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La Abogacía de la Generalitat ha recibido este jueves el auto judicial que paraliza la anulación de los acuerdos de plantillas docentes que dejó aprobados el Botánico, pocos días antes del cambio en el Consell, y que por tanto vuelven a cobrar vigencia. Fuentes ... de la Conselleria de Educación señalan que «en este momento se habla de una medida cautelar» -derivada de los recursos presentados por tres sindicatos- y que el Gobierno valenciano «acatará las decisiones judiciales definitivas», una idea que ya trasladó el presidente Mazón el miércoles, durante el Debate de Política General. Asimismo, se convocará una reunión con las organizaciones sindicales en los próximos días para informar de los pasos a dar.
Los servicios jurídicos disponen de cinco días, que empiezan a contar este viernes, para presentar un recurso de reposición en caso de que se opongan a la entrada en vigor de las medidas cautelares. Aunque desde el departamento no confirman este extremo sería lo esperable, teniendo en cuenta que la Abogacía ya se opuso a la petición previamente, cuando la analizó la sala, alegando que de aceptarse trastocaría el inicio del curso. Es decir, que la lógica indica que se agotarán todas las opciones antes de tener que llevar a la práctica la medida cautelar.
Si se desestima el recurso de la Abogacía -las partes también pueden hacer alegaciones antes de que el tribunal tome una decisión- la paralización será definitiva hasta que se emita una sentencia, que puede demorarse más de un año. Dicho de otra manera, la administración no tendrá otra opción que rehacer la asignación de docentes a los centros, pues los acuerdos que vuelven a aplicarse prevén una dotación de personal mayor que la utilizada para el diseño de este ejercicio. De hecho, los sindicatos denunciantes, STEPV, CC. OO. PV y UGT PV, ya han anunciado que pedirá la aplicación inmediata de los acuerdos. Lo harán formalmente a la administración y también tienen la opción de dirigirse al TSJCV si consideran que no se está cumpliendo la cautelar.
Los acuerdos de plantillas (uno para Infantil, Primaria y Especial y otro para ESO, Bachillerato y FP) recogen los criterios para determinar el número de maestros y profesores que precisan las escuelas públicas en función de su tamaño y sus necesidades específicas. En mayo la Conselleria de Educación decidió denunciarlos, esto es, anularlos, al considerar que se tramitaron de manera irregular, por lo que para la planificación del curso actual se dictaron unas instrucciones transitorias que determinaban el número de profesionales que correspondía a cada centro, con la idea de negociar nuevos acuerdos de cara a los próximos cursos. Estas también han quedado paralizadas temporalmente.
Por otro lado, el grupo parlamentario de Compromís ha registrado la petición de comparecencia urgente del conseller José Antonio Rovira en Les Corts. «Lo que dicta el tribunal es muy grave y confirma que el conseller y el presidente Carlos Mazón recortaron la entrada de 2.000 docentes al sistema educativo para este curso. Nos explicaron que el acuerdo era irregular y lo que era irregular ha resultado ser la decisión de recortar docentes. Por lo tanto, nos tiene que explicar por qué mintió en Les Corts, a la comunidad educativa y a la prensa», en palabras del portavoz de Educación de los nacionalistas, Gerard Fullana.
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