Donde dije Castedo, digo Echávarri

Publicado en la edición impresa del 12 de noviembre de 2017.

En el juego de las diferencias, los socialistas valencianos se empeñan en significar la falta de parecido entre Sonia Castedo, exalcaldesa alicantina y multiimputada, y su sucesor Gabriel Echávarri, imputado, reimputado y procesado. Nunca dos situaciones suelen ser exactamente parejas, pero la principal diferencia para que el PSPV exigiera y presionara en favor de la dimisión de Castedo mientras que con Echávarri mira para otro lado es que aquella era del PP y Echávarri es de los suyos. Palabrería política, ya está. El estándar ético que los socialistas reclamaban hace bien poco a los adversarios no se lo aplican a sí mismos. Alberto Fabra impuso la línea roja de la dimisión en el punto justo en el que un cargo público resultaba imputado, una verdadera aberración como criterio general para exigir responsabilidades, pero la izquierda incluso lo veía insuficiente; antes, antes... El alcalde de Alicante no sólo ha sido imputado, dos veces (ahora se llama investigado, para disimular), sino que además ha pasado a un escalón judicialmente más grave, su procesamiento por presunta prevaricación. Pero Ximo Puig asegura que no estamos ante un caso de corrupción. Y Manolo Mata lamenta «el linchamiento y que se le satanice». Todo esto ya nos suena de otras veces y como decía aquel, quizá la política no dé para más. Y eso explicaría que uno de los puntales del socialismo valenciano, la portavoz municipal Sandra Gómez, no se canse en cambio de pedir la dimisión de los concejales del PP imputados por el caso del pitufeo.

El colmo de la suficiencia es que Ximo Puig ande estos días afeándole a Isabel Bonig su falta de arrojo para enfrentarse a Rajoy como su superior, a cuenta de la manifestación por la infrafinanciación valenciana, mientras el mismo Puig no es capaz de encararse a un subordinado por su sospechosa gestión en el ayuntamiento de Alicante. Lo que siempre se ha llamado la doble vara de medir de la izquierda a cuenta de su supuesta superioridad moral. Un tremendo complejo de superioridad que les permite cambiar de criterio como el que se muda la camisa. Por eso no es sólo el caso Echávarri (1). U otros imputados (2) como el director del IVF, Manuel Illueca, que sigue en el puesto porque realmente su situación apunta a injusta, pero igual de injusta que otros casos anteriores que tanto les alarmaban. O el rechazo (3) a reducir el número de aforados. Y el propósito (4) de subir el sueldo a los miembros del Consell después de lo que se decía del salario de Barberá y de la gente de Camps. Y la negativa (5) a aceptar comisiones de investigación sobre su gestión. Las no comparecencias en Les Corts (6). Las condenas del TSJ (7) por obstruccionismo informativo a la oposición. El partidismo sectario (8) en el que vuelve a incurrir la televisión pública. El camelo (9) de los ingresos ficticios que falsean los presupuestos de la Generalitat. O los vaivenes (10) en las políticas de dependencia, residencias de la tercera edad o centros de menores. Y vamos a dejar aquí, porque en algún sitio hay que cortar, ese gusto del bitripartito por la ley del embudo y el donde dije digo, digo diego.

Aunque nada tan explícito estos días como la moción del gobierno de Ribó contra la ampliación de la V-21. Antológico. Una vía saturada. Fundamental para la movilidad laboral y el bienestar de decenas de miles de trabajadores, clave para el futuro del Puerto, de las comunicaciones y de la distribución de bienes y servicios. Y dos semanas antes de la adjudicación, el mismo ayuntamiento que afeaba al PP la tardanza plantea echar abajo diez años de trámites, poner el reloj a cero, estudiar una alternativa y perder la mejora viaria y treinta millones de inversión. Lo que denota una espesura sin límites como gestores públicos y, tal cual dijo el ministro De la Serna en el foro de este periódico, es sencillamente ilegal, o sea delictivo. Pero quieren que la prevaricación la cometa el ministro y no ellos: «he venido aquí en doce ocasiones y nadie me habló antes de esto». En fin, merecería no ya la convocatoria de una manifestación de Puig y Oltra contra el alcalde Ribó por poner en peligro una inversión clave para la economía regional, «una inversión justa», pero sí al menos una contundente acción política contra un ayuntamiento suicida. Y por la parte de los empresarios (Salvador Navarro) y los sindicatos (Ismael Sáez y Arturo León) parece poca cosa reaccionar con un triste comunicado a una amenaza tan real, tan concreta y explícita, contra la economía valenciana, mientras calientan los motores de una manifestación por la financiación que sólo podrá resolverse en una mesa de negociación donde aparte de Montoro habrá otros dieciséis jugadores autonómicos. Cabe esperar de los líderes de la CEV, UGT y CC OO una manifestación en toda regla si se impone el bloqueo a la ampliación de la V-21.

La izquierda gobernante ante sus frustraciones e incapacidades vuelve al recurso de la calle, allí donde siempre se ha sentido fuerte. Utilizando marcas ajenas pero controladas. Igual da Acciò Cultural, que Escola Valenciana, el Step, la Intifalla, los diversos Salvem o la plataforma del accidente del metro. Ahora, una manifestación política y partidista inspirada por Puig (el primero que habló de una gran movilización social concertada) y por Oltra («hay que montar un pollo») se le ha encomendado a los dos sindicatos dominantes y, por cierto, dependientes financieramente de la administración. Pero no deja de ser una maniobra de distracción. No se discute que la Comunitat está malísimamente financiada, es la única que con una renta per cápita por debajo de la media nacional aporta al fondo común más de lo que recibe. Y ni siquiera se discute la legitimidad de una corriente política para usar la presión de la calle en favor de sus tesis y contra sus oponentes en el gobierno de la nación. Lo que aquí se cuestiona es el camelo; el intento de hacer pasar una manifestación de signo partidista que se va a rellenar con las bases de Compromís como si se tratase de una acción social y espontánea; o que al President Puig no se le ocurriera hace unos años concebir una protesta similar contra el autor del desaguisado, Rodríguez Zapatero. O que en el colmo del desvarío se le invite a Isabel Bonig a que empuñe la pistola para dispararse en el pie, o en otro sitio peor.

La mejora de la financiación valenciana depende tanto o más de Ximo Puig como de Mariano Rajoy. Porque se cae de su peso que sólo podrá arreglarse con un pacto general entre PP y PSOE. ¿Y si resulta que Rajoy es capaz de poner antes de acuerdo a su partido para corregir el desequilibrio valenciano que lo que puedan conseguir de los suyos Puig o Pedro Sánchez? ¿Y si llegado el momento comprobamos que se dan más dificultades para lograr cesiones de los socialistas de Andalucía, Aragón o Castilla-La Mancha que de los populares de Madrid? Mientras tanto, ya señaló una solución el ministro De la Serna: los diputados de la izquierda valenciana tienen las puertas del Congreso abiertas para negociar y lograr mejoras e inversiones en los presupuestos que se están fraguando. Ahorita mismo.