulsar nuevos acuerdos de cara a los siguientes ejercicios. Para el que empieza, se negociarán en las próximas mesas unos criterios transitorios para determinar los profesionales que precisa cada centro en función de su tamaño, etapas y características.

«La voluntad de la conselleria es llegar a un acuerdo con los sindicatos que esté revestido de todas las garantías jurídicas», ha dicho McEvoy, antes de insistir en que el inicio de curso «contará con las plantillas necesarias para que la atención al alumnado en todos los centros esté asegurada».

También ha indicado que los acuerdos suscritos por el equipo anterior «hipotecaban al nuevo gobierno, ya que implicaban una acción para toda la legislatura». Además, ha dicho que se van a incrementar las plantillas de cara a septiembre, «fundamentalmente por el interés que tenemos en la atención hacia el alumnado con necesidades especiales, al que no se va a privar de ningún recurso». También se ha referido al incremento en FP y ha señalado que se dará respuesta a la demanda de las escuelas infantiles de titularidad de la conselleria, dotándolas de un maestro más en caso de tener más de tres unidades, «algo que no se recogía en el acuerdo que ahora se ha denunciado».

Tal y como explican fuentes sindicales, la clave está en Secundaria, pues su acuerdo era el que tenía más aspectos pendientes de desplegar el próximo curso, mientras que la previsión, en base a lo trasladado en la mesa, es que el de Infantil y Primaria se mantenga, al menos de manera transitoria, prácticamente igual.

En el apartado de reacciones, el STEPV ha defendido que en la mesa ha quedado claro que no hay dificultades presupuestarias y que cualquier problema técnico puede subsanarse sin necesidad de anularlos. Y ha vuelto a solicitar el informe de la Abogacía, sin éxito, por lo que ha considerado que se está incumpliendo el derecho sindical a disponer de toda la información de cara a una mesa de negociación.

CC. OO. PV ha dicho que sí cuentan con legitimidad, ha criticado que no se haya convocado la comisión de seguimiento de los mismos y ha defendido que lo que se pretende es «profundizar en los recortes que se vienen realizando desde el inicio de curso». Y para UGT «no existen razones técnicas ni presupuestarias» que justifiquen la medida, que evidencia, a su juicio, «que las verdaderas intenciones pasan por el desmantelamiento de la escuela pública y el maltrato a su profesorado».

Por su parte, ANPE CV ha exigido que se mantenga la actual dotación de personal, «ya que si este curso se ha podido llevar a cabo según los acuerdos ahora denunciados no hay impedimento para mantenerla durante el próximo» en el modelo transitorio que se tiene que negociar. También ha advertido a Educación de que «no consentirá ni un docente menos de los necesarios».