Educación deshace parcialmente recortes de la etapa del PP y los centros ganarán 1.200 profesores

La Conselleria de Educación aplicará el próximo curso un paquete de medidas para mejorar las condiciones laborales del profesorado, lo que permitirá, según los cálculos oficiales, aumentar las plantillas docentes de los centros públicos en 1.200 profesionales más.

La primera medida consiste en revertir parcialmente un recorte que se aplicó en la última legislatura popular, en plena crisis, que implicó eliminar un puesto de tutor generalista en la mayoría de los centros de Infantil y Primaria. Esto implicó que en estos centros al menos uno de los grupos era tutorizado por un docente especialista (por ejemplo de Música o Educación Física), que a las asignaturas generales debía sumar además la suya propia (normalmente compartida con otros grupos). En otras palabras, más carga de trabajo y menos tiempo de coordinación, tutorización o preparación de clases o materiales. A partir de septiembre el 50% de los colegios que sufrieron este ajuste recuperarán este tutor generalista, ya sea a través de comisiones de servicios o mediante el Plan de Actuación para la Mejora.

La segunda tiene que ver con el horario lectivo del profesorado de Secundaria, que por imperativo legal desde 2012 debe impartir 20 horas semanales, en lugar de las 18 que asumía con anterioridad. Al tratarse de una exigencia estatal no cabe la opción de una minoración generalizada, por lo que Educación ha ideado una alternativa. A los profesores que asumen tutorías de grupos y aquellos que imparten ámbitos en lugar de asignaturas o trabajan por proyectos (lo que requiere una mayor dedicación en cuestiones de preparación y coordinación) se les dotará de una hora complementaria más que se detraerá de las lectivas, por lo que se quedará con 19.

También se ha anunciado un aumento del personal administrativo en los centros con el objetivo de reducir la burocracia. En septiembre habrá 80 colegios más que tendrán a un auxiliar para asumir estas labores, liberando a los equipos directivos. Actualmente ya hay en 127 centros, por lo que se prevé llegar, el próximo curso, al 25% del total de la red pública.

También se va a facilitar la movilidad de los funcionarios con plaza definitiva en localidades alejadas de la de residencia, permitiendo un acercamiento. Para ello en la próxima adjudicación de julio se sacarán todas las plazas vacantes disponibles, entre ellas las ocupadas por asesores y personal que trabaja actualmente en la conselleria. Se hará a través de comisiones de servicio, lo que implicará un acercamiento temporal (de dos años).

Por último, se han destacado otras mejoras como el avance en la reducción de las ratios máximas de alumnos por aula, con más del 90% de los grupos de Infantil, Primaria y Secundaria por debajo de 25 y 30 estudiantes respectivamente, o Edificant, el programa de mejoras en infraestructuras. Se prevé que a finales de este año haya 400 intervenciones (de todo tipo) aprobadas.

La presentación de las medidas ha corrido a cargo del conseller Vicente Marzà y el secretario autonómico, Miguel Soler, y llega a escasas dos semanas de la huelga educativa convocada por el sindicato Stepv, el mayoritario, que precisamente buscaba presionar a la conselleria para que se mejoraran las condiciones laborales de los docentes.

«Pensamos que difícilmente se encontrará a un gobierno más cercano a la educación pública y a las necesidades de los alumnos, como demuestran las medidas adoptadas a lo largo de la legislatura. Lo único que ha impedido aplicar estas de manera más inmediata ha sido la infrafinanciación», ha destacado Marzà, preguntado por si ahora tenía sentido el mantenimiento de la huelga. Por su parte, Soler ha destacado que con el incremento previsto, que está incluido en los presupuestos, superarán el número de docentes de 2009, cuando se alcanzó el máximo históricos.

Por otro lado, y en relación a la posibilidad aún no concretada de que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Plurilingüismo, ambos se han mostrado tranquilos y han destacado que desde el ministerio consideraron que la norma era impecable salvo en un apartado, además de insistir en que cumple con las sentencias del Supremo sobre el mínimo de castellano.

Pese a ello, se han mostrado dispuestos a dar las explicaciones necesarias al ministerio en relación al punto que desde el Gobierno se plantearon dudas: la idea de que la administración promoverá que los centros impartan al menos el 50% de las horas lectivas en valenciano. Cabe recordar que el PP pedirá al Gobierno que vaya al Constitucional al considerar que parte del decreto considerado ilegal por el TSJCV se ha incluido en la nueva ley.