Educación previene a los colegios sobre los padres que quieran vetar actividades

La Conselleria de Educación ha enviado a los colegios e institutos públicos una carta firmada por el secretario autonómico, Miguel Soler, que les informa sobre cómo proceder en el caso de que algún padre pida restringir la participación de sus hijos en actividades curriculares, es decir, obligatorias. Se trata del denominado pin parental que ha causado polémica en la comunidad murciana y que defiende VOX.

La conselleria explica que «se ha establecido un mecanismo para proteger la tarea pedagógica de todo el profesorado valenciano y para evitar que entre en los centros el odio que se está intentando generar por parte de algunos partidos políticos».

De este modo, continúan las mismas fuentes, «si hay algún intento de restringir actividades didácticas al alumnado y restar el derecho a la educación» los equipos directivos informarán sobre los posibles casos o peticiones en concreto a cada una de las Direcciones Territoriales de Educación, que serán las que contestarán a los interesados «con un modelo de documento».

En la misiva se explica que la única respuesta que darán los equipo directivos a los padres consistirá en informarles de que la reclamación se ha elevado a la dirección territorial, que cuando responda dará cuenta de la contestación al centro para que la traslade al interesado.

En relación al veto previo, que consiste en exigir por parte de las familias una autorización expresa para participar en actividades obligatorias, la carta dice que esta medida «vulnera el derecho fundamental de los niños y niñas a ser educados, además de vulnerar tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Derechos del Niño». Además, alega que «la implantación de una medida como esa no supondría otra cosa que reconocer el derecho a una objeción de conciencia encubierta, y esta no es aplicable en el ámbito de la educación».

También se refiere a que el ordenamiento jurídico no ampara el veto a acciones curriculares (que están en la programación general del centro) y defiende que los contenidos de las materias y las actividades, como el de Educación para la Ciudadanía en su momento o protocolos de atención a la identidad de género, no suponen «ningún adoctrinamiento lesivo a los derechos fundamentales».