«Se nos hace elegir entre ciencia o vida personal»

Dedicarse a la ciencia no es rentable en España. Inestabilidad laboral, concatenación de contratos temporales o sueldos mileuristas son algunas de las características que condicionan la carrera de los que quieren dedicarse a la investigación.

Coincidiendo con el anteproyecto de la Ley de Ciencia presentado por el Gobierno una veintena de organizaciones impulsaron ayer concentraciones en diferentes ciudades como medida de presión para que se escuche su voz. En Valencia reunió a algo más de un centenar de personas en la plaza Alfonso el Magnánimo, donde se pudieron escuchar consignas como «sin ciencia no hay futuro» o «yo investigo, no mendigo».

«La precariedad define al personal investigador», explica Elia Bernardos, de la asociación FPU Investiga. «Hay personas muy cualificadas encadenando contratos, y cuando se acaban no hay garantía de acceso a una carrera laboral», explica. También cuestiona las condiciones salariales de dos de las principales ayudas predoctorales (FPI o FPU), cuya retribución al inicio es de un 56% en relación a la de un funcionario del grupo A1 (70% el cuarto año) o la precariedad de otros colectivos fundamentales, como los técnicos. «Tenemos vocación de devolver a la sociedad la posibilidad de formarnos, pero se nos está penalizando», reflexiona.

Mireia Uranga está contratada mediante una FPU, terminando su tesis. «Además de nuestra investigación tenemos que colaborar con la universidad, por ejemplo dando clases, pero sin remuneración por ello», explica, antes de criticar la citada ponderación salarial. Y es que cobrar unos 1.200 euros al mes -mil en los dos primeros años- y la incertidumbre de futuro complican cualquier proyecto vital.

Paz Merelo, investigadora postdoctoral de la UPV, pone el foco en una crítica bastante repetida durante la concentración: las diferencias respecto a otros países. «Si quieres prolongar tu carrera científica en España es necesaria una estancia fuera», explica. Ella la hizo en Alemania, durante cinco años, y a la vuelta pasó uno en paro y tuvo que ingeniárselas para buscar financiación para su proyecto. «Pese a la experiencia adquirida cobras la mitad o incluso menos», relata.

Ascen Andrés, de la organización FPI en Lucha, empezó con un contrato de obra y servicio de media jornada, «pero se me dijo que tenía que hacerla completa para poder sacar adelante una investigación digna. Es un sistema tan competitivo que te exige rendir al máximo», señala. «Trabajas en fin de semana y festivos», ejemplifica.

Después consiguió la ayuda para el doctorado (cuatro años), aunque se tiene que pagar la matrícula porque la asignación se consumió para sacar adelante la estancia en el extranjero. Son unos 300 euros al año. «Se me acaba el contrato en abril y no sé si tendré derecho a indemnización, actualmente no se contempla en el anteproyecto. No sé qué pasará, tengo compañeros con cuarenta años encadenando contratos. Se nos hace elegir entre la ciencia y la vida personal», dice.

Una de las reivindicaciones de las entidades convocantes era, precisamente, que esta indemnización se aplicara a todos los contratos vigentes y no sólo a los que se firmaran a partir de la entrada en vigor de la ley. Pero la presión ha servido para conseguir el compromiso de la ministra Diana Morant de que sí se les reconocerá. Aunque para ello habrá que esperar a que la nueva regulación despliegue efectos.

Entre las reivindicaciones de las entidades está la creación de un estatuto del personal de la investigación que regule sus derechos como trabajadores, la modificación de las retribuciones mínimas de los predoctorales o la eliminación de la tasa de reposición para facilitar la estabilización. Antonio Ruiz, del sector científico de la CNT, añadió que también es básico acabar con la externalización de servicios, mejorar la indemnización prevista (doce días por año trabajado) y fomentar contratos fijos como escudo ante la fuga de talento y «para evitar la concatenación» de los mismos.

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