Educación rectifica e incluirá a los concertados en las ayudas de FP tras siete años de exclusión

Eso sí, la decisión no tiene nada que ver con resoluciones judiciales y mucho menos con el cambio en el Consell, que todavía no se ha materializado. Ha sido una decisión de la propia Conselleria de Educación aprovechando que está ultimando una nueva orden de bases, que es la normativa que establece los criterios por los que deberán regirse las ayudas en los próximos años.

El borrador enfila la fase de presentación de aportaciones y alegaciones por parte de personas y entidades interesadas, que empieza este martes y se prolongará 15 días. Una vez se complete y se emitan los informes preceptivos de otras áreas del Consell se negociará con sindicatos, patronales y representantes de Ampas antes de su publicación definitiva, que con toda seguridad se producirá a lo largo del próximo curso. Cabe recordar que esta subvención es retrospectiva. Es decir, el dinero se reparte con el ejercicio vencido. Para hacerse una idea, el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria para el 2022-2023, que será la última destinada únicamente a alumnas de centros públicos, empezará el próximo 1 de julio.

Esta subvención se creó de cara al 2009-2010 sin hacer distinciones entre titularidades, criterio que se mantuvo hasta el 2014-2015. En el 2015-2016 no se convocó, y a partir del curso 2016-2017 ya entró en vigor la orden de bases modificada por el Consell del Botánico, permitiendo la participación únicamente a las estudiantes matriculadas en centros de la Generalitat.

El cambio fundamental en la futura orden está en el artículo primero, el que determina el ámbito de aplicación, haciendo referencia a estudios ofertados en escuelas sostenidas con fondos públicos, lo que incluye también a las privadas concertadas. Otras modificaciones tienen que ver con la adaptación a la Ley de ordenación e integración de la Formación Profesional, en vigor desde abril de 2022 y que establece una nueva organización de los estudios, y con cuestiones de racionalización administrativa. Por ejemplo, fijando en las bases algunos criterios que hasta ahora se concretaban en las convocatorias anuales, las que servían para fijar los plazos de presentación y tramitación de las peticiones, así como la concreción de los estudios profesionales especialmente masculinizados objeto de ser subvencionados.

En cuanto a la motivación del borrador, además de tener en cuenta los cambios de la citada norma básica, está la necesidad de crear unas nuevas bases porque las anteriores caducan en diciembre de 2023, coincidiendo con la vigencia del plan estratégico de subvenciones del departamento. Así, Educación aprovecha para corregir una diferenciación muy criticada por el sector, que fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que actualmente está a la espera de que se pronuncie el Supremo, pues la Abogacía de la Generalitat presentó un recurso de casación que fue admitido en enero de 2023.

La ayuda llega como máximo a 600 euros por beneficiaria, que pueden servir para cubrir gastos como material o desplazamiento. Aunque el reparto es por concurrencia competitiva, para recibirla sólo es necesario cumplir los requisitos formales, pues no hay criterios académicos o de renta, como suele ser habitual en otras convocatorias educativas.

El objetivo es corregir el déficit de alumnas en ciclos formativos con amplia presencia de hombres y que gozan de una elevada empleabilidad. Los estudios en cuestión (de grado básico, medio, superior y los cursos de especialización) se determinan en cada convocatoria. Para la del curso 2022-2023 se han incluido 99 títulos de 19 familias profesionales (hay 25 en total). Para elegirlos, además de las perspectivas de inserción se tiene en cuenta que la diferencia en la matrícula en función del género sea de al menos el 20% en los dos ejercicios académicos anteriores.

En cuanto a los requisitos, es necesario haberse matriculado por primera vez en alguno de los estudios seleccionados y no haber perdido el derecho a la evaluación continua. En caso de que el plazo de solicitud se inicie con el curso ya terminado, como ha sucedido en años anteriores, hay que acreditar el haber superado los módulos (asignaturas en la FP) equivalentes a 450 horas (aproximadamente la mitad).

La ayuda será idéntica para todas las peticiones que cumplan los criterios anteriores, con un máximo de 600 euros. El borrador no fija el importe mínimo, que para la convocatoria vigente se ha establecido en 400 euros. Por tanto, las beneficiarias finales dependen del presupuesto global asignado. Y en el caso de que no haya dinero suficiente para cubrir todas las solicitudes estas se reparten en base al resultado del sorteo de la admisión de alumnos, que recoge las letras del primer apellido que determinarán la ordenación final.

La decisión de Educación implica que el proceso judicial actualmente en curso, que se inició tras una impugnación de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), no tendrá efectos prácticos. Lo más probable es que el Supremo se pronuncie cuando las nuevas bases estén en vigor. Y en caso contrario, la rectificación ya estará en tramitación.

Eso sí, seguirán pendientes otras iniciativas que también han sido cuestionadas desde el sector concertado, como quedarse fuera del programa para disponer de auxiliares de inglés nativos, el tratamiento subsidiario a la hora de acceder a los cursos de formación docente en inglés y la exclusión de programas de investigación impulsados desde las escuelas, así como del proyecto piloto que permite ofrecer desayunos gratuitos al alumnado en determinados colegios públicos.