Emergencias, una cartera de segunda división en el Gobierno valenciano

Las intenciones del Consell de Mazón desde el primer momento fue despejar largo una delegación que no trae más que problemas. En la negociación con Vox para cerrar gobierno, el área de Emergencias fue traspasada a las manos de un partido en el que uno de sus postulados estrella es el negacionismo sobre el cambio climático. Los populares renunciaron a esas competencias y las desviaron a manos de Elisa Núñez, una abogada que tuvo que dejar el cargo en julio de 2024 después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, ordenara la ruptura de las coaliciones con el PP en todos los gobiernos autonómicos después de que el partido de Núñez Feijóo no se opusiera al reparto de jóvenes migrantes en distintas autonomías por parte del Gobierno de Sánchez.

Una crisis de gobierno forzada, que llevó a Mazón a encajar de nuevo sus piezas y a reubicar a Salomé Pradas, que no estaba dando la talla en el área de Medio Ambiente e Infraestructuras, en la conselleria de Justicia, Interior y Emergencias. El presidente de la Generalitat echó mano de su peón más débil para cubrir una de las áreas menos vistosas y más complicadas de un gobierno, la que siempre trae quebraderos de cabeza. Emergencias viene a ser como el portero en un equipo de fútbol, el único jugador que si comete un fallo ya no hay vuelta atrás.

Para la socialista Gabriela Bravo el tren de Bejís fue la gran sombra de su mandato. El 17 de agosto de 2022, un convoy con 49 pasajeros que unía Valencia con Zaragoza entró de lleno en un pavoroso incendio que quemó miles de hectáreas en varios términos de la provincia de Castellón. Nadie había avisado a la maquinista de la situación y hubo un grave error de comunicación desde Emergencias en un suceso que dejó seis heridos graves y una veintena de carácter leve. El resultado de las indagaciones cuestionaron la falta de previsión de los Bomberos y el deficiente canal de comunicación entre Emergencias y Adif, o mejor dicho, la ausencia de comunicación.

A Salomé Pradas, la nueva consellera tras la espantada de Vox, le venía como anillo al dedo el área de Justicia pero era una novata absoluta y carecía de toda preparación para llevar la delegación de Emergencias porque ni en su trayectoria pública ni en su etapa en la privada había tenido contacto alguno con este tipo de asuntos. A pesar de eso, el jefe del Consell, Carlos Mazón, la colocó a las puertas del verano, cuando los incendios forestales son más probables.

De la misma manera que hubo otra decisión, de las primeras que tomó el Consell de Mazón, que al echar la vista atrás se abre un debate sobre si fue acertada: la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias que impulsó el anterior presidente, Ximo Puig, como una UME valenciana para dar una rápida respuesta a una situación de emergencia.

La creación de la UVE, que se anunció en uno de los debates de política general como uno de los grandes retos a futuro, se llegó a formalizar vía decreto y se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat. La medida se impulsó como una de las primeras decisiones para reestructurar el sector público valenciana, como ejemplo de austeridad por parte de un Consell del PP que había llegado para acabar con el despilfarro en la gestión de la que acusaba al Botánico.

La UVE tomó impulso a partir de la dana que asoló la comarca de la Vega Baja en 2019 y a partir de la pandemia de coronavirus. La estructura de este cuerpo partía de la ya existente en el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, y se constituyó bajo la dependencia de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta. El objetivo de la UVE era «mejorar el apoyo a la ciudadanía en situación de catástrofes» en la Comunitat Valenciana y dar cobertura a otras regiones en el caso de que así fuera necesario. Un cuerpo de emergencias que no pasó de ser más que un decreto a causa de un pulso político.