Educación, un polvorín en puertas del inicio de curso

El nuevo curso académico comenzará dentro de cinco días en la Comunitat y lo hará con mucho mar de fondo. La nueva Conselleria de Educación lleva poco más de un mes en marcha, con José Antonio Rovira ejerciendo de conseller tras el cambio político en las elecciones autonómicas, pero en ese tiempo ha atravesado varios incendios que han provocado un actual clima de incertidumbre y desorganización en los centros educativos valencianos.

Mientras el nuevo Consell ha comenzado su andadura sin frentes abiertos en ningún área, al menos de cierto calado, en Educación se han juntado dos serios problemas y un tema espinoso.

La polémica ha llegado por tres bandas. El primero en aparecer, y también al que más gente afecta, es el lío con la adjudicación de plazas para los profesores, con errores en el proceso que han obligado a cambiar el orden de las listas al ser erróneo, lo que ha motivado que variara sustancialmente el destino para cientos de maestros.

Otro de los asuntos que ha levantado polvareda es la imposición de Rovira de aumentar dos horas lectivas semanales en la ESO para matemáticas e inglés, sin consultar a ningún sector, tras la anulación judicial de una nueva asignatura, que pasará de ser obligatoria a optativa.

Y la tercera pata de esta inestable mesa afecta a una de las plataformas cercanas a la ideología de la coalición del Consell. Se trata de Hablemos Español, que tras varios años luchando para que el castellano y el valenciano convivan en las aulas, ahora no recibe respuesta de la conselleria cuando le recuerdan que la inmersión lingüística no debe arrinconar al castellano y que las comunicaciones de todos los centros con las familias debe hacerse en los dos idiomas. Un panorama que se ha ido complicando en tiempo récord y que convierte ese arranque escolar en un terreno convulso.

Ha sido el principal fuego que se ha encontrado Rovira. Los errores en la elaboración de las listas para conseguir una plaza de profesor en los centros de la Comunitat han provocado un auténtico caos y que aún hoy haya maestros que todavía no tienen claro dónde van a trabajar a partir del lunes.

Un sistema informático obsoleto, un nuevo concurso de méritos y los profesores de FP que pasaban a ser de Secundaria han descuadrado las listas y según los sindicatos STEPV y ANPE han creado «la tormenta perfecta». El exsecretario autonómico de Educación, Miquel Soler, añade más motivos. «El programa informático es del año 99, aunque nunca se han producido este tipo de problemas. Siempre hay algunos errores, pero hay que estar pendiente para analizar y corregir las situaciones. No han estado donde tenían que estar en su puesto de trabajo para poder hacer frente a cualquier problema», asegura.

«Lo que más retrasó el proceso fueron las 300 plazas de comisión de servicios que ordenaron suprimir, porque volvieron a ocupar sus plazas en sus respectivos centros y eso provocó un efecto dominó. Son técnicos docentes, funcionarios que trabajan en las diferentes direcciones generales, y requieren conocimientos específicos», argumenta Soler. «En ese proceso se produjeron muchos líos y sigue habiendo, además ahora a muchos de ellos les han pedido que se reincorporen otra vez a la comisión de servicio como asesores de formación y sus plazas que no han salido en agosto saldrán en septiembre, por tanto se va a producir una alteración de las listas, y gente que está mejor colocado no va a tener acceso a ellas», expresa.

Tanto Soler como Marc Candela, portavoz del sindicato STEPV, critican que la nueva directora general de personal, Sonia Sancho, tomó posesión de su cargo el 31 de julio, tres días después del cese de su antecesora, pero no apareció por la conselleria hasta el 10 de agosto. «No tenían que haber cesado tan pronto a la anterior. Es una actitud sectaria, tirar a todos, no hablar con ninguno, la prepotencia que han mostrado y luego en vez de resolver los problemas, una directora general se va 10 días en un momento clave de cambio», destaca Soler. «En mi vida había visto semejante situación, no se han reunido con los anteriores cargos, el cambio político no tenía que haber supuesto ningún problema en las adjudicaciones de plazas, porque las listas provisionales de interinos estaban el 4, el 11 y el 17 de julio, no había que esperar a las definitivas para trabajar», dice el exsecretario general.

Para Lauren Bárcena, presidente del sindicato ANPE, «no se ha tenido la previsión suficiente, ya que eran adjudicaciones más complicadas porque soportaban nuevos sistemas y procesos. Y para estas novedades no se habían testado los programas con tiempo. Eso junto al cambio de gobierno a finales de julio ha creado un caos para tener unas adjudicaciones que han sobrepasado los límites de otros años», lamenta.

