Educación recaba información sobre el colegio en riesgo de desahucio y se compromete a reubicar al alumnado

Como informó LAS PROVINCIAS, el juzgado de Primera Instancia número 7 de Alzira emitió el 11 de diciembre un auto que obliga a la empresa titular de la escuela a dejarlas libres y ponerlas a disposición de la propiedad, que es distinta, después de que la primera haya sido condenada por el impago del alquiler durante tres años. La sentencia es definitiva desde el pasado verano, y el plazo de abandono voluntario del local que se ocupa se cumplirá a mediados de febrero de 2024. El fallo también condena a la titularidad al pago de 62.148 euros en concepto de deuda pendiente, a los que se podrían sumar otros 18.644 por intereses y costas.

Tal y como explican fuentes del departamento que dirige José Antonio Rovira, se ha pedido a la inspección educativa que haga una visita al centro para poder elaborar un informe que detalle su situación. Además de para que la administración tenga todos los datos, pues no ha recibido ninguna comunicación oficial, para poder informar a las familias que se dirijan a la misma.

Desde la conselleria también se va a contactar formalmente con los juzgados correspondientes para tener constancia oficial de la orden de desahucio y para comprobar si la empresa ha solicitado el concurso de acreedores. Las mismas fuentes aseguran que si la situación acaba en desalojo el departamento se compromete a dar «una respuesta adecuada» a todo el alumnado, garantizando su reubicación en otros centros. El colegio, que es concertado, escolariza en la actualidad a unos 300 estudiantes.

Un cambio de instalaciones es prácticamente imposible a mitad de curso, pues los locales alternativos deberían disponer de unas características concretas en cuanto a espacios mínimos y requisitos de seguridad que previamente debería validar la administración educativa. En cualquier caso el equipo jurídico de la empresa titular defendió, a consultas de LAS PROVINCIAS, que no contemplan el abandono de las instalaciones, después de explicar que se van a oponer formalmente a la orden de desalojo.

Un día después, en un comunicado remitido a la comunidad educativa a raíz de la información publicada por este periódico, se aseveraba que se está trabajando «en todos los ámbitos posibles para seguir, como hasta ahora, ofreciendo a nuestras familias una educación con las más altas cotas de calidad y excelencia». Por tanto también se infiere que no se contempla abandonar los locales actuales pese a la firmeza de la sentencia.

Que la Conselleria de Educación quiera saber si se ha presentado concurso de acreedores no es casual, pues en última instancia podría derivar en la extinción del concierto, o lo que es lo mismo, los fondos públicos que se reciben para sufragar las nóminas y los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la escuela, entre ellos el alquiler de instalaciones. En este sentido, el equipo jurídico del centro destaca que la sola declaración no resuelve el concierto, pues en cualquier caso esta decisión dependería de la administración concursal que estableciera el juzgado correspondiente, tal y como recoge la legislación más actual.

Cabe recordar que el real decreto que regula los conciertos, que data de 1985 (anterior a la ley concursal) dice que la suspensión de pagos o la declaración de quiebra son causas de extinción del concierto. Esta norma también señala que «hasta que no se produzca la oportuna resolución judicial, la administración (educativa), de acuerdo con los correspondientes interventores judiciales, arbitrará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del concierto». O lo que es lo mismo, que la conselleria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio, fundamentalmente la escolarización de los alumnos.

El colegio lleva funcionando desde los años 70, y según la guía de centros docentes de la Generalitat, cuenta con aulas de Especial, Infantil, Primaria y la ESO. Desde el equipo directivo, en el mensaje difundido entre la comunidad educativa, se quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad, serenidad y sosiego» y se convocaba a las familias a una reunión informativa prevista para la próxima semana donde poder «transmitir dudas e intentar dar respuesta a cualquier cuestión».