Educación pide que las familias con alumnos que falten a clase pierdan ayudas económicas

La Conselleria de Educación se ha mostrado partidaria de que las familias con hijos absentistas, los que faltan de manera reiterada y sin justificación a clase, puedan perder la Renta Valenciana de Inclusión en el caso de cobrarla. Se trata de una ayuda económica que gestiona el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas y que se destina a núcleos familiares en situación de riesgo o de pobreza.

La medida fue planteada ayer durante la primera reunión de coordinación para la aplicación del nuevo protocolo contra el absentismo escolar. Debería servir como advertencia para que las familias se impliquen en las medidas que se vayan a aplicar en el caso de que sus hijos no acudan a la escuela. Cabe recordar que cuando el centro detecte más de un 15% de ausencia no justificadas en un mes se pondrán en marcha diferentes las actuaciones previstas a nivel de centro. En el caso de que las faltas superen el 25% de las clases, el caso será considerado grave e intervendrán los servicios municipales en la materia. Si el porcentaje supera el 50% se considerará absentismo crónico.

Fuentes del departamento que dirige Vicent Marzà señalaron ayer que la vinculación entre la ayuda económica y el compromiso de las familias se debería estudiar «en los casos de absentismo escolar grave en los que fallan todos los medios para conseguir la vuelta a clase de los menores». De esta forma, se suspendería la prestación «hasta que los niños asistan con regularidad».

De hecho, ya hay ayuntamientos que trasladan la advertencia a los padres. No se puede olvidar que en los casos más extremos de inasistencia se puede llegar a formular, por parte de los Servicios Sociales municipales, una denuncia por desamparo ante la Fiscalía, que en el caso de acabar con la pérdida de la custodia implicaría también dejar de percibir cualquier ayuda vinculada al cuidado de hijos a cargo.

La primer reunión de coordinación estuvo presidida por la directora general de Educación Inclusiva, Raquel Andrés, y contó con la participación de altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de responsables del área de Administración Local (adscrita a Presidencia de la Generalitat), de las Fiscalías de menores de las tres provincias, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y del Consejo Escolar de la Comunitat. Es decir, de todos los agentes externos que intervienen en casos de absentismo.

La filosofía del protocolo es establecer un procedimiento de actuación común en todos los centros sostenidos con fondos públicos y facilitar la coordinación con los ayuntamientos, que asumen las competencias en la materia. Uno de los objetivos es que cualquier escuela pueda disponer de herramientas a nivel local para poder actuar. En este sentido, entre las peticiones planteadas ayer por Educación también está que en cualquier consejo escolar municipal -órgano al que llegarán los casos graves remitidos por los centros- haya un representante de los Servicios Sociales.

Andrés también planteó que se establezcan campañas de prevención comunes y que en municipios con zonas de actuación preferente se asigne a un educador o a un integrador social para que realice labores específicas.