Educación advierte de que cumplir el auto del TSJ implicará reasignar 27.000 plazas de profesorado

Y las implicaciones serían enormes, pues obligarían, a juicio de la administración, a volver a realizar las adjudicaciones de inicio de curso que se cierran en julio, así como los procedimientos continuos y de difícil cobertura ejecutados a lo largo de septiembre para cubrir vacantes y sustituciones por bajas o permisos. En cifras, supondría reasignar más de 27.000 puestos docentes, según la estimación del departamento que dirige José Antonio Rovira, que para hacerse una idea son más de un tercio de los que componen los centros públicos.

Los acuerdos de plantillas son los documentos que permiten planificar cuántos maestros y profesores corresponden a cada escuela en función de su tamaño y especificidades. Los que dejó el Botánico fueron anulados el pasado mayo por el equipo popular al considerar que se tramitaron de manera irregular y cuando los anteriores gestores estaban en funciones. Tres sindicatos (STEPV, UGT y CC.OO.) recurrieron la decisión, así como la publicación de las instrucciones transitorias, que, al no estar vigentes los anteriores, sirvieron para diseñar el ejercicio actual. A mediados de septiembre el TSJCV estimó las medidas cautelares solicitadas, provocando la suspensión de estas y que las normativas botánicas volvieran a desplegar efectos.

Tras la reunión, a través de un comunicado, Educación ha alertado de que aplicarlas en estos momentos, con el curso iniciado, podría afectar a más de 27.000 docentes, «ya que habría que repetir todos los procedimientos realizados entre julio y septiembre conculcando el derecho que tenían los participantes». Hay que tener en cuenta que en julio, por ejemplo, todas las vacantes que se publican se asignan siguiendo un complejo orden de prioridades, pues primero eligen plaza los funcionarios desplazados de sus centros, seguidos de los que vuelven a la docencia, de los que han conseguido plaza en una oposición, de los inician su año de prácticas o de los han pedido una comisión de servicio, cerrando la ronda los interinos de las bolsas, cuyo orden de elección también está regulado (básicamente por antigüedad).

Como estas adjudicaciones tuvieron en cuenta una oferta de plazas diferente (derivada de las instrucciones ahora paralizadas), sería necesario que las resultantes de la aplicación de los acuerdos (unas 833 adicionales) se les ofrecieran primero a ellos, y después, a los que participaron en las adjudicaciones continuas. Un efecto dominó en toda regla.

«La aplicación en el curso 2024-2025 afectaría por tanto a la determinación de plantillas, las adjudicaciones y las sustituciones y a la reelaboración, por parte de los equipos directivos, de los horarios del profesorado, y podría conllevar cambios de docentes para el alumnado que ya lleva mes y medio de clases», añade la administración, que también alega que implicaría la pérdida de profesionales en las escuelas públicas de primer ciclo de Infantil, que era una de las mejoras introducidas por los populares respecto a la planificación del Botánico.

«Las instrucciones aplicadas en este curso reforzaban las áreas más sensibles de la educación. Así, se han creado 41 nuevas aulas UECO, llegando a las 296, y en escuelas infantiles se ha incrementado la dotación de un puesto extra de un maestro y también se ha posibilitado cubrir las horas de reducción de los equipos directivos de los centros de Infantil y Primaria para mejorar la atención del alumnado», defiende Educación.

El conseller José Antonio Rovira ha señalado por su parte que las instrucciones diseñadas por su equipo cumplían con el 80% de los acuerdos (en términos de nuevas plazas creadas), y ha reiterado su oferta de pactar con las organizaciones sindicales una nueva normativa que dé estabilidad a las plantillas. Y de manera paralela, dejar la medida judicial en 'standby'. Es decir, que ninguno de los recurrentes pidiera su ejecución.

Desde el STEPV ya han advertido de que no darán su brazo a torcer y que se lo solicitará al TSJCV. En este caso, la administración ha anunciado que pedirá aclaraciones al tribunal sobre cómo debe proceder, lo que la organización sindical considera una táctica dilatoria. Además, Educación también prevé presentar un recurso de casación contra el último auto, una manera de agotar todas las opciones que le permite el procedimiento judicial.

El sindicato mayoritario también ha denunciado que durante el encuentro se ha trasladado que si se pide la ejecución del auto, en las nuevas órdenes a negociar (cuando llegue el momento, pues es una prerrogativa que tiene la administración) podrían no incluirse los 3.200 puestos docentes que los acuerdos botánicos incluyeron para el curso 2023-2024 y que sí se han dotado a los centros.