La dimisión de 23 instructores de Policía Local pone en peligro la vigilancia en los municipios

Los instructores del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) han dicho basta. Los docentes de la academia valenciana de Policía, ubicada en el Complejo Educativo de Cheste, han presentado su dimisión ante los impagos de la Conselleria de Justicia, que se acumulan desde el mes de noviembre de 2019. En concreto, han dejado el cargo 23 de los 24 instructores.

A esto se suma otra cuestión: en julio se tomó la decisión de obligar a los futuros policías locales a realizar antes las prácticas que la parte teórica del curso. «Una auténtica barbaridad, han ordenado a los Policías Locales a prestar servicio en la calle sin tener ni un solo minuto de parte teórica. Es como si a un médico lo mandan antes a un hospital que estudiar la carrera de medicina», critican desde el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (Spplb).

En el escrito que los agentes mandaron a los coordinadores (al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS), los instructores expusieron los motivos de su marcha. Según indican, el «sacrificio» adoptado para implicarse en el curso pasado, en plena pandemia, sin recibir a cambio la promesa de cobrar las nóminas atrasadas, les lleva a tener «un sentimiento de desazón» que les impide «seguir colaborando».

«El futuro del IVASPE está en un hilo. A todo esto hay que añadir que los funcionarios de la Generalitat huyen del IVASPE y nadie quiere ser destinado al centro por la enorme carga de trabajo por la falta de personal», sostienen desde el sindicato policial, que advierte también del perjuicio que supone para la próxima promoción esta situación, así como para los propios ayuntamientos. «No olvidemos que los policías no pueden tomar posesión en propiedad de sus plazas hasta que no finalicen el IVASPE, con lo cual se puede estar ocasionando un grave perjuicio a todos los futuros policías locales de la promoción 52 en el caso que se tuviera que retrasar el inicio del curso. Además de los Ayuntamientos donde prestan sus servicios», explica la organización sindical.

«El SPPLB va a dar cuenta de todas estas irregularidades a todos los grupos políticos de las Cortes Valencianas para que tomen cartas en el asunto, además del Síndic de Greuges», agrega el sindicato, que además pedirá la dimisión de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo y al director de Emergencias, José María Ángel.

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