La cita es el viernes a las 10.00 horas a las puertas del Palau de la Generalitat. Los cerca de 1.400 trabajadores de Vaersa, la empresa pública dependiente de la Conselleria de Emergencia Climática, se concentrarán para reclamar una solución que dé estabilidad a sus puestos de trabajo.
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La situación en la que se encuentran, que fuentes sindicales y de los trabajadores atribuyen a las diferencias entre PSPV y Compromís, está teniendo consecuencias negativas en los trabajos forestales y de mantenimiento de los parques naturales, tareas que hasta ahora han sido encomendadas a esta empresa y que suponen, junto a la gestión de los residuos, la columna vertebral de su labor.
El problema surge, según denuncian los trabajadores, porque desde la Conselleria de Hacienda, controlada por el PSPV, se está bloqueando la concesión de enmiendas de gestión que solicita Vaersa gestiona Compromís a través de la Conselleria de Emergencia Climática.
Critican que la empresa está abocada a la parálisis y que en los últimos meses se han ido perdiendo puestos de trabajo. De hecho el pasado mes de junio 60 miembros de las brigadas forestales se quedaron en la calle en el momento de mayor riesgo de incendios forestales. Según Elisa Díaz, diputada autonómica del PP, la empresa ha ido perdiendo centenares de trabajadores "en un lento goteo" durante los últimos meses.
En septiembre terminó también la encomienda de gestión de parques naturales que ocupa a cerca de 200 trabajadores y todavía no ha sido renovada. Mientras, la empresa ha tenido que buscar fórmulas alternativas para que no se queden en la calle y los parques sin cuidar.
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A fines de febrero se extinguirá la encomienda de prevención de incendios que da trabajo a 450 empleados con las posibles consecuencias en los trabajos que realizan en el monte.
Al mismo tiempo fuentes de los trabajadores explicaron que algunas de las encomiendas que antes se encargaban a Vaersa están ahora en manos de Tragsa, la empresa dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.
"Somos rehenes de una guerra política entre los dos partidos que gobiernan la Generalitat", explicaron fuentes de los trabajadores que reclamaron una solución inmediata.
El pasado agosto Les Corts aprobó un decreto ley para dar continuidad jurídica a Vaersa. La empresa se adaptaba a la normativa vigente para permitir que pudiera seguir trabajando a través del sistema de encomiendas de gestión. Pero la Abogacía de la Generalitat ha puesto reparos a la aplicación de esta nueva normativa. Alega la modificación del marco jurídico debe ser tramitada a través de un proyecto de ley.
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La consecuencia es que las encomiendas están paralizadas y alguna de ellas se ha extinguido con el riesgo para los puestos de trabajo y para la gestión forestal en el monte valenciano.
El PP ya advirtió sobre esta posibilidad y pidió en su momento que el decreto se tramitara como proyecto de ley para salvar las reticencias de la Abogacía. Elisa Díaz señaló que la anterior consellera, Elena Cebrián, "ya fue cuestionada porque lanzó varias promesas sobre Vaersa pero no cumplió ninguna. Hoy los trabajadores siguen en la misma situación mientras las conselleries se pasan la patata caliente". También advirtió de que "los trabajos que estaban realizando dejan de hacerse, la mayoría de ellos de prevención de incendios, algo que debería ser una prioridad".
Desde las conselleries de Emergencia Climática y Hacienda no comentaron la posible tensión entre ambas, mientras la consellera Mollà aseguró que defenderá a Vaersa y a sus trabajadores "por encima de todo" y abogó por convertirla en una entidad de derecho público.
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