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«Si no consientes, vas a chupar pollas toda la vida». Con esta contundente frase, pronunciada desde el estrado del parlamento valenciano, abrió la vicepresidenta Mónica Oltra la caja de los truenos. Con la ruidosa afirmación pronunciada en Les Corts el 24 de mayo de 2017, la responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas puso en el punto de mira a un exeducador del centro de menores de Segorbe, gestionado por las Terciarias Capuchinas, al que acusó sin tapujos de haber sometido a abusos sexuales a una menor de 17 años. Oltra no dio su identidad completa, aunque sí se refirió a él con su nombre de pila y citó que había sido concejal del Ayuntamiento del citado pueblo de Castellón, datos más que suficientes para identificarlo en un municipio de algo más de 8.000 vecinos.
«He perdido mi empleo. He perdido mi piso. Hace dos años que dejé el Centro de La Resurrección de Segorbe, me ha tocado irme a otro municipio. He pasado muchas penurias». Ahora, en una carta hecha pública y que ha dirigido a la propia Mónica Oltra, el señalado F. Z. V. anuncia una querella contra la vicepresidenta. Y lo hace después de que el juzgado de lo penal número tres de Castellón, en sentencia ya hoy firme, haya absuelto al educador social de los abusos sexuales. La resolución refiere las «numerosísimas contradicciones» en que incurre la supuesta víctima y su no coincidencia con lo que testificó su entonces novio, según indica el exmonitor de menores.
F. Z. V. dice haber iniciado ya el consiguiente procedimiento de conciliación (trámite previo para llegar a un posible acuerdo antes de la fase de querella) así como la vía penal «por las declaraciones de la vicepresidenta porque son presuntamente constitutivas de un delito de acusación y denuncia falsa que ha ocasionado daños irreparables al trabajador social y a su entorno».
En la carta remitida a la vicepresidenta, el afectado (quien además es letrado y educador social «con 16 años de experiencia», según destaca él mismo) le reprocha «no respetar para nada las garantías procesales ni constitucionales; defender el 'interés superior de un menor' no conlleva implícito el atropellar necesariamente o tener que vulnerar los derechos de un adulto».
La misiva contiene incluso acusaciones del empleado despedido hacia Oltra de usar en su propio beneficio información pública. Hay que recordar que la Agencia de Protección de Datos ya archivó una investigación contra la vicepresidenta al considerar que no había revelado datos sensibles ni de adolescentes ni de adultos en su comparecencia en Les Corts. «Usted tergiversó, manipuló y sacó a la luz pública la información de su propio departamento, como le dio la gana y le fue de su conveniencia», opina sin embargo el afectado. El perjudicado critica que en este caso, «el sistema de alarma existente en todos los centros docentes, falló». Según F. Z. V., la consellera omitió en su comparecencia que en el propio informe técnico realizado por la conselleria subraya que «la menor no ha sido víctima de ningún abuso, que de haberlo sido se hubieran tomado otras medidas con el educador».
El afectado también lamenta que la vicepresidenta utilizara el episodio ahora descartado por un juzgado «para justificar su gestión». En la carta lamenta que Oltra no respetara los tiempos de la presunción de inocencia: «Por lo menos debería haber esperado a que la Justicia se pronunciara».
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