El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha informado este miércoles de que el departamento, junto al de Infraestructuras, está investigando la flota de autobuses que la empresa Monbus está utilizando en la provincia de Valencia y que está detrás de los problemas en el transporte escolar detectados desde el primer día de curso. El último incidente que ha trascendido ha sido especialmente grave, pues un alumno en silla de ruedas resultó herido cuando estaba bajando del vehículo por un fallo en la rampa.
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La propia administración, las AMPAS, los centros afectados e incluso algunos ayuntamientos han denunciado durante estas semanas la falta de unidades para cubrir rutas o trasladar a todo el alumnado, la utilización de autobuses sin adaptar pese a estar asignados a centros de Educación Especial, el uso de autobuses con problemas técnicos (carencia de anclajes para sujetar sillas de ruedas o carros) y mecánicos (ruedas deshinchadas, averías o fallos las rampas de acceso) y la falta de monitores suficientes. Sin olvidar que las policías locales han impuesto varias multas a conductores por no llevar la documentación necesaria.
«Es cierto que con este lote (el número 5 de la provincia) en algunos centros hay problemas, y en colaboración con la Dirección General de Transportes estamos realizando las inspecciones de los vehículos y comprobando que fueron estos los que se aportaron al pliego del concurso», ha dicho Rovira tras un acto en Alicante, justo antes de añadir que el expediente sancionador ya está en marcha (la cuantía económica puede alcanzar los 2,1 millones de euros) y que se «iría a una posible rescisión de un contrato que adjudicó el Botánico, aunque hay que valorarlo jurídicamente», ha añadido.
Aunque esta última idea ya la trasladó durante la primera semana del curso, la afirmación del conseller desliza que esta opción cada vez está más cerca, aunque para ello es necesario acreditar previamente los incumplimientos respecto a lo plasmado en el contrato, además de agotar los pasos administrativos previos, como el expediente de penalidades. Por ello se ha solicitado toda la información posible sobre los incidentes a los centros y sus inspectores respectivos, a la Dirección Territorial de Valencia y a las policías locales.
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De las declaraciones de Rovira también destaca el hecho de que se esté comprobando la adecuación de la flota a la aportada durante el proceso de licitación. Es decir, que las unidades que se están utilizando son las comprometidas, un aspecto que no ha estado exento de polémica.
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Cabe recordar que la Unión Temporal de Empresas que prestaba el servicio en dicho lote durante el contrato anterior denunció ante la administración y ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TARC) que buena parte de la relación de buses aportada por Monbus estaba asignada a rutas de transporte regular de Galicia. Tanto este órgano como la mesa de contratación de la conselleria defendieron que no era una situación incompatible, siempre y cuando las unidades estuvieran a disposición de la conselleria coincidiendo con la entrada en vigor del contrato.
En cualquier caso, la citada UTE, conformada por empresas valencianas, ha presentado un recurso de lo contencioso administrativo ante el TSJCV al considerar que la adjudicación a Monbus fue irregular (entre otros motivos, por el citado), así como para que se clarifique si la administración realizó las comprobaciones pertinentes para asegurarse de la disponibilidad de los vehículos, algo que trasladó el TARC en su resolución. La relación de vehículos aportada puede modificarse de manera justificada (de hecho se hizo una vez adjudicado el lote), lo que no quita que la definitiva ha de ser, necesariamente, la que se emplee para la prestación del servicio.
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