Educación da marcha atrás y readmite a los interinos sin título de valenciano

Los profesores interinos que no tienen el Certificado de Capacitación en Valenciano podrán volver este curso a las aulas, justo un año después de su exclusión. Se trata de un colectivo veterano y con experiencia acumulada que se quedó sin opciones de acceder a puestos vacantes y sustituciones a principios del ejercicio pasado, cuando terminó la moratoria de cuatro años que fijó el PP para que los afectados, fundamentalmente de Secundaria y FP, hicieran los cursos necesarios para obtener los títulos que acreditan la capacidad para desenvolverse en la lengua oficial en un centro. En el caso de los maestros de Infantil y Primaria se exigía ya desde hace años. Y a los de régimen Especial se les pedirá en los próximos.

La medida afecta a varios centenares de profesores -medio millar según los datos de la conselleria- y se aplica gracias a una orden que se publicó ayer en el Dogv -entrará en vigor hoy- que sirve para recoger el mandato de Les Corts, que poco antes de las vacaciones aprobó una Proposición No de Ley instando a la conselleria a «estudiar» soluciones. El departamento de Vicent Marzà, en los meses anteriores, ya había trasladado a sindicatos como UGT PV su negativa a dar marcha atrás en la exigencia de la capacitación. Ni los problemas en la adjudicación de puestos en algunas especialidades técnicas (por la falta de candidatos) ni la presión de los afectados vía concentraciones, recursos y contactos a nivel político dio resultado alguno.

Sólo el acuerdo de todos los partidos de la cámara, lógicamente incluyendo al tripartito, ha provocado la rectificación del departamento, que en realidad podría haber mantenido su posición si hubiera querido. La propuesta, que partió de Ciudadanos, instaba a Educación a «estudiar las medidas reglamentariamente oportunas» para el colectivo. Un verbo nada casual que no obligaba a deshacer el camino, aunque a la vez dejaba una salida honrosa a la conselleria para solucionar el conflicto. La PNL proponía que los afectados pudieran optar a puestos docentes de comarcas castellanohablantes y que se impulsaran planes de formación específicos. Dicho y hecho. Es, a grandes rasgos, lo que recoge la orden de ayer.

En la práctica, los interinos sin la capacitación lingüística podrán participar en las adjudicaciones de plazas vacantes que empezarán a sucederse a partir de septiembre y también a las sustituciones que precisen los centros por incapacidades temporales. Se entiende que recuperarán sus posiciones en las respectivas bolsas pues no llegaron a ser expulsados, sino que quedaron desactivados, sin poder participar en los procesos de provisión de plazas hasta que se sacaran la capacitación.

Eso sí, para participar la conselleria exige que se inscriban en los cursos formativos que organice para conseguir el título, y se les obliga a que lo tengan cuando finalice el curso 2021-2022. Es decir, se aplica otra moratoria de cuatro años. Si en este periodo no lo obtienen, quedarán excluidos de las bolsas de trabajo. Es decir, no serán desactivados, sino que será su última oportunidad. O consiguen la capacitación con los cursos que organice Educación o saldrán del sistema definitivamente.

Desde el sindicato UGT PV, especialmente crítico con la exclusión de estos docentes desde el curso pasado, explicaron que ya se les informó, junto al colectivo de afectados, de que durante el verano se publicaría la orden que daría cumplimiento al mandato de Les Corts. Su valoración fue agridulce, en parte por el motivo citado, pues consideran que la penalización por no conseguir la capacitación es extremadamente dura.

Además, no se ha recogido una de las medidas planteadas en los encuentros mantenidos con dirigentes de la conselleria en los que se pidió su readmisión, como que los docentes de más de 45 años y diez de servicios prestados quedaran exentos de la exigencia, facilitando así un colofón digno a su vida laboral.

Desde el sindicato sí valoraron positivamente que se haya accedido a autorizar una nueva moratoria, medida que por cierto ha reclamado en los encuentros y mesas sectoriales que han valorado los problemas derivados de la capacitación.

Los afectados alegaron en su día que les resultaba difícil obtener los títulos al tener que simultanear los cursos con sus obligaciones docentes, o que durante su escolaridad no existía formación en la lengua propia, un hándicap difícil de salvar a la hora de hacer las pruebas.