Emergencia energética frente a la conservación del territorio

Las leyes aprobadas por las administraciones central y autonómica para acelerar la implantación de instalaciones de energías renovables están provocando en la Comunitat, por una parte, la presentación de una gran cantidad de proyectos que, a su vez, están conllevando el rechazo por parte de municipios y colectivos, en la práctica totalidad del interior, que consideran que afectan a la agricultura y a su patrimonio natural.

Desde que se iniciaron las movilizaciones advirtiendo del impacto negativo de estos proyectos en sus respectivos territorios, los organizadores siempre han dejado claro que no están en contra de las energías renovables. El problema está en la ubicación y piden que se rectifique, en este caso, el decreto-ley del Consell, para regular mejor dónde implantar estas plantas eólicas o fotovoltaicas para que toda la sociedad gane.

Desde la Unión Española de Fotovoltaicas, su director, José Donoso, desmiente la falta de regulación y asegura que tanto desde el Ministerio, como desde las consellerias implicadas se examinan los proyectos de manera exhaustiva y los que tienen un impacto negativo no se permiten.

De hecho, ayer mismo el Diario Oficial de la Generalitat publicaba la denegación de un proyecto por parte de la Conselleria de Economía Sostenible en el término de Mutxamiel por el informe negativo del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, por la existencia de un Bien de Relevancia Local a menos de 500 metros de donde se proyectaba.

Donoso también subraya que ninguna empresa va a querer ubicarse donde encuentren rechazo y aboga por el consenso entre empresas, ayuntamientos y sociedad. "Nosotros intentamos que se haga lo mejor posible. Hemos sacado un certificado de excelencia por el que se garantiza que no se ubiquen en espacios protegidos, que no se hagan por expropiación, que estén lo más integradas posible en el paisaje y que deje el máximo de rentabilidad posible en la zona".

El director de la asociación que aglutina a las empresas de fotovoltaicas del país apela a la emergencia energética y pide a municipios y ciudadanos "que asuman su responsabilidad, que si hay impacto negativo no lo van a autorizar, pero tienen que contribuir a frenar el cambio climático y que haya energía más barata" y subraya que la transición a las renovables será imposible si nadie quiere tener plantas en sus territorios.

El argumento del abaratamiento de la energía, desde el punto de vista del mundo académico como el profesor de Ecología de la Universidad de Alicante César Bordehore, es "una cuestión indirecta". "Toda actividad es lícita, pero se ubique donde toca", manifiesta y subraya que "hay lugares donde el valor del paisaje es mucho mayor que el de las placas, porque hay muchas otras actividades que viven de ese paisaje".

El problema que se ha creado, principalmente en la Comunitat Valenciana, según Bordehore, es "la avalancha de solicitudes para proyectos de megaplantas, que ha sobrepasado la capacidad de los ayuntamientos". Al respecto, recuerda que la mayoría de los planeamientos urbanísticos no cuentan con la regulación para este tipo de proyectos, como ya pusieron de manifiesto algunos en las comarcas de la Costera o la Vall d'Albaida, que optaron por la suspensión de licencias para los mismos, mientras modifican los planes de ordenación urbana.

"Casi todos los ayuntamientos, para atraer inversiones e infraestructuras, calificaron como suelo rural común gran parte de sus términos y ahora se exponen a que la mitad del mismo se pueda llenar de placas solares", explica.

El profesor también pone en entredicho los beneficios que puedan generar en los municipios donde se ubiquen estas plantas. "El beneficio para la población es ninguno. Solo para el propietario del suelo, que no suele vivir en el municipio y que consigue una renta de 1.200 euros por hectárea y año, por 25 años", señala.

Recuerda también la importancia de preservar el suelo agrícola fértil, porque "es un recurso que es escaso y se agota" y en la Comunitat Valenciana, "independiente de que haya más o menos agua, es el de los más fértiles. Perder ese suelo fértil por placas desde el punto de vista social, pero también desde el económico, es una barbaridad", subraya.

Asegura que hay otros suelos que no tienen valor y que no son de interés para la sociedad donde pueden ubicarse y señala las zonas urbanas, en techos de aparcamientos y edificios, "son más caras de gestionar para las empresas, pero mucho más baratas para la sociedad y las administraciones deben regular para decir dónde debe de ir porque los intereses generales están por encima de los particulares", concluye.

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