La propietaria de la planta de Requena que ardió en abril se enfrenta a una multa de hasta 200.000 euros

La Conselleria de Medio Ambiente suspendió de manera cautelar la Autorización Ambiental Integrada de la planta de Requena e impuso medidas a la empresa gestora mientras elaboraba el expediente sobre los hechos que está a punto de cerrarse. De esta forma, la empresa propietaria de la planta se enfrenta a una multa de hasta 200.000 euros.

Como ya se anunció en su momento, al margen de la multa, el expediente que ha abierto la conselleria puede concluir con la clausura de la instalación. En esos días la propia consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, lanzó un mensaje de advertencia a la empresa gestora de la planta recordándoles la posibilidad de decretar el cierre de la infraestructura ante la falta de colaboración que había mostrado durante las tareas de extinción del incendio.

No hay que olvidar que en las tareas de extinción dos operarios tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia después de haber inhalado fuertes cantidades de humo.

Y hay que tener en cuenta que la empresa no se personó cuando fue requerida durante las tareas de extinción. Ahora la firma tiene que retirar los restos calcinados y en el caso de que no lo haga será Medio Ambiente quien proceda a deshacerse de ellos cargando el coste a la propietaria.

En estos momentos la planta se encuentra clausurada por la Guardia Civil y únicamente se permite el acceso a los técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente que en breve van a hacer catas en las montañas de restos para verificar que el incendio está totalmente extinguido antes de proceder a la retirada de los desechos.

El fuego, que se inició el 15 de abril, estuvo durante más de dos semanas activo. El incendio creó mucho malestar en los municipios aledaños ante el riesgo de que el aire se intoxicara o que acabara repercutiendo en el acuífero que se encuentran en la zona. Afortunadamente nada de esto ha sucedido.

Las mediciones del aire, que se tomaban diariamente, revelaron que los niveles se movían dentro de los parámetros normales y no puso en peligro a la población. También se ha desechado que haya habido filtraciones al acuífero.

La extinción del incendio fue compleja. Durante los cinco primeros días los bomberos procedieron a atajar el fuego con agua, pero después se abandonó este procedimiento y se procedió a enterrar los vertidos en montañas de tierra para sofocar las llamas dejándolas sin oxígeno. Fue la maquinaria pesada de la empresa Tragsa la que tomó el protagonismo para hacer frente al incendio y ahí estuvieron trabajando casi durante dos semanas más hasta que el fuego se consiguió declarar como extinguido.

El paso siguiente es la depuración de responsabilidades. Personal técnico y político de la Conselleria de Medio Ambiente ha estado en contacto con representantes municipales y vecinales para estudiar las líneas de actuación.

Y es que el suceso fue toda una odisea para los vecinos de las poblaciones aledañas. Durante el incendio desde el Ayuntamiento se tomaron una serie de medidas preventivas ante la fuerte humareda que acompañó a las llamas y que sobre todo afectaron a la pedanía de San Antonio.

Desde la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente se recomendó a la población reducir toda actividad al aire libre y posponerlas para cuando la calidad del aire fuera . Además se aconsejó la utilización de medios de protección como la mascarilla en caso de tener que realizar trabajos en el exterior.

Esas medidas fueron recomendadas especialmente para los grupos de riesgo como las personas mayores, niños y enfermos con afecciones respiratorias. Para ellos se instó a evitar la estancia prolongada al aire libre, además de seguir el plan de tratamiento médico meticulosamente.