Las denuncias contra un profesor por realizar terapias de conversión sexual a alumnos acaban en la Fiscalía

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha explicado este lunes que «tras tener conocimiento de los hechos, la inspección ha tomado cartas en el asunto y se ha elaborado un informe que es taxativo». «La ley debe cumplirse, y si estos presuntos hechos son ciertos estaríamos hablando de la comisión de un delito, por lo que se ha decidido ponerlos en conocimiento de la Fiscalía para que sea un juez el que decida si se abren diligencias», ha añadido. Fuentes de la conselleria explican además que se ha pedido que se investiguen tanto los hechos denunciados, ocurridos hace siete años, como «las posibles continuaciones hasta la actualidad».

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el profesor acusado, que niega los hechos, lleva más de tres décadas vinculado al colegio concertado -que cambió de titularidad en 2015-, ha participado en el movimiento asociativo de docentes católicos de la Comunitat y dirige un Centro de Orientación Familiar (COF) de la diócesis de Valencia, un recurso conformado por fieles que no forma parte del Arzobispado, aunque cuenta con el asesoramiento pastoral de un sacerdote.

La denuncia fue avanzada por el diario Levante y se presentó a principios de mes ante la inspección educativa. El diario relataba una serie de hechos ocurridos en los años previos en base al testimonio de cinco estudiantes del centro, que hablaban de abordajes de alumnos en horario lectivo, la distribución de materiales sobre «masculinidades correctas» e incluso del ofrecimiento de «una pastillita» para curar la homosexualidad. El Arzobispado de Valencia también ha iniciado una investigación interna por el papel del docente en el citado COF.

La titularidad del centro ha mantenido en las últimas horas una reunión con responsables de la administración. En un comunicado remitido con posterioridad, el colegio defiende que «la comunidad educativa, la titularidad y el claustro de profesores y trabajadores están totalmente comprometidos con la igualdad real y efectiva y con el cumplimiento de los derechos y la igualdad de trato de las personas LGTBI». También se añade que «los principios de respeto y no discriminación por razón de sexo forman parte del ideario y del carácter propio del centro, y por tanto, el colegio condena de manera expresa cualquier actuación que atente contra estos».

También se señala que la escuela «prohíbe cualquier comportamiento o expresión que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona en función de su orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales», y que ante la gravedad de los hechos publicados ha abierto un expediente disciplinario en el que el docente «ha negado todas y cada una de las noticias aparecidas».

De todas formas, se ha puesto en contacto con la inspección y la conselleria «para recabar más información y en su caso interponer denuncia en la Fiscalía», aunque se traslada a continuación que sí pondrá en conocimiento del ministerio público «todos los hechos que conoce, poniéndose a su disposición para colaborar y esclarecerlos hasta sus últimas consecuencias».

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia irá un paso más allá, pues ha anunciado a través de redes sociales que denunciará ante la Fiscalía al docente en cuestión, al colegio y al Centro de Orientación Familiar (COF) que dirige por «la presunta práctica de terapias de aversión». Además, informa de que la ley 23/2018 establece sanciones de entre 60.000 y 120.000 euros, así como inhabilitaciones que pueden llegar hasta los cinco años.