Educación agilizará los pagos para que la gratuidad no deje a las guarderías sin liquidez

El anuncio del presidente Carlos Mazón de extender la gratuidad a todas las plazas del primer ciclo, sean públicas o privadas (que son mayoritarias), supone en la práctica dar cobertura a los dos primeros niveles -las clases de cero a un año y las de uno a dos- pues el último, el de dos-tres, no tiene coste desde el curso 2021-2022.

La previsión es llegar a 72.000 niños valencianos, para lo que se destinará una inversión anual de 160 millones. Hasta este curso, en los dos niveles citados, ha existido el bono infantil, una subvención que varía en función de la edad del alumno y de la renta familiar y que oscila entre 70 y 220 euros al mes.

El sistema de financiación todavía tiene que perfilarse. De hecho, la orden que regulará la gratuidad, tras desecharse la opción inicial de un decreto ley que se planteó hasta hace un par de semanas, está todavía en manos de los servicios jurídicos de la Generalitat, por lo que se desconoce la letra pequeña. Sólo se sabe que la transferencia será directa a los centros, no una ayuda a las familias para que estos paguen por la plaza, y que se agilizará el sistema de justificación y control para determinar las cuantías a transferir. En las reuniones mantenidas en las últimas semanas se ha hablado de mantener los abonos anticipados -el dinero del bono se paga por cuatrimestres, aunque sin fecha concreta, llegando después la justificación de asistencias y las posibles regularizaciones-, y también de establecer un sistema de pagos mensuales.

El modelo es fundamental, teniendo en cuenta que a partir del próximo curso la administración será el principal y casi único sustentador de los gastos de funcionamiento y de personal de las guarderías. Con el bono infantil la gran mayoría de las familias pagaba mes a mes buena parte de su recibo mensual, generando liquidez que ayudaba a cubrir retrasos por parte de la administración, por ejemplo, si el pago del primer cuatrimestre del curso llegaba en noviembre o diciembre. Y según los centros consultados por este periódico, preocupa que el nuevo sistema no esté bien engrasado, teniendo en cuenta los problemas económicos que generaría no disponer de fondos durante varios meses. No sólo por la cobertura de las nóminas y gastos corrientes, sino también de pagos ineludibles como la Seguridad Social.

En realidad sí dispondrán de ingresos de las familias, pero serán los menos y estarán cautivos. Y es que la gratuidad afecta sólo a la enseñanza, por lo que no llegará a servicios complementarios como el comedor, ampliaciones de horarios o material escolar, que seguirán siendo a cuenta de las familias. Pero lógicamente los centros tendrán que dedicarlos mayoritariamente a cumplir con sus proveedores.

La gratuidad cubrirá diez meses -de septiembre a junio- y cinco horas lectivas diarias que podrá decidir cada escuela en función de sus intereses, aunque lo lógico es que sea de 9 a 12 horas y de 15 a 17. También se sabe que sólo llegará a centros autorizados por la conselleria, lo que contribuirá a acabar con la competencia desleal por parte de ludotecas y negocios sin la licencia correspondiente. Y además, el Consell incrementará la cuantía asignada a las unidades de dos-tres años. Pasará de 280 euros mensuales por alumno a 300, ayudando a mitigar los efectos de la inflación. Para las aulas de cero a un año se pagarán 460 (el coste máximo fijado en los últimos años, incluyendo el recibo y el bono infantil) y para las de uno a dos se situará en 350 (ídem).

Por otro lado, la extensión de la gratuidad ha sido bien valorada por las patronales valencianas. Desde Acade-Adeiv, la presidenta Carmen Bardal defendió ayer que supone «igualdad de oportunidades». «Todos sabemos que la etapa es fundamental para el desarrollo de los niños y que muchas familias no pueden acceder por falta de recursos», añadió, antes de incidir en que supone «un apoyo real a la natalidad» y un «balón de oxígeno» para los centros tras años de crecimiento exclusivo de la iniciativa pública.

En términos similares se pronunció Alberto Villanueva, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval). «Estamos muy satisfechos, porque la medida contribuirá a hacer sostenible esta etapa tras los últimos años, en los que las escuelas privadas han sufrido mucho por el incremento sostenido de aulas públicas de dos años», explicó. «Se hace justicia hacia un sector que durante décadas asumió este servicio educativo, invirtiendo dinero y grandes esfuerzos», sentenció.

Para María José González-Mayo, de Salvem 0-3, se trata de un cambio de paradigma «muy positivo, necesario y que beneficia a lo realmente importante, pues las familias dispondrán de una plaza escolar sin coste económico».