Educación contrata PCR privadas tras las críticas de casi 200 colegios

La Conselleria de Educación ha anunciado la contratación de laboratorios privados para agilizar la realización de pruebas PCR entre la comunidad educativa, así como la distribución de mascarillas Fpp2 para el profesorado hasta el final del curso.

Las nuevas medidas se dieron a conocer el miércoles, en el Foro Educativo Valenciano, después de varias semanas de reivindicación constante de buena parte de la comunidad educativa, que alertaba de retrasos en los test ante la saturación de los centros de salud, reclamaba más pruebas en caso de detectarse un positivo, como una confirmación antes de volver de un confinamiento, o incluso advertía de la carencia de las mismas.

La carta firmada por 259 miembros de equipos directivos de 172 centros públicos, dirigida a la conselleria para alertar de los problemas del día a día, señalaba en este sentido que se han dado casos de alumnos que recibían el alta tras una cuarentena sin haberse sometido a una PCR, o que sólo se hacían a alumnos sintomáticos, y por tanto, sin verificar otros posibles positivos.

Según el sindicato mayoritario, el Stepv, en la anterior reunión del foro (19 de enero) la administración ya anunció la intención de contratar el servicio. Por entonces los datos de incidencia en las aulas, siguiendo la tendencia general, ya se habían disparado. La organización valoró de manera positiva la medida, así como la dotación de mascarillas de alta protección, si bien insistió en fijar criterios claros para decidir cierres puntuales de aulas o centros especialmente afectados. La administración también defendió, según la organización, que la PCR de confirmación reivindicada por algunos colectivos del foro está descartada por Sanidad y no ha constado nunca en ningún protocolo oficial.

Los sindicatos docentes también han insistido, incluso desde el inicio del curso, en la necesidad de dotar a los profesionales de mascarillas Fpp2, en lugar de dejarlo a criterio de los centros. Cabe recordar que la conselleria impulsó diferentes contratos de cara a septiembre para la compra de tres millones de unidades para alumnos y docentes, aunque la gran mayoría eran higiénicas o reutilizables. Además, los directores, en su misiva, apostaban por un reparto diario y una adquisición centralizada a cargo del organismo competente, en lugar de tener que ser asumida por los equipos directivos pese a no ser expertos en la materia.

La conselleria también informó en el foro de los datos de contagios y aulas confinadas registrados hasta el pasado miércoles, algo mejores que los facilitados dos días antes, referidos a la foto fija de la pasada semana.

Así, había 6.297 alumnos y 1.167 docentes positivos y 773 grupos confinados, lo que suponen 85 estudiantes, 72 profesionales y 198 unidades menos que el 29 de enero. Además se insistió en que las escuelas son más seguras que otros ámbitos sociales y se rechazó la petición (también prácticamente unánime) de instalar medidores de CO2 para garantizar que la ventilación de las instalaciones es correcta, con el argumento de que las pautas de la guía facilitada a los centros, basada en las conclusiones de un estudio de CSIC, ya permiten una correcta renovación del aire.

La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, por su parte, también celebró la agilización de las PCR -recordó que ha sido una reivindicación constante- así como el suministro de mascarillas, pero dijo que si llegan a considerarse obligatorias habrá que tener en cuenta que su precio no está al alcance de todas las familias.

También reiteró que los centros deben permanecer abiertos al ser seguros e insistió en la importancia de agilizar las sustituciones docentes. En este sentido, la conselleria ya ha puesto en marcha el procedimiento excepcional que permite tramitar la cobertura sin necesidad de aportar el parte de baja que deben emitir los centros de salud, donde la sobrecarga de trabajo es muy elevada, lo que retrasaba la gestión.

A nivel docente se plantearon algunas reservas. El Stepv insistió en mejorar aún más la seguridad y Anpe cuestionó que los centros sean seguros, alertando de las dificultades de funcionamiento por el elevado nivel de contagios, de ahí que reclamara, igual que CC.OO. PV o Fsie, criterios más claros para decidir sobre cierres puntuales.