Un duelo que no termina a la espera de justicia

Tras este tiempo, sus hijos no pueden terminar con el duelo porque aún el caso está judicializado y el culpable no ha pagado por el delito cometido.

Sienten que, en este país, la vida de una persona no vale nada y eso les duele aún más. Han perdido a su padre por la imprudencia de una persona que, por el momento, no tiene responsabilidad penal, según el auto dictado por la titular del juzgado número 3 de Ontinyent que ha llevado el caso.

«La justicia quiere darle carpetazo, pero vamos a luchar para que se juzgue como un delito penal», asegura Marcos Falcó, uno de los hijos. Según explica el abogado de la familia, Raul Serra, la jueza considera que este caso debe juzgarse por lo civil, «por el tipo de lesiones' que se habían producido con carácter imprudente.

Precisamente por el tipo de lesión, que fue la muerte, es por lo que el letrado recurrió este auto de archivo por lo penal ante la Audiencia Provincial, de la que aún están esperando respuesta. «Está previsto en el Código Penal y según la gravedad de este caso, sí que se derivan responsabilidades penales. Estamos hablando de la peligrosidad de un caballo de 300 kilos que impacta con el vehículo», señala.

Además, el juzgado de Ontinyent archivó el caso cuando aún no se había remitido el informe de una de las pruebas periciales para determinar que el animal procedía de la explotación agrícola y que solicitó la propia instructora. Se trata del análisis de la tierra de la pezuña del animal, que también falleció en el accidente, con la de la explotación equina.

Cabe recordar que, el propietario del animal alegó en su defensa que el caballo que provocó el accidente no era suyo. El animal apareció una semana después del accidente a un kilómetro de donde se produjo y sin el chip correspondiente.

La jueza consideró que la otra prueba pericial para determinar la procedencia del caballo no era concluyente, la del ADN de los animales que corroboró la relación materno-filial entre el animal causante del accidente y uno de los potros de la cuadra. Pero no esperó a los resultados y archivó la causa penal.

A eso se añade el problema de que el propietario del caballo es insolvente y además está preso en una cárcel de Francia por tráfico de drogas.

Marcos y su familia insisten en que no buscan compensación económica, lo que quieren es que se haga justicia, porque con el archivo del caso por lo penal entienden que se premia al infractor, a la persona que no tenía como establece la normativa a sus caballos, que además la explotación era ilegal, y que causó la muerte de su padre, que tuvo la mala suerte de pasar por el lugar y el momento menos oportuno.

Tanto el abogado como la familia de Juan Vicente Falcó esperan que la Audiencia Provincial devuelva el caso al Juzgado de Ontinyent. En caso de que se reabriera el caso, tratarán de inculpar también a la persona encargada de custodiar los caballos en el momento de los hechos. «La Guardia Civil ya le había advertido anteriormente en varias ocasiones, porque no era la primera vez que se escapa algún animal e invadía la carretera», apunta el Serra.

Pese a sentirse impotentes ante la situación, al menos la familia Falcó ha podido aliviar su dolor con la clausura en febrero de 2021 del picadero ilegal, después de que el Ayuntamiento de Benigànim, término en el que se encontraba ubicado, iniciara el expediente tras el informe presentado por el Seprona tras el accidente.