Los sindicatos van a estar toda esta semana tratando de solucionar con la conselleria todas las incidencias de plazas erróneas que aún quedan para que el lunes todo el profesorado empiece el curso en su centro. «Ha habido un cúmulo de errores y el cambio de gobierno no ha ayudado», apunta Candela.

Otro de los problemas ha sido cómo ha gestionado Rovira las horas lectivas que se quedaban sin cubrir tras anular el TSJ que la asignatura de Proyectos Interdisciplinarios fuera obligatoria, que pasaba a ser optativa. Esto provocó que los cursos de 1º a 3º de la ESO se quedaban con dos horas lectivas menos a la semana. La conselleria impuso que en 1º de la ESO esas horas se dedicaran a refuerzo de inglés y matemáticas, sin contar con el consenso de centros, profesores ni familias.

«La sentencia llegó en julio cuando ya estaba organizada la asignación de horas. Lo que no me parece razonable es que el 31 de agosto impongan añadir horas de esas asignaturas, no se puede hacer un día antes de que se incorpore el profesorado, a la nueva conselleria le falta conocer lo que es un centro y no hablan con directores, profesores etc, las cosas hay que hacerlas en tiempo y forma», señala al respecto Miquel Soler.

Desde el área de Enseñanza de UGT, Javier González Zurita considera que el Consell «se extralimita con la exigencia de impartir inglés y matemáticas sin tener en cuenta las necesidades de cada centro y vulnerando la autonomía que daba a cada centro la norma anterior. Eso sí, lo impone pero siempre que lo pueda asumir el centro con los recursos que tiene, no les da más», asegura.

«Lo que más nos irrita es que cuando hacen ese cambio de última hora ya están organizados los centros, pero lo sacan un día antes de empezar a incorporarse los profesores, el 31 de agosto, y crea malestar, incertidumbre en todos los centros, porque supone desorganizar lo que ya estaba organizado. Es una imposición de unas medidas que no exige la sentencia, sin respetar la autonomía de organización de los centros, que podían dedicar ese tiempo a otras materias», expresa el responsable sindical.

Por todo ello, UGT, que fue quien judicializó el proceso desde el inicio con la obligación de la nueva asignatura, ha pedido ahora al tribunal que se pronuncie y que suspenda esta medida y anule esas imposiciones de la conselleria. «Pedimos que cada centro decida cómo sustituye esa asignatura. Hay desconcierto en los centros educativos, están molestos por estas decisiones. Y en las familias hay opiniones diversas», señala González.

Además la Asociación de directores de Secundaria ADIESPV hizo un comunicado en el que mostraba discrepancia «por la manera precipitada» que han recibido instrucciones para la organización del curso escolar y que Conselleria «no ha tenido en cuenta las dificultades organizativas derivadas de la modificación de los horarios de los centros», indican. «Estos cambios pueden provocar graves problemas organizativos que afectarán a la calidad de la enseñanza pública y al normal inicio del curso académico», manifestaba esta agrupación.

Por su parte, Soler añade también que se están produciendo retrasos en muchas áreas de gestión. El permiso para que los centros puedan activar el bono de la xarxa de llibres en Primaria llegó ayer, cuando suele estar a finales de julio, mientras que las becas de comedor de los centros de infantil todavía no están definidas. «Está siendo todo bastante caótico en este inicio», resume el exsecretario general.

Y aunque no es un incendio, sí se trata de un primer roce con una plataforma afín a la ideología del Consell. La asociación Hablamos Español lamenta la falta de respuesta del ente público ante sus demandas. Piden a Rovira mayor «celeridad» para atender sus peticiones. «Estamos esperando a que nos conteste; aún no lo ha hecho y estamos expectantes. En cuanto los niños pongan un pie en el colegio, intensificaremos nuestras demandas», apunta Gloria Lago, presidenta de la entidad.

En su hoja de ruta está la tramitación de su ley de Libertad de Elección de Lengua, para la cual en la pasada legislatura validaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con cerca de 40.000 apoyos. «Defendemos que las familias de la Comunitat tengan la libertad de educar a sus hijos en la lengua que quieran. No es más que el modelo presente en todos los países de Europa que cuentan con más de una lengua oficial», apunta Lago.

En el corto plazo piden otro guiño por parte del ejecutivo autonómico, y para lo que a juicio de Lago solo se requeriría de una instrucción emitida por Educación. «Recibimos numerosas quejas de familias que ven como el boletín de notas de sus hijos o la rotulación en sus centros educativos están íntegramente en valenciano. Esa información debe estar en las dos lenguas; no se puede excluir el castellano en el ámbito educativo. Esperamos que el señor conseller sea sensible a nuestras peticiones».

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