Discapacitados con baja visión acuden al Congreso para reclamar ayudas

Las reivindicaciones de los discapacitados afectados por una baja visión han llegado ya al Congreso de los Diputados. El movimiento, impulsado por una quincena de asociaciones de toda España, recurre así al Gobierno de España para reclamar que, por ejemplo, los productos de apoyo que necesitan (como gafas especiales) cuenten con un IVA reducido del 4% al igual que el resto de artículos para discapacitados; un voto accesible, con papeletas y sobres con letras aumentandas; o incluir la figura del rehabilitador visual en la cartera de profesionales sanitarios.

Así, el Centro Asturiano de Madrid acogió este jueves el acto de presentación, promovido por el Fondo de Integración Social, del bautizado como Manifiesto por los Derechos de la Baja Visión, una agrupación de reivindicaciones históricas de este colectivo que, en la actualidad, «están totalmente desatendidas por las administraciones», señalan.

Tras el acto, se presentó el manifiesto en el Congreso de los Diputados por registro de entrada «con la esperanza de alcanzar lo que por derecho nos corresponde», agregan.

Aunque no son ciegos, en las personas con baja visión hay un resto de visión, suficiente para reconocer objetos u orientarse con la vista, pero tienen auténticas dificultades para leer y distinguir tamaños e imágenes o para ciertas actividades concretas, lo que causa una limitación de las capacidades a la hora de realizar actividades cotidianas o profesionales. Este déficit visual no puede ser corregido con gafas, lentes de contacto, fármacos o cirugía.

Los promotores de este manifiesto, y junto con 15 asociaciones de toda España y entidades de diversas patologías visuales que se han adherido al movimiento, solicitan «lo que de justicia les corresponde, ya que sufren una doble discriminación porque de entre todas las discapacidades, la visual es la que menos recibe en todos los sentidos», aseveran.

«¿Por qué a una persona que sufre otro tipo de patologías si precisa, le dan las prótesis, una silla de ruedas y todo lo que necesite para realizar mejor su vida diaria y aumentar su calidad de vida y a nosotros no nos dan ni una triste lupa o gafas?, es indignante la discriminación tan terrible que sufrimos», agregan.

Con este manifiesto, señalan, «pretendemos mejorar nuestras vidas para lograr la plena inclusión en la sociedad y lograr la equidad entre las discapacidades». «Esta es la punta del iceberg, hoy es el inicio de todo, aunque ya llevamos un largo camino recorrido, nos reafirmamos todos los firmantes en un compromiso para en los próximos meses avanzar con proyectos unificados, realizando mesas redondas, videoconferencias, grupos de trabajo, continuar la parte reivindicativa frente a las instituciones y un largo etcétera. »Que se perpetúe a lo largo del tiempo será sin duda el éxito de un largo camino«.

Los puntos más importantes que recoge el manifiesto es la demanda de una igualdad en referencia al IVA de los productos de apoyo entre las discapacidades. Según la Ley del Impuesto del Valor Añadido los productos de apoyo para las personas con certificado de grado de discapacidad tienen un IVA del 4%, a excepción de los utilizados por personas con baja visión y que también poseen el certificado de grado de discapacidad, gravados al 10% y 21%.

Piden también la inclusión en el catálogo nacional del sistema de salud los productos de apoyo para personas con baja visión. El propósito de estos artículos es ayudar a las personas a mitigar su discapacidad y poder desempeñar sus actividades diarias, acomodar su puesto de trabajo y de estudios. Sin embargo el Ministerio de Sanidad, a través del Catálogo Nacional del Sistema de Salud, subvenciona los productos de apoyo, pero deja fuera del catálogo los usados por personas con baja visión.

El colectivo, asimismo, reclama el voto accesible real, con papeletas y sobres con letras aumentadas. La legislación vigente sobre el voto accesible para personas con discapacidad visual es un procedimiento que permite el ejercicio del derecho al sufragio mediante el sistema de lectoescritura braille. Sin embargo, sólo es aplicable a personas ciegas, por lo que se deja fuera al 99% de las personas con discapacidad visual que son las personas con baja visión.

También reclaman que se garantice la protección de las mujeres con baja visión que sufren violencia de género. El modo en el que se ha implementado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género «no tiene en cuenta la diversidad de mujeres con discapacidad que pueden ser víctimas de violencia, como consecuencia no es una herramienta adecuada para que las mujeres con baja visión se sientan protegidas. El resultado es que su integridad física y moral no queda suficientemente garantizada».

La creación de protocolos específicos es otra de las reivindicaciones. El Sistema Nacional de Salud carece de un Plan Estratégico de Salud Visual para pacientes con pérdida de visión de carga social y económica que proporcione protocolos de rápida derivación, tratamiento y seguimiento y, que se dote de los suficientes recursos humanos, técnicos y físicos que se adapten a la demanda de la ciudadanía.

Quieren, asimismo, una accesibilidad universal real. A pesar de que la normalización del entorno en cuanto a la accesibilidad está preparada para las personas con discapacidad, la normativa actual no cumple en materia de accesibilidad universal de manera uniforme al no tener presentes las necesidades de las personas con baja visión y, en consecuencia,« cada vez es más frecuente el sentimiento de desamparo de las personas con baja visión, al no cumplir en su mayoría con los requisitos básicos y obligados en materia de accesibilidad universal».

El colectivo solicita un mejor peritaje para obtener el correcto grado de discapacidad. En los casos de peritación funcional ocular de las normas, no se hace una valoración íntegra y total de todos los aspectos de la función visual, según denuncian. En este sentido, «para cualquier persona del estado español con déficit visual seguirá existiendo desprotección social a causa de la incorrecta valoración del porcentaje que se obtiene de la pérdida de visión».

Incluir la figura del rehabilitación visual completaría el listado de las principales reinvidicaciones. La falta de profesionales de la rehabilitación visual en las actividades de la vida diaria, encargados de favorecer la integración y autonomía social de las personas con discapacidad visual, provoca que la independencia de las personas con resto de visión no se lleve a cabo. El resultado es un impacto negativo en el estado psicológico colocando a la persona con baja visión en una situación de vulnerabilidad psíquica, social y económica. Su ausencia impide mejorar aspectos tan básicos como el acceso a la lectura y la educación, así como la seguridad en la realización de tareas en el trabajo.

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