Diez profesores de Religión niegan ante el juez que trabajaran para la Iglesia

La denuncia de la Fiscalía de Valencia contra 22 profesores de Religión que supuestamente trabajaban para el Arzobispado tuvo ayer su primer episodio en el juzgado. Una decena de los docentes acudieron a declarar, en una causa en la que también se investiga el papel de Santiago Martí, el ex director general de Centros y Personal Docente de la Conselleria, y de Rafael Cerdá, el presidente de la comisión diocesana de Religión, ahora denominada de Enseñanza y Pastoral Educativa.

La versión de los profesionales educativos fue muy similar. Los investigados subrayaron que estaban contratados por la Conselleria de Educación y que realizaban labores de coordinación. Esta tarea consistía en suplir las bajas de sus compañeros y en enviar material didáctico para las clases, entre otras funciones. Los docentes restaron importancia al hecho de que su lugar de trabajo estuviera en un inmueble de la Iglesia. Era la ubicación que se les había asignado, según indicaron.

La acusación preguntó acerca de si conocían que se les había asignado una comisión de servicio -figura que sólo es viable entre Administraciones, pero no con el Arzobispado- y alguno de ellos incluso contestó que no sabía qué era esa modalidad laboral. Otra de las cuestiones que más se repitió en una larga jornada de declaraciones fue el papel de Cerdá. Los maestros no afirmaron que rindieran cuentas o despacharan directamente con este responsable, aunque sí que apuntaron que, en algún caso, el presidente de la comisión diocesana estaba presente en las reuniones que se organizaban los lunes.

El caso fue denunciado en su día por Compromís. El ministerio público cifra en unos 750.000 euros el dinero supuestamente malversado. Esta cifra se obtendría de las cantidades que se abonaron a los docentes sin prestar un servicio al departamento autonómico. También incluye el sueldo que se pagó a los profesionales que, en teoría, sustituyeron a los destinados en el Arzobispado de manera irregular. Únicamente se investiga el periodo 2014-2015.

Los hechos se produjeron durante la etapa de María José Catalá en el Consell. En su día la consellera explicó que esta situación provenía de la etapa socialista y que los profesores regresaron a su destino de manera preventiva mientras se terminaba la redacción del decreto, cuyo borrador permitía este desplazamiento de trabajadores.