Directores y profesores piden refuerzos en los centros valencianos para atender la salud mental de los alumnos

Tanto la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria de la Comunitat (ADIES PV) como el sindicato docente mayoritario en la enseñanza pública (STEPV) han coincidido este miércoles en que hay que incrementar los recursos especializados para prevenir y atender esta problemática.

Para hacerse una idea, las notificaciones que llegan a la Conselleria de Educación desde los centros relacionadas con autolesiones y tentativas de suicidio se han triplicado en el último curso cerrado, pasando de las 480 del 2018-2019, el ejercicio previo a la pandemia, a las 1.600 del 2021-2022.

«Necesitamos un instrumento de emergencia para, cuando se produzcan situaciones muy graves como una tentativa, se active urgentemente la llegada al centro de personal especializado de intervención», explica Antoni González, presidente de ADIES PV y también de la Federación de Asociaciones de Directivos de Secundaria a nivel estatal (Fedadi). «Ya no estamos hablando tanto del personal habitual de la plantilla sino externo y que tenga la capacidad de actuar, facilitando la ayuda necesaria al alumno que se encuentre en una situación especialmente grave relacionada con su salud mental», añade, antes de reclamar que para su activación no se precise de excesiva burocracia, «unificando el proceso en un único informe que permita poner en conocimiento de todos los ámbitos la situación». Es decir desde el sanitario hasta el educativo, pasando por administraciones locales o servicios sociales.

El sindicato mayoritario, que ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los docentes de Mislata, va un paso más allá. No sólo plantea refuerzos extraordinarios «en cualquier momento para atender las necesidades reales del alumnado», como sería el caso citado, sino que pide cambios estructurales en las plantillas de Secundaria, cuya configuración se va a revisar en las próximas semanas.

El STEPV reclama un aumento del personal del departamento de orientación, que es el encargado de asumir la intervención con alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, problemas de convivencia y también de salud mental. A su juicio debe existir un orientador (experto docente que suele disponer del título de Psicología o Pedagogía), un especialista de Audición y Lenguaje, otro de Pedagogía Terapéutica (PT) y un educador social por cada 350 estudiantes.

Educadores para alumnos de Especial o personal de enfermería «para tareas de carácter asistencial, educativas y preventivas», son otras de las reivindicaciones que ha trasladado a Educación de cara a la negociación. También apuesta por adoptar «medidas concretas para los centros de especial dificultad» o que se facilite el trabajo del coordinador de convivencia, clave en la prevención, mediante reducciones de su horario lectivo.

El pasado lunes la asamblea de profesorado del IES La Morería rubricó un manifiesto dando apoyo a su equipo directivo, que a principio de mes había anunciado que renunciaría al cargo al final del curso. El documento hablaba «de la imposibilidad de gestionar el centro con los escasos recursos» de los que dispone y del «desamparo que sufre por parte de la conselleria». Se referían a situaciones «dramáticas» relacionadas con problemas de salud mental, a los 15 procedimientos abiertos por conductas autolíticas, suicidas y de carácter violento y a que no se habían atendido las peticiones de medios adicionales. Como un especialista de Pedagogía Terapéutica escolta (de carácter individual) o recursos de atención domiciliaria para «controlar los casos más graves», así como otra plaza de orientación y de PT a tiempo completo.

Previamente al manifiesto desde el equipo directivo se había enviado una carta al secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, en la que se recordaban las peticiones de medios trasladadas a la administración sin que hubieran sido atendidas.

Desde la conselleria explican que la pasada semana se celebró una reunión con la directora territorial de Valencia y que desde la secretaría autonómica, a raíz de la misiva, se había pedido un informe de la situación, lo que ha permitido que se hayan «activado» las medidas «para hacer frente a la situación que se describe». Por ejemplo, se ha aprobado la asignación de una plaza adicional de Pedagogía Terapéutica y de orientación además del PT escolta, que depende de la Conselleria de Políticas Inclusivas, coincidiendo con las solicitudes de la asamblea y también de la dirección.

También recordaron la existencia de otros recursos especializados a disposición de los centros, como las Unidades de Orientación Educativa, o de programas de prevención de situaciones violentas o directamente relacionados con la salud mental, como 'Som Imprescindibles', que consiste en la organización de talleres a cargo de psicólogos especialistas que pasarán por todos los centros de Secundaria de la Comunitat. «El equipo humano de la conselleria está trabajando con el equipo directivo, dando los pasos necesarios para que esta situación se reconduzca», concluyen las mismas fuentes.

Por su parte la dirección publicó este miércoles un comunicado en la web del instituto apelando a la calma y mostrando su conformidad con las medidas de la administración. «Una vez la conselleria fue consciente de la difícil situación que estábamos teniendo se puso en contacto por distintos medios para ayudarnos a arreglarla», se dice, antes de citar la reunión con la directora territorial, de la que salieron «soluciones muy satisfactorias».

También se hace referencia a los recursos humanos que se van a incorporar, asegurando que junto a la implicación de «todo el equipo docente se potenciará la mejora del centro para poder cubrir nuestras necesidades». «Desde el equipo directivo queremos transmitir tranquilidad, sosiego y confianza a toda la comunidad educativa. Seguiremos trabajando como siempre por y para nuestro alumnado», se concluye.