Los disléxicos denuncian el incumplimiento de la promesa de adaptar su selectividad

valencia. La Federación Española de Dislexia ha denunciado la existencia de diversas irregularidades durante la celebración, la pasada semana, de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana.

Fuentes de la entidad explicaron que no se aplicaron todas las medidas de corrección aprobadas pocos días antes a raíz de sus continuadas solicitudes. En concreto, lamentaron que hubiera casos de alumnos a quienes se les denegara la lectura de enunciados, como se había aprobado pocos días atrás por parte de la conselleria de Universidades. LAS PROVINCIAS ha podido confirmar que a los miembros de varios tribunales no se les informó sobre este extremo.

Consideran que este hecho podría permitir impulsar algún tipo de reclamación al interferir en la comprensión del enunciado y, por lo tanto, en la nota directa del alumno.

También tienen dudas sobre el modo en que se ha identificado a los alumnos con dislexia «puesto que cada profesor al que hemos preguntado ha contado una historia diferente y no sabemos si se ha aplicado el acuerdo correctamente». Así, se preguntan que si se comprueba que en revisión y segunda corrección se han contado las faltas de ortografía, «¿se considera un error material?»

«Aunque nos dicen que tenemos que confiar en los profesores, lo que queremos es que nos digan de qué modo se les informó tanto al profesor vigilante como al corrector. Creemos que de todo esto debería haber constancia por escrito y que no se dejara solo al albedrío del presidente de cada tribunal», afirmaron.

Desde la Federación explicaron que ya han puesto el tema en manos tanto del Síndic de Greuges como del Defensor del Pueblo. A estos dos organismos ya se les informó con anterioridad de las dificultades que, tanto en la Comunitat Valenciana como en la Comunidad de Madrid, estaban encontrando las personas con dislexia diagnosticada para que en estas pruebas se les siguiera aplicando las correcciones que ya se les habían estado aplicando durante los cursos anteriores en sus respectivos institutos.

También consideraron grave el hecho de que, en alguna ocasión, se citara a las personas con dislexia en voz alta en medio de todo el alumnado «vulnerando derechos constitucionales y la ley de protección de datos en materia sanitaria». Recordaron, en este sentido, que las multas «son muy elevadas y se inician de oficio por la Agencia Española de Protección de Datos».

Desde este colectivo también se han mostrado molestos por los malos modos verbales usados hacia ellos por parte de algunos cargos públicos.