Educación desoye a los jueces y vuelve a marginar a la concertada con los refuerzos de inglés

Aunque ha sido la tónica habitual desde el ejercicio 2016-2017 en esta ocasión hay un matiz importante: el pasado mayo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) consideró que esta distinción entre redes era discriminatoria, por lo que la anuló mediante una sentencia derivada de un recurso presentado por la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval).

Exactamente se consideró contrario a derecho el ámbito de aplicación del decreto correspondiente al 2019-2020 que regulaba la concesión de la ayuda económica a percibir por los auxiliares, que hace las veces de remuneración. Es la misma normativa que la que da cobertura al ejercicio actual, aprobada la pasada semana por el Consell y publicada este miércoles en el DOGV.

El fallo del TSJCV está recurrido ante el Tribunal Supremo por parte de la Generalitat, por lo que no tiene efectividad. Es decir, la decisión de Educación de mantener la discriminación entre las dos redes sostenidas con fondos públicos es legal, si bien desliza que desde el departamento no hay intención de poner remedio, algo que llevan años reivindicando las patronales, las familias y los sindicatos del sector con el argumento de que las obligaciones en materia lingüística son las mismas en pública y concertada, pero no la financiación de los recursos. Otra cosa será que el Alto Tribunal, una vez analice la cuestión, le obligue a cambiar su posición. De momento se gana tiempo: un curso más.

Una alternativa podría pasar por impulsar un programa paralelo para los colegios concertados, como dar ayudas económicas para que contraten personal adicional con las mismas funciones que los auxiliares, algo que sí se ha hecho en otras regiones.

De momento no ha trascendido nada en este sentido. Desde el departamento que dirige Raquel Tamarit explicaron que la normativa del ministerio «es específica para centros públicos, de ahí que hayamos recurrido en casación, y por tanto, la sentencia aún no es firme». Cabe recordar que en el curso 2016-2017 la red concertada se quedó fuera tras haberse beneficiado de los auxiliares con los últimos gobiernos del PP. Según dijo Educación, se tomó la decisión tras una amonestación del área estatal.

Para el curso 2017-2018 el Consell decidió ampliar el número de auxiliares solicitados al ministerio, que apenas llegaban a unos pocos centenares de centros, para cubrir a todos los colegios públicos de Infantil y Primaria. Eso sí, asumiendo la Generalitat el gasto adicional. Para el curso ya iniciado el presupuesto es de 11,2 millones, lo que permitirá alcanzar la misma cobertura en los centros de Secundaria de la Generalitat.

Cada nativo recibe una ayuda mensual de mil euros en concepto de manutención y alojamiento. Su trabajo se desarrollará entre octubre y mayo, con un horario semanal de 16 horas, y entre sus funciones está fomentar el aprendizaje de la lengua y de contenidos curriculares en inglés, así como acercar al alumnado la cultura de su país de origen. Durante su estancia trabajan con diferentes grupos y niveles a decisión del centro y siempre actúan como apoyo del maestro o el profesor especialista.

La sentencia del TSJCV, la recurrida en casación, recuerda en sus fundamentos jurídicos otros fallos relacionados con las políticas de Educación, como la exclusión del alumnado de las universidades privadas de las becas autonómicas, que fue anulada por afectar al derecho a la igualdad y no estar amparada en normativas de rango superior.

En este sentido el tribunal asegura que la ley orgánica estatal (actualmente la Lomloe) tampoco da pie a hacer distinciones, vinculando esta dotación de recursos humanos extraordinarios con la regulación que afecta al alumnado con necesidades de apoyo educativo, pues deben ser adecuados y basarse en criterios similares tanto para la pública como para la concertada.

En clave valenciana también aprecia que no hay lugar para la diferenciación en el articulado de la Ley de Plurilingüismo de la Comunitat, que promueve que los centros den el máximo posible de horas lectivas en inglés (el 25% del total en la enseñanza obligatoria), previendo incluso la dotación de recursos adicionales para alcanzar los objetivos que marca la norma. Uno de ellos es el dominio funcional del inglés.

Además considera que los auxiliares «son herramientas propias del sistema para facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras que enriquezcan los conocimientos idiomáticos de los alumnos de centros educativos, con independencia de su titularidad pública o privada», y rechaza el argumento de la Abogacía de que esta figura puede ser contratada de manera independiente con cargo al concierto.