Educación suprime la enseñanza obligatoria en valenciano en las zonas castellanohablantes

El valenciano dejará de ser obligatorio el próximo curso escolar 2024-25 en las zonas castellanohablantes. Así lo ha decidido el Consell en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento que ha aprobado y que entrará en vigor de cara al próximo ejercicio, y donde la Conselleria de Educación ha realizado una modificación de algunos artículos de la Ley de Plurilingüismo que permitirá que en los «términos municipales de predominio lingüístico castellano», se suspende el «plurilingüismo en el sistema educativo», según dice el capítulo VI de las medidas administrativas de este anteproyecto de la Generalitat.

Así pues, el valenciano seguirá siendo una asignatura obligatoria pero dejará de ser lengua vehicular obligatoria de asignaturas distintas a la materia lingüística. Es decir, en aquellos municipios castellanohablantes desaparecerá la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de los contenidos en la lengua cooficial. Ya no se impartirán en valenciano en esos lugares otras asignaturas como matemáticas, ciencias o conocimiento del medio, por ejemplo.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ya señaló este jueves en su comparecencia en Les Corts que quien quiera «estudiar todo en castellano podrá hacerlo» y ha mantenido que la normativa actual de plurilingüismo heredada del anterior gobierno del Botànic presenta «una disfunción», ya que en zonas castellanohablantes donde se permite a los niños estar exentos de valenciano se está obligando al mismo tiempo a que el 25% de las asignaturas se impartan en esa lengua. Comarcas del interior de Valencia y de Alicante son principalmente donde más alumnos hay en esta situación y podrán beneficiarse de esta eliminación de la obligatoriedad de estudiar en valenciano.

Estos cambios están especificados en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 2024 (Ley de acompañamiento) y afectarán a todos los centros docentes, tanto públicos como privados, ubicados en los términos municipales de predominio lingüístico castellano que se relacionan en el artículo 36 la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV).

En concreto, el artículo 84 hace referencia a la suspensión de terminados artículos de la Ley 4/2018, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano en los términos municipales de predominio castellano. El artículo 6.3a, según dice la norma recién aprobada, en los extremos relativos al tiempo mínimo de un 25% de las horas lectivas destinadas a los contenidos en valenciano, así como la obligatoriedad de impartir en valenciano, como mínimo, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo, lo que se extiende a Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Además, y de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la LUEV, al alumnado que se acoja a las excepciones establecidas por el artículo 24 no le será aplicable la obligación de dominio oral y escrito del valenciano. Será por tanto voluntaria la elección del valenciano en los alumnos de estas zonas castellanohablantes.

Según figura en el nuevo anteproyecto de ley, los centros ubicados en municipios de predominio lingüístico castellano podrán optar entre mantener la aplicación de sus proyectos lingüísticos vigentes en los mismos términos en que fueron aprobados, o, por el contrario, proponer la modificación de manera que en su plan de enseñanza y uso vehicular de las lenguas, una o varias de las áreas, materias, ámbitos o módulos que se debían impartir en valenciano puedan impartirse en castellano, a propuesta del consejo escolar.

Los que no prevean establecer esa obligación del valenciano en algunas áreas, materias, ámbitos o módulos, el alumnado deberá cursar, como mínimo indispensable, la asignatura de valenciano; todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, respecto a la evaluación de la enseñanza del valenciano.

En los centros públicos, los consejos escolares tendrán la competencia para elevar a la administración educativa, para su autorización, la modificación de sus proyectos lingüísticos de centro, mientras que en los privados, serán los titulares de los mismos quienes tendrán dicha competencia. En los concertados, con carácter previo, se deberá oír al consejo escolar.

En los centros privados no concertados que se hubieran acogido a la aplicación de la Ley 4/2018, de 21 de febrero, dicha decisión se adoptará de conformidad con la autonomía establecida por el artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

El pasado mes de junio el Tribunal Supremo rechazó los dos recursos del gobierno del Botànic en defensa de los proyectos lingüísticos aplicados en colegios públicos que en febrero fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) por no aplicar una distribución equilibrada de la horas lectivas en castellano y valenciano, siendo este muy mayoritario (por encima del 50% del total). La Ley de Plurilingüismo fue aprobada por Les Corts en 2018 y obligó a adaptar todos los proyectos lingüísticos de las escuelas, que determinan el peso de las lenguas, desde Infantil hasta Bachillerato y FP.

Una norma que ahora el nuevo gobierno de PP y Vox en la Generalitat ha tumbado con este anteproyecto de ley que dará mayor libertad a los centros y a los alumnos en las localidades donde no se hable el valenciano. La regulación vigente hasta ahora ha supuesto un importante retroceso del castellano como lengua principal de enseñanza y ha causado problemas de entendimiento a las familias de zonas castellanohablantes a la hora de estudiar varias asignaturas en valenciano.

La Ley de Plurilingüismo del Botànic fijaba el mínimo de horas en castellano y valenciano en el 25%, aunque promueve mediante incentivos que los centros apliquen el 50% en la lengua propia y el 25% en inglés, reduciendo al mínimo el español.

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