Educación decidirá sobre los conciertos de 330 centros semanas antes de las elecciones

El Diari Oficial dio ayer el pistoletazo de salida a la segunda renovación general de conciertos educativos de la legislatura. La primera llegó en 2017 y derivó en la mayor manifestación que ha afrontado el Consell, que fue seguida de una batalla judicial en la que, a falta de que se pronuncie el Supremo, ha salido malparado. El ambiente se caldeó ya un año antes, cuando se conoció la primera planificación de aulas -era un trámite distinto- que planteaba un acusado recorte tras años de ligero crecimiento.

El procedimiento que arranca ahora se prevé tranquilo porque se refiere únicamente a la etapa de Primaria -hay 334 centros llamados a pasar el filtro de Educación-, mientras que el anterior afectó al resto de niveles, incluidos los postobligatorios. La diferencia es importante porque las enseñanzas obligatorias están especialmente blindadas en la legislación estatal, mientras que para la FP y el Bachillerato la administración desarrolló unas reglas del juego propias, basadas en criterios de preferencia, que el TSJCV consideró contrarias a derecho, anulando la reducción de los fondos públicos en muchas de las aulas.

Ahora, en Primaria, todo parece más claro, pues con mantener las condiciones que permitieron la firma del concierto y un volumen mínimo de alumnado -por encima de la ratio que fija la administración- el contrato debe renovarse. Salvo, como advierten fuentes del sector, que se argumente y justifique que no hay dotación presupuestaria suficiente para mantener todos los vigentes hasta este curso. Una opción posible pero difícil de sostener tras haber existido fondos en los cursos previos para la inmensa mayoría de las líneas educativas existentes.

Y no se puede olvidar el efecto que tendría entre gran cantidad de familias que eligen la concertada y que pocas semanas después de resolverse el proceso deberán votar en las elecciones del 26 de mayo. Pese a ser un trámite administrativo, la renovación es una patata caliente para el Consell ante la coincidencia de los plazos y los antecedentes.

Los centros con aulas de Primaria deben presentar la documentación a lo largo del mes de enero, desde la solicitud hasta la memoria (o una declaración responsable del titular), así como los informes pedagógicos de los alumnos con necesidades especiales, teniendo en cuenta que también entran dentro del proceso las aulas de apoyo a la integración de Primaria. Antes del 1 de marzo las direcciones territoriales elevarán las solicitudes y sus informes a la dirección general competente, y la conselleria deberá resolver antes del 15 de abril. Un mes después, como máximo el día 15, el concierto debe estar formalizado.

Desde la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) esperan «que se renueven todos porque no hay razones objetivas para no hacerlo», en palabras del presidente Vicente Morro, que va más allá y apuesta por una autorización automática «si ha funcionado correctamente en años previos y no ha habido variación de condiciones, como una reducción drástica de alumnos, y más teniendo en cuenta que recogen derechos y ahorran dinero a la administración». Además, pide al Consell que «no traspase líneas que generan conflictividad social o judicial, pues es más lógico avanzar hacia la normalización de derechos y libertades».

En una línea similar se pronuncia la secretaria autonómica de la patronal Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez. «Confiamos en que se renueven todos los conciertos porque satisfacen la demanda social de la familias y responden a necesidades de escolarización», señala. También destaca aspectos positivos del proceso como la gestión telemática o la posibilidad de que una declaración responsable sustituya a la memoria a presentar si no hay cambios significativos en la misma.

Desde la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, Feceval, el director gerente Mariano Vivancos traslada «absoluta tranquilidad» ante el proceso. «Esperemos que se haga contando con los agentes sociales y que cualquier duda se aclare previamente para que el sector no sufra sobresaltos como otras veces». Por último pide «amplitud de miras al tratarse de un periodo que trasciende a la nueva legislatura y que se garantice una oferta plural».