Dos sentencias obligan a rehacer la adjudicación de miles de plazas de profesores

Los fallos, tal y como ha informado este miércoles la organización, establecen que las plazas que se incluyeron en el proceso de estabilización de interinos sin mediar oposición, que sumó 7.555 y se convocó en noviembre de 2022, deberían haberse ofrecido previamente a los participantes en el citado concurso, al que solo pueden concurrir los profesionales que tienen plaza definitiva. Es lo que planteaba la organización en los recursos y también la Plataforma para la Catalogación de Vacantes, entidad que lleva años reclamando que en estos procedimientos anuales, que facilitan la movilidad del profesorado fijo, se incluyan todas y cada una de las plazas que no cuentan con un titular definitivo. Y es que existían sospechas de que la administración no procedía de esta forma.

La ejecución de los fallos obligaría a rehacer el concurso de traslados de 2022, de manera que todos los aspirantes que concurrieron tuvieran a su disposición los 7.555 puestos, que no fue el caso. Estos se ofertaron, de manera paralela, a los interinos que se estabilizaron, que pasaron a ser también funcionarios de carrera, aunque en la actualidad están ocupando una plaza con carácter provisional. Será en el concurso de traslados convocado este año, actualmente en marcha, cuando tendrán que participar forzosamente para conseguir su puesto ya definitivo.

Según informa la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV, «lo que establecen las sentencias es lo mismo que determinaba la normativa, que no más que la administración debe incluir en los concursos de traslados todas las plazas consideradas como vacantes». Esto es, aquellas que en años anteriores no han tenido un titular definitivo y se han ido cubriendo mediante integrantes de las bolsas de trabajo (interinos).

El concurso de 2022 sumó más de 4.000 puestos. Sin embargo, de manera paralela, se negociaba con la administración el total de plazas que se tenían que incluir en el proceso de estabilización, obligado por la ley estatal que buscaba reducir la temporalidad en empleo público. Cuando CC. OO. PV tuvo conocimiento de que se preveían 7.555 vacantes para el proceso sin oposición, consideró que se estaban ocultando puestos que previamente debían haber figurado en el concurso de traslados. De ahí que presentara dos recursos contra las convocatorias: uno para la de maestros y otra para la de profesores de Secundaria y otros cuerpos.

«Las sentencias dicen que el concurso del año pasado no tiene validez y que se debieron incluir esas 7.555 plazas antes de sacarlas para la estabilización», prosiguen fuentes la organización, que plantea una alternativa para solucionar el embrollo. «Pedimos que se paralice el concurso de traslados actual, que se deje en stand by, y que se abra un proceso para poner a disposición de los aspirantes del concurso de traslados de 2022 las 7.555 plazas. Es algo que puede hacerse rápidamente, pues todos ellos ya presentaron la documentación pertinente y fueron baremados», continúan.

Estos profesores fijos podrían optar por mantenerse en la plaza que consiguieron en su día u optar a una de las 7.555, a las que también podrían aspirar aquellos que participaron sin éxito y mantuvieron su destino porque las vacantes que querían fueron ocupadas por otros docentes con mayor puntuación.

Una vez finalizado este proceso excepcional que propone el sindicato se reanudaría el concurso de traslados de 2023, y aunque habría plazas -de las 7.555- que ocuparían los aspirantes de 2022, hay que recordar que las cogerían funcionarios de carrera que a su vez dejarían libre la que estaban ocupando, «que pasaría a engrosar la bolsa de plazas del concurso de este año», explican. Es decir, a disposición de todos los que vayan a concurrir, incluyendo a los interinos estabilizados que mediante el procedimiento ya en marcha conseguirán su destino definitivo. Así, habría cambios en las asignaciones (sobre todo al repetir el concurso de 2022), aunque no se perdería ningún puesto a nivel global y se cumpliría con las resoluciones judiciales.

Eso sí, para ello el sindicato considera que la administración debe retirar los recursos presentados contra los fallos, pues de lo contrario se dilatarían los plazos y no podría ejecutarse su propuesta alternativa. En caso de que la conselleria los mantenga, si bien se confía en encontrar una vía negociada, pedirán la ejecución provisional de las sentencias.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación confirman que los recursos se han presentado y que se está estudiando una solución de la mano de los servicios jurídicos. «Se ha hecho un estudio de las plazas de todos los centros y se han mantenido reuniones con el ministerio, que es conocedor de la situación, y estamos esperando una respuesta», añaden. «En próximas fechas comunicaremos qué se va a hacer, aunque el proceso está encaminado. Y hay que recordar que el concurso lo ejecutó la administración anterior y es un ejemplo más de su mala praxis», sentencian.