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La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha denunciado esta mañana en los pasillos de Les Corts que 200 colegios de la Comunitat no ofrecen ni una hora de clase en castellano en Infantil, la etapa de acceso al sistema educativo que abarca entre los tres y los cinco años. La información se extrae de los propios proyectos lingüísticos aprobados por los centros en aplicación de la Ley de Plurilingüismo, datos a los que ha accedido la diputada Mercedes Ventura tras una petición parlamentaria.
Los centros en cuestión, exactamente 205, son aquellos que han aplicado un programa experimental, opción que permite la ley y que se refiere a aquellos que, previa justificación, no han de cumplir los porcentajes mínimos y máximos que fija la norma en cuanto a la exposición a las lenguas oficiales y al inglés. Es decir, da cabida tanto a metodologías de inmersión, como es el caso, como a opciones para aumentar la lengua extranjera más allá del 10% que fija la ley para Infantil.
Sánchez ha señalado que en todos los casos el proyecto lingüístico es prácticamente el mismo: entre el 89% y el 90% del tiempo lectivo semanal en valenciano y el 10% en inglés. Ventura, por su parte, ha explicado a LAS PROVINCIAS que sólo pudo acceder a los datos de cada centro de manera presencial en la propia conselleria al considerarse que era información reservada, pues incluía datos personales de profesores o miembros del consejo escolar.
En estos casos, los alumnos no tienen clases en castellano hasta 1º de Primaria, con seis años, donde no se puede bajar del 25% del horario lectivo contando la asignatura de Lengua, que puede completarse con el tiempo de tutoría y la materia de Religión o Valores Éticos. Modelo que por cierto también está causando polémica entre muchas comunidades educativas y asociaciones que denuncian que no se recurre a asignaturas troncales o análogas para completar el 25%, como recoge la ley.
En todos los casos experimentales, en Primaria sigue siendo el valenciano la lengua vehicular.
«Están aplicando una inmersión lingüística camuflada, demostrando que el objetivo no es fomentar el aprendizaje de lenguas. Vamos a denunciar en el Síndic de Greuges que hay colegios donde no se da ni una hora en castellano en Infantil, pese a que es la lengua materna de muchas de las familias, lo que vulnera sus derechos«, ha dicho Ventura, que ha defendido que su partido está a favor de potenciar el valenciano »pero nunca en detrimento del castellano«.
También va a solicitar que los datos concretos de estos centros, es decir, los porcentajes de la etapa citada, sean publicados en la web de Transparencia para facilitar el acceso a todas las familias.
En este sentido, ha recordado que aunque los porcentajes de cada escuela pública y concertada se pueden consultar en la Guía de Centros Docentes de la conselleria, accesible desde su página web, en aquellos que aplican un modelo experimental en Infantil aparece un asterisco, sin más información. En la práctica en estos casos sólo se puede conocer la distribución porcentual de Primaria, salvo que se solicite una consulta al propio centro referida a Infantil.
La metodología de inmersión no es nueva en la Comunitat. Las normativas lingüísticas vigentes desde mediados de los 90 hasta 2012 incluían un programa específico en este sentido (PIL), y el decreto aprobado en la última legislatura del PP permitía, en las zonas castellanoparlantes, retrasar la exposición al castellano hasta Primaria, como ha sucedido con la ley del Botánico.
La diferencia está en el mecanismo de autorización. Con el PP, la última palabra para aplicar determinado modelo lingüístico era de la administración, que valoraba la propuesta que le elevaba determinado centro. Hasta se incluyó una consulta no vinculante a las familias en la etapa de María José Català que podía influir en la decisión. Ahora el proyecto lingüístico lo elabora el claustro docente, el equipo directivo o la comisión de coordinación pedagógica del claustro, y esa propuesta se presenta ante el consejo escolar del centro. Y sólo es aceptada (que no elegida, pues no suele haber opciones alternativas) si cuenta con un apoyo de al menos dos tercios de los miembros con derecho a voto. En estos casos la propuesta pasa a la conselleria, que la aprueba. Este mecanismo sólo se aplica en los centros públicos, que suponen la inmensa mayoría de los que han aplicado planes experimentales. En los concertados la última palabra es de la titularidad. Igual que en los privados, que no están sometidos a la ley de plurilingüismo.
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