El Gobierno cierra la puerta de las oposiciones a profesores de la concertada

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (USO) ha anunciado que impugnará el real decreto estatal que modifica el sistema de puntuación de las oposiciones docentes al considerar «discriminatoria» la ventaja que tendrán los profesores interinos respecto a los que provengan de colegios concertados y privados, pues en la práctica el nuevo baremo les cierra un poco más la puerta de acceso a la función pública.

«El Ministerio de Educación privilegia la experiencia docente en los centros públicos sin ninguna objetividad ni legitimidad, mientras que margina a los docentes de la concertada y de la privada con unos baremos más injustos que los que ya existían», dijo la organización en el comunicado remitido tras la publicación del reglamento el pasado sábado. Además, como explicó ayer Joaquín Sanz, miembro de USO en la delegación valenciana, el gabinete jurídico estudia la posibilidad de acompañar el recurso con la petición de medidas cautelares. Hay que tener en cuenta que los cambios se aplicarán en los procesos selectivos del próximo verano, que sólo en la Comunitat sumarán 3.000 plazas de maestros de Infantil y Primaria.

La federación defiende que en las convocatorias «no se debe privilegiar a nadie» y han de «respetarse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». También arremete contra «otras organizaciones sindicales» que «pretenden favorecer a los actuales interinos en contra de las opciones de los nuevos aspirantes, quebrantando esos principios y la garantía de acceso de los mejores candidatos».

El quid de la cuestión está en la nueva baremación de la experiencia previa en las aulas. En un concurso oposición hay dos fases que determinan la calificación: las pruebas, iguales para todos, y la valoración de los méritos, que se dividen en tres categorías que permiten sumar puntos, hasta un máximo de diez, de cara a la nota final: servicios prestados con anterioridad, formación académica y otras cuestiones, como los idiomas.

En el caso de un aspirante interino, es decir, que ha trabajado en un centro público temporalmente, cada año acumulado le suma 0,7 puntos, pudiendo acreditar hasta diez ejercicios. Es decir, puede conseguir un máximo de siete en este apartado en caso de optar a una plaza de su especialidad, que es lo habitual.

En cambio, en este mismo escenario un profesor de la concertada o de la privada que quiera opositar a la función pública parte de una situación diferente, pues sólo acumulará 0,15. Por lo tanto, con los mismos años trabajados sumará 1,5 puntos en el apartado de la experiencia frente a los siete del interino, lo que supone que los servicios prestados de este pesan tres veces más. Lógicamente un aspirante recién salido de la universidad que no haya pisado un aula antes de la oposición no podrá alegar méritos de este tipo.

Hasta ahora la discriminación positiva hacia los interinos ya existía pero no era tan acusada, pues los servicios prestados de los primeros podían suponer cinco puntos frente a los 2,5 de los profesores provenientes de la red concertada o privada.

El cambio obedece a la negociación que se hizo con los sindicatos en la mesa sectorial estatal. Aunque el Gobierno se negó a aceptar propuestas como un acceso diferenciado para interinos o la retirada del carácter eliminatorio de las pruebas de la oposición, sí permitió modificaciones en el baremo como una solución intermedia con la idea de facilitar la obtención de plazas al personal proveniente de la red pública.

«Si a esta situación le sumamos la nueva ponderación de la calificación, el resultado es que dejas fuera con mucha más facilidad al resto de aspirantes», señaló Sanz en relación a que ahora la fase de méritos supondrá el 40% de la nota final, en lugar del 33,3%. También matizó que con la impugnación el sindicato no busca fomentar trasvases a la red pública, sino defender «la igualdad de oportunidades» de aquellos que opten por opositar. En la Comunitat USO tiene más presencia en la concertada que en la pública.

«Creemos que el nuevo baremo es un menosprecio a los docentes de otras redes pese a que el trabajo en las aulas y el nivel de exigencia es exactamente el mismo», dijo el sindicalista, en la misma línea que el comunicado. «El ministerio comete una vez más una flagrante discriminación contra los trabajadores de la enseñanza del ámbito concertado y privado», señala, antes de tildar la regulación de «segregadora» por crear «una docencia de primera división y otra de segunda».