Educación encara el inicio del curso con once frente judiciales abiertos

La mayoría de alumnos de la Comunitat empezará en nueve días un curso que no está exento de incertidumbre ante el enredo judicial sobre el modelo lingüístico. Más allá de la solución ideada, el decreto ley conocido el viernes, el articulado de la norma de 2017, el que fija el sistema que quiere el Consell, puede sufrir importantes cambios tras el filtro de los tribunales. De hecho ya ha sido mutilado tras la primera sentencia -las famosas acreditaciones de idiomas son historia-, aunque quedan por resolverse casi todas las impugnaciones presentadas.

No es un caso aislado, pues la conselleria que dirige Vicent Marzà es el departamento que más batallas judiciales debe librar como consecuencia de sus políticas educativas. Al menos son once frentes abiertos que pueden resolverse, aunque sea en primera instancia, a lo largo del ejercicio, y por tanto, condicionar la acción de gobierno que emana de la sede de Campanar. Para hacerse una idea, los abogados de la Generalitat afrontarán al menos 65 recursos entre anunciados o presentados, teniendo en cuenta que algunas entidades han impulsado más de uno y que contra algunas de las medidas las impugnaciones llegan desde diferentes organizaciones a la vez y contra distintas resoluciones normativas. Ante semejante panorama Marzà no tendrá más remedio que tener un ojo pendiente del día a día y el otro vigilando de cerca los comunicados del TSJCV.

Además del plurilingüismo hay recursos contra la regulación de la jornada continua, contra los cambios en las plantillas de Religión, en relación a la red concertada, contra la normativa sobre usos de lenguas oficiales en la administración, contra las becas universitarias y las ayudas para equipamientos de I+D+I -se quedan fuera los centros privados-, por la nueva ratio en 1º de Infantil, por las nuevas condiciones y regulaciones que afectan al profesorado interino e incluso en relación al protocolo sanitario que deben seguir las escuelas. Los actores son de lo más variado, desde partidos hasta sindicatos, pasando por asociaciones de padres, patronales y administraciones.

Más allá de la sombra que proyecta el TSJCV, el ejercicio incluye importantes novedades que inciden directamente en los alumnos, como la nueva organización horaria de Primaria, con más libertad para que los centros determinen el peso de cada asignatura, o la incorporación de un auxiliar de conversación nativo para reforzar el inglés -sólo para los coles públicos-. Sin olvidar el aumento de beneficiarios de Xarxalllibres, que evita importantes gastos en libros de texto, o en clave universitaria, la bajada de las tasas. En cuanto a las políticas educativas, durante el ejercicio debe conocerse el borrador de la nueva ley valenciana de educación, el decreto para aumentar la autonomía de los colegios o la anunciada normativa sobre la organización de la Secundaria que abordará cuestiones como el papel de la asignatura de Filosofía.

El equipo de Marzà también deberá tener en cuenta algunos problemas que amenazan con explotar: gran parte de la inspección está molesta por las últimas maniobras, con el cambio de la bolsa de accidentales, y los representantes del profesorado vuelven a exigir la reversión de los recortes. Conatos que, sin el debido tacto del departamento, pueden derivar en grandes incendios.

El último auto judicial, de finales de julio, dejó el decreto suspendido cautelarmente, en su totalidad, a raíz de los contenciosos presentados por la Diputación de Alicante y la asociación Defensa del Castellano y siempre a la espera de una sentencia definitiva. Se llegaron a presentar trece recursos de los que quedan vivos diez. Uno se rechazó y dos se han resuelto. A raíz del de Csi·f se anularon las certificaciones de idiomas -que no existían para los alumnos de castellano- pero se rechazó la otra pretensión, sobre el uso de las lenguas en tareas administrativas. La vinculación que permitía dar más inglés cuanto mayor peso tuviera el valenciano no se planteó, pero sí se cuestiona en muchos de los recursos pendientes. Padres (Covapa, Idiomas y Educación, Concapa, Fcapa y un Ampa a título individual), partidos (PP y Vox), sindicatos (Anpe, USO y Csi·f) y asociaciones (Defensa del Castellano) han presentado recurso. Y algunos dos: contencioso y por protección de derechos fundamentales.

La exigencia del Certificado de Capacitación de Valenciano al profesorado interino ha sido el último conflicto en estallarle a la Conselleria de Educación. El sindicato Csi·f ha presentado dos recursos (uno por los de Primaria y otro por los de Secundaria) que incluyen la petición de suspensión cautelar. Sin el título no pueden optar a puestos vacantes y sustituciones que se generen durante el curso. De hecho los afectados ya quedaron fuera de las adjudicaciones de julio, las más numerosas. Además, al ser un colectivo que acumula experiencia docente, solían estar en los puestos de salida de la bolsa. El requisito se conoció en 2013 y entra en vigor este mes. Hay afectados que también han acudido a la justicia de manera individual e incluso se ha llegado a denegar alguna petición de cautelares.

Educación ha aprobado este año el reglamento autonómico que regula el acceso a los conciertos postobligatorios, que ha levantado ampollas. Los centros que han perdido aulas de Bachillerato han sido especialmente activos. Al menos se han presentado -o anunciado ante el TSJCV, a la espera de formalizarlos- 16 recursos de lo contencioso. Son los que han trascendido junto al impulsado por la eliminación de una unidad de Infantil. También se ha impugnado el citado reglamento al considerar que restringe la oferta postobligatoria al primar el principio de subsidiariedad y obviar la complementariedad de las redes. En este caso hay cinco contenciosos: dos de asociaciones de padres, uno la Federación Católica de Apas, uno de diputados del PP y otro de la patronal Escuelas Católicas.

La jornada continua, la concentración de las clases en horario de mañana, se reguló en 2016 y ha derivado en la presentación de cinco recursos ante el TSJCV, uno de los cuales ya ha sido fallado y los otros cuatro, según fuentes de la plataforma Jornada Partida, continúan vigentes. Además de ir contra la norma reguladora se impugnan también los proyectos específicos de los centros que les permitieron adaptarse a la nueva modalidad, y han sido impulsados por familias a nivel individual. Eso sí, las peticiones de suspensión cautelar, que se solicitaron en algunos casos, no fueron atendidas. En cuanto al recurso rechazado, que se presentó por la vía de derechos fundamentales, lo protagonizó la Federación Católica de Apas de Valencia, Fcapa.

Los dos contenciosos surgen de la política de la Conselleria de Educación de no incluir a las universidades privadas en determinadas iniciativas. En este caso se convocaron unas ayudas para la renovación de equipamientos e infraestructuras destinados a trabajos de investigación que están financiadas con fondos europeos y que se ofertaron sólo a las instituciones académicas públicas. Un contencioso impugna la orden reguladora, la que establece las bases, y el otro la convocatoria de las ayudas. En ambos casos han sido presentados por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, titular de la Cardenal Herrera. Desde este centro explicaron en su día que recurren al TSJCV al no compartir esta diferenciación. Además, en convocatorias anteriores sí pudieron presentarse.

La normativa sobre plurilingüismo no es la única medida para impulsar el uso del valenciano. La otra herramienta fundamental para este objetivo es el decreto que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales, que da un peso especial a la lengua propia en las comunicaciones internas e incluso en ámbitos como los procesos de contratación públicos. Este aspecto es uno de los que impugna la Abogacía del Estado en su recurso al considerar que puede chocar con la Constitución y con otras leyes nacionales. También insta a los funcionarios a dirigirse a la ciudadanía, en primer lugar, en valenciano, y apuesta porque sea la lengua empleada por los altos cargos en sus intervenciones. Diputados del PP y el Csi·f también han recurrido, aunque no se aceptaron sus peticiones de cautelares.

Aunque es un frente antiguo, todavía colea. Las dos universidades privadas más grandes, la Católica y la Cardenal Herrera, tienen vivos aún 18 recursos por la exclusión de su alumnado de las becas de la Generalitat, ayudas que venían recibiendo desde 2006. Se incluyen tanto los presentados contra las bases de cada una de las seis modalidades como contra las resoluciones que las convocan. El último recurso se refiere a la convocatoria más reciente, las cuantías para los estudiantes que realizan una estancia erasmus. Uno de los presentados fue fallado en contra al considerar el tribunal que el derecho a la igualdad debe reclamarlo el interesado. La institución, en este caso la Católica, quiso defender el interés de su alumnado.

Los sindicatos USO CV y Apprece presentaron demandas por la vía de lo Social contra las instrucciones sobre las plantillas de Religión aplicadas a principios del pasado curso, pues implicaron importantes recortes horarios, y por tanto, de salario. Ambas formaciones criticaron que se les impedía completar sus horas de trabajo con otras funciones, como se hacía hasta ahora, mientras que la conselleria replicó que se estaban duplicando recursos. También se denunció que las instrucciones no se negociaron con las organizaciones representativas, aunque fuentes sindicales explicaron que las demandas fueron desestimadas en esta vía, lo que derivó en la presentación de un contencioso por parte de Apprece, que sigue pendiente de resolverse.

El sindicato mayoritario, el Stepv, ha presentado un contencioso contra el protocolo sanitario que se aplica en los colegios al considerar que no se negoció con los representantes de los trabajadores y que ha generado problemas de aplicación al entrar a regular atribuciones adicionales para los docentes que deberían corresponder a personal especializado. Esta iniciativa establece cómo se debe actuar en caso de que se produzca una urgencia y presta especial atención a los alumnos que padezcan enfermedades crónicas, como por ejemplo la coordinación con su centro de salud para su atención. También, si existe consentimiento paterno y el médico considera que no se precisa personal sanitario, se permite la administración de medicamentos a alumnos que lo necesiten.

La patronal de centros concertados Escuelas Católicas ha llevado a los tribunales la normativa que fija, en algunas localidades, un máximo de alumnos por aula más bajo de lo normal en 1º de Infantil (23 y no 25). La administración defiende que la caída de la natalidad en estos municipios permite el descenso y que mejorará la atención, aunque el sector concertado teme que suponga fomentar trasvases de alumnos. Por ejemplo, si normalmente un centro llena sus 25 vacantes ahora perderá dos puestos, lo que puede beneficiar a otro próximo que no las suela cubrir. Y progresivamente la nueva ratio irá aplicándose en los cursos superiores. La patronal alega que no se negoció la medida y que se aprobó cuando los procedimientos previos de la admisión se habían iniciado.

La conselleria permitirá que los interinos puedan mantenerse en la plaza elegida para este curso durante el próximo 2018-2019, una medida que busca favorecer la estabilidad de las plantillas y que se ha topado con el rechazo del Stepv, que ya ha anunciado el recurso y está a la espera de su admisión. El sindicato considera que se altera el sistema de preferencias en la elección de puestos que se deriva de la ordenación de las bolsas de trabajo, resultando perjudicados docentes con prioridad a la horas de elegir vacante. Por ejemplo, si no quieren o no pueden repetir, no podrán optar a las plazas que no salgan en la adjudicación porque quien la ocupa, aunque tenga menos preferencia, sí ha decidido mantenerla. Educación pretendía que la posibilidad de repetir fuera efectiva ya este curso.