Educación tendrá que contratar casi un millar de profesores para cumplir el auto del TSJCV

El departamento autonómico, el pasado mayo, denunció los citados acuerdos, uno para Infantil y Primaria y otro para Secundaria, lo que supuso que dejaban de tener vigencia. Estos recogían los criterios para diseñar las plantillas de profesorado, es decir, cuántos profesionales corresponden a cada centro en función de su tamaño y sus especificidades. La aplicación debía ser progresiva a lo largo de dos cursos, empezando en el 2023-2024 y terminando en el 2024-2025.

La administración popular alegó que su tramitación había sido irregular (sin la suficiente dotación presupuestaria) y que se aprobó cuando el Botánico estaba en funciones, condicionando la acción de los nuevos gestores -el gasto en personal es elevado- cuando en ese periodo debía haberse limitado a asuntos de despacho ordinario.

El citado sindicado, así como CC.OO. PV y UGT PV, recurrieron por la vía de lo contencioso, 'atacando' también las instrucciones provisionales que habían servido para definir las plantillas del curso actual en sustitución de los acuerdos. Hace menos de un mes el TSJCV dictó la suspensión cautelar de la denuncia de los acuerdos, a la que Educación se ha opuesto mediante el citado recurso de reposición.

La previsión es que la sala tome una decisión definitiva sobre la cautelar en los próximos días. Si se mantiene (hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo de la cuestión, esto es, la pertinencia o no de denunciar los acuerdos), la conselleria no tendrá más remedio que volver a aplicar las previsiones del Botánico, creando exactamente 833 puestos docentes más, que se cubrirían a través de las bolsas de interinos.

Tal y como informa el STEPV, en los colegios de Infantil y Primaria se tendrían que habilitar 183 plazas adicionales, y en los de Secundaria, Bachillerato y FP otras 650, cuya distribución aproximada, pues habría que ajustar el cálculo centro a centro, es la siguiente: 52 por codocencia, en aquellos que imparten algunas materias en ámbitos de conocimiento, 89 por la recuperación del incremento de horas que se aplicó a cargos directivos para ejercer sus funciones de gestión, 119 de orientación educativa, 86 de coordinación de ciclos formativos, 152 de desdobles en 3º y 4º de la ESO y 152 por el aumento de horas de tutorías.

«En total 833 puestos de trabajo que la Directora General de Personal lamenta que deban contratarse en aplicación del auto del TSJCV», critica el sindicato, que cita «literalmente» el documento presentado por esta área: «Como ya se indicó en el informe remitido a la Abogacía para contestar a la medida cautelar solicitada por el STEPV, son gravosos los perjuicios que se producirían en el ámbito educativo, en el supuesto de estimar la medida cautelar solicitada».

Para la organización, «sorprende particularmente que en la especialidad de Orientación Educativa falten 119 docentes, porque en teoría las instrucciones que sustituían a los acuerdos mejoraban el ratio en los institutos», prosigue el sindicato. Y es que se planteó inicialmente un profesional por cada 400 alumnos, mientras que las instrucciones aplicadas bajaban la relación a uno por cada 300. «La mejora no ha existido en la práctica porque la conselleria no computaba entre este alumnado el de Bachillerato, por lo que el acuerdo era mucho mejor que las instrucciones que lo sustituyeron», se dice en el comunicado remitido este viernes.

El STEPV remarca además «que el profesorado que falta en los centros es fundamental para combatir la ingente burocracia -tutorías, coordinaciones y horas de equipos directivos- y para atender en mejores condiciones a nuestro alumnado con docentes de orientación (que asumen, entre otras funciones, problemas de convivencia e incluso de salud mental), horas de desdobles y refuerzos». «Esto es precisamente lo que le resulta gravoso a la Conselleria de Educación», denuncia.

Por su parte, desde el departamento que dirige José Antonio Rovira han explicado que según la información recibida de los centros «no se ha constatado la necesidad de más orientadores», un personal que cifra actualmente en 1.936 profesionales, 92 más que el ejercicio pasado. «Este curso se han distribuido las plantillas atendiendo a otros criterios, como es reforzar las áreas más sensibles de la educación», añaden.

La organización sindical también destaca que el informe técnico «pone de manifiesto» que el incremento de plantillas no estaba previsto en los presupuestos de 2024, lo que a juicio del sindicato es indicativo de que la administración ya tenía en mente denunciar los acuerdos. «Los presupuestos se elaboran y publican a finales del año anterior, es decir, de 2023, cuando los acuerdos estaban plenamente en vigor y todavía la conselleria no los había anulado (mayo de 2024)», defiende el STEPV.