Educación estudia prohibir el uso personal de los móviles en los colegios e institutos

El empleo de móviles en la escuela ya se prohíbe en tres comunidades y al menos dos más, aparte de la valenciana, se prestan a hablar de ello. Además, 120 entidades han suscrito la propuesta de pacto de Estado para la protección de los menores en internet y en las redes sociales, una iniciativa de la Asociación Europea para la Transición Digital junto a organizaciones como Save The Children, la Fundación Anar, Unicef o la Agencia Española de Protección de Datos. Y entre las medidas planteadas se incluye «promover la regulación en las autonomías para limitar el uso de los móviles en los centros educativos y adecuar el uso de los dispositivos tecnológicos en el aula a las pautas por edades recomendadas» desde el ámbito científico, que en líneas generales fija un máximo de dos horas diarias, sumando tiempo formativo y también de ocio.

Volviendo a la Comunitat, fuentes de la Conselleria de Educación señalan que se valorará la posibilidad de revisar la normativa actual (el decreto de convivencia), con la idea de crear un marco global para evitar situaciones distintas en función del centro. «Estamos abiertos a estudiar opciones y a generar los espacios de diálogo oportunos», explican, después de referirse también a «los movimientos que han surgido en los últimos meses», en relación a los grupos de padres que se están organizando a nivel local y provincial para promover una regulación que prohíba el uso, en general, a los menores de 16 años. Eso sí, las mismas fuentes matizan que se trata de un debate «incipiente», y por tanto, que tardará en concretarse. Si es que se llega a materializar.

El departamento pondría el foco en el uso personal y recreativo de los dispositivos durante el horario escolar, dejando la puerta abierta a aplicaciones pedagógicas. Es decir, que no se pudiera emplear en patios, descansos o actividades lectivas para chatear, mirar el Instagram o hacer fotografías de otras personas (una acción de riesgo por simple protección de datos), pero sí de manera puntual cuando un docente lo requiriera con fines lectivos.

Las ventajas estarían en que se contribuiría a reducir el tiempo de exposición a las pantallas, los conflictos a resolver por los equipos directivos, que podrían remitirse a la prohibición general ante quejas de familias y alumnos, los riesgos en cuestiones de protección de datos (la toma y difusión de imágenes o contenidos sin consentimiento previo) y también el ciberacoso, al no tener disponible (o tan a mano) el dispositivo. Lo resumió el pasado octubre Mar España, presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos, durante la inauguración de un congreso en Valencia: «He pedido públicamente que se estudie la prohibición, porque aunque no es ir a la raíz del problema sí minimiza su impacto».

En la Comunitat la utilización de móviles quedó prohibida a partir de 2008, pues se consideraba que su utilización durante las actividades escolares era una conducta contraria a la convivencia. Sin embargo el decreto marco se actualizó en 2022, dejando su regulación en manos de cada centro, que debía precisarse en sus normas internas. Lo habitual es que no se permita su uso en el horario escolar, aunque puede llevarse apagado en la mochila o dejarse en la taquilla, si bien cada vez son más centros que se han declarado espacios libres de móviles a todos los efectos.

Cataluña es una de las comunidades que ya se ha puesto manos a la obra, iniciando un proceso participativo que culminará con un informe del Consejo Escolar que fijará una serie de criterios generales. Y en Canarias el consejero del ramo, Poli Suárez, ha mostrado la intención del gobierno autonómico de «estudiar la cuestión en profundidad».

Sí se ha dado el paso en Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia. La primera lo plasmó en una ley autonómica de protección a la infancia y la adolescencia, que en 2014 estableció que los móviles no podían estar operativos en los centros salvo «en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales debidamente acreditadas». La norma ha sido actualizada este año, creando un problema de aplicación al no recogerse esta idea y sí la necesidad de promover, el ámbito educativo, «un uso razonable de las tecnologías» acorde a la edad del menor. Fuentes de la Consejería de Educación explican que este trimestre se modificarán los decretos de currículum para «seguir la línea de la ley anterior».

Desde 2015 Galicia lo prohíbe «como herramienta de comunicación durante los periodos lectivos», permitiendo de manera excepcional su utilización con finalidades pedagógicas, tal y como recoge su normativa de convivencia, mientras que Madrid se sumó en 2020, estableciendo que «no estará permitido durante la jornada escolar, que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y las actividades complementarias y extraescolares», con la única salvedad de que se emplee para «fines didácticos».