La enfermería escolar y el blindaje del castellano no interesan al Botánico

Dicho de otra manera, la Ley por la que se regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el Consell del Botánico aprobó en 2017 como un ejercicