Educación se olvida de la discapacidad

Ana Pellicer tendrá que desplazarse 140 kilómetros para participar en la oposición de Secundaria que arranca en mayo. Desde Castellón, donde vive, hasta Xàtiva, donde la conselleria ha habilitado el único tribunal de su especialidad que evaluará a los aspirantes con diversidad funcional de la Comunitat, como es su caso. Una dificultad más a superar para los inscritos en el cupo reservado, que piden flexibilidad.

En el turno libre la situación es otra. Aunque para algunos colectivos concretos (con pocas plazas y aspirantes) también hay un único tribunal, lo habitual es que la distribución territorial sea mucho mayor. Y más con la pandemia. Para este proceso se han constituido 474, más que nunca, para evitar aglomeraciones.

«Hay casos de compañeros que deben acudir desde Alicante. No podemos conducir y necesitamos de terceras personas. Que me asignen Xàtiva implicará que para llegar puntual tenga que salir con muchísima antelación, de madrugada, y luego realizar la prueba, que se puede prolongar horas, con la carga que esto supone», relata esta docente, que opta a una plaza de inglés. « Y si quiero ir un día antes es muy complicado encontrar alojamiento adaptado y accesible», lamenta.

Los opositores, que llevan tiempo en contacto mediante las redes sociales, reclaman una planificación diferente, como participar en el proceso mediante los tribunales ordinarios. A través del sindicato Stepv también se ha planteado una opción al menos intermedia: que el primer examen, la parte escrita, la puedan realizar cerca de su residencia, enviándose después las pruebas al tribunal correspondiente. Y fuentes de la conselleria explican a LAS PROVINCIAS que se procederá así, si bien para el segundo ejercicio (de vertiente práctica) tendrán que trasladarse.

«En algunas especialidades hay tres pruebas prácticas, no se pueden pretender tantos desplazamientos», dice Alicia, también opositora, que enlaza con otra de las reivindicaciones del colectivo: las dificultades para disponer de la documentación necesaria para que se aprueben las adaptaciones que precisan para sus exámenes, problema que se ha centrado en la provincia de Valencia.

Políticas Inclusivas debe determinar los medios técnicos o de tiempo que corresponden a estos aspirantes para que las apruebe Educación. «El procedimiento para pagar las tasas está muy claro, pero este no», critica Clara con ironía. Ha tenido que presentar papeles tres veces.

Su compañera Rebeca habla de «inquietud». «No sé si durante la prueba podré tomar la medicación pautada», ejemplifica, antes de explicar que la respuesta a su petición fue que pactara las adaptaciones con su tribunal, «algo que no me corresponde ni a mi ni al tribunal». Además, recela de los elevados porcentajes de suspensos en el turno de diversidad funcional (82% en la última convocatoria). «Somos personas muy esforzadas. Es imposible que suspenda tantísima gente», reflexiona Clara.

Desde Educación replican que por ley deben crearse tribunales específicos para este turno y que el número de aspirantes es muy pequeño (hay muchas especialidades con cinco o seis), lo que imposibilita habilitar sedes más personalizadas ante la cantidad de evaluadores que se precisarían, de ahí que se opte por el tribunal único. «Se intenta buscar un punto que esté a distancias parecidas desde las tres provincias», añaden. «Somos conscientes de la dificultad, que se da en todas las oposiciones, pero atenderemos a quienes lo precisen para facilitar su participación», dicen.