Educación anula el incremento de 5.000 profesores que dejó cerrado el Botánico

La decisión se ha tomado, según explica el departamento de Campanar y recoge Europa Press, porque los pactos se rubricaron oficialmente cuando el anterior equipo estaba en funciones y tras «analizar el acuerdo y comprobar que carecía de los controles necesarios, de los informes de impactos oportunos y de presupuesto para su aplicación». Así, tras una solicitud formulada por la Dirección de Personal Docente a la Abogacía de la Generalitat, esta ha concluido que se trata de una «disposición de carácter general que es nula de pleno derecho».

Los acuerdos de plantillas, que se concretan en sendos decretos reguladores, sirven para definir cuántos puestos docentes se asignan a los centros públicos en función de su tamaño y necesidades. Y se trata de plazas estructurales, que no dependen de coyunturas especiales y puedan decaer de un año a otro.

El de Infantil y Primaria se pactó en abril de 2023, a las puertas de la campaña electoral de las pasadas elecciones, aunque la firma entre las partes llegara en el mes junio. Planteaba la creación de 3.000 puestos en los próximos dos ejercicios: 1.660 para el actual y 1.329 para el 2024-2025. Del total, 2.200 se correspondían con un aumento de profesorado en Infantil, Primaria y Educación Especial y los 800 restantes a la estabilización de plazas que hasta ahora se asignaban temporalmente a través de los planes de refuerzo, denominados PAM, que se revisaban año a año. Se quiso garantizar la dotación de un maestro y un educador en todas las aulas de dos años, reforzar el personal especialista que atiende a alumnos con necesidades especiales, blindar el maestro tutor por cada unidad de Infantil y Primaria e incrementar los docentes en colegios de especial dificultad.

El acuerdo de Secundaria se cerró más tarde, a las puertas de las elecciones (19 de mayo), con un incremento de 1.915 profesores de ESO, Bachillerato y FP. 1.346 se incorporaron en este ejercicio y 569 debían hacerlo a partir del siguiente. Destacaron las plazas de orientadores (claves para la convivencia de las aulas), los especialistas en centros para alumnos con diversidad funcional y los necesarios para cubrir el incremento de horas de dedicación a cargos directivos, de coordinación y tutorías.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido que la actual conselleria «no tiene más remedio que denunciar este acuerdo para garantizar un marco de seguridad jurídica para el profesorado», por lo que van a proceder «a dejarlo sin efecto». «Eso no quiere decir que no haya plantillas adecuadas en los centros, todo lo contrario, las plantillas están garantizadas», subraya. La idea es elaborar unos criterios provisionales para decidir las plazas que corresponden a cada centro el curso que viene, y dejar para más adelante las dos normativas nuevas que sustituirán a las paralizadas.

«Es importante para el profesorado que exista un marco jurídico adecuado para garantizar su seguridad en el futuro, algo que no existe con el empleado por el anterior gobierno. Por eso nos vemos obligados a dejarlo sin efecto», ha insistido.

Según informan fuentes de Educación, el informe de la Abogacía destaca que «los criterios adoptados y la ampliación de las plantillas comprometen créditos plurianuales que alcanzan a toda la legislatura», y que «resulta evidente que dicha decisión afecta a la programación de la política de inversión educativa que, por su trascendencia y alcance, parece exceder de lo que debe considerarse un despacho ordinario», que a lo que debería haberse limitado el anterior equipo de Raquel Tamarit mientras estuvo ejerciendo en funciones.

«Nos encontramos con una situación similar a la ocurrida con los expedientes del plan Edificant, que también fueron firmados en funciones, excediendo las competencias y comprometiendo partidas presupuestarias para el Gobierno actual», ha continuado el secretario autonómico. Como adelantó LAS PROVINCIAS, se trata de 15 actuaciones, todas menos una en localidades del PSPV y Compromís, cuya tramitación quedó paralizada al condicionar un presupuesto de 65 millones de euros.

McEvoy ha explicado, respecto al de Infantil y Primaria, que según la memoria económica que acompañó el acuerdo, «en 2023 se utilizaron recursos reservados para el Programa de Atención para la Mejora (PAM), y para el 2024 se previeron también fondos reservados para el citado programa, en concreto el doble». «Hay que recordar que el PAM es un programa anual que depende de la dirección general de Innovación e Inclusión Educativa, y por el que se dota a los centros para llevarlo a cabo de unos recursos personales (concretos y revisables año a año), que nada tienen que ver con el acuerdo de plantillas (personal estructural)», ha continuado.

«La voluntad de la conselleria es dialogar y negociar con las organizaciones sindicales para conseguir un acuerdo de plantillas bien hecho, con los informes pertinentes, el presupuesto y las garantías jurídicas necesarias, y esperamos dar los primeros pasos con los sindicatos en los próximos días con la convocatoria de una Mesa Sectorial y la elaboración de una orden que mejore el acuerdo», ha concluido.

Aunque la denuncia se ha informado este viernes, se tramitará formalmente en la mesa de negociación del jueves que viene, cuando también se hablará de los criterios para determinar las plantillas para el nuevo curso, los transitorios, y el calendario para diseñar, a lo largo del 2024-2025, dos nuevas órdenes de plantillas, las que ya se aplicarán en los cursos siguientes (del 2025-2026 en adelante). Es decir, las del PP, que sustituirán a las de Compromís y PSPV.

La denuncia ha sorprendido a los sindicatos docentes. El STEPV, el mayoritario, defiende que «la conselleria no ha adjuntado ninguna propuesta de nuevas plantillas docentes, pero todo indica que la idea es recortarlas, como ya anunció José Antonio Rovira en el mes de agosto», en referencia a sus declaraciones sobre que había centros que le habían trasladado que no sabían qué hacer con tanto profesor. «No dudaremos en convocar acciones de protesta ante la pretensión de denunciar el acuerdo, el incumplimiento de su propio calendario de negociación -se dijo que se citaría a la comisión de seguimiento en marzo, algo que no ha sucedido- y, sobre todo, si la nueva propuesta intenta recortar», añaden.

Por su parte, desde ANPE CV se exigirá en la mesa que la dotación de profesorado para el próximo curso «no se vea afectada por la denuncia» y que se lleve una negociación de unas nuevas órdenes que «otorguen plenas garantías jurídicas a su elaboración y que mejoren la situación actual de los centros educativos públicos en términos de personal docente disponible, dotándolos de estabilidad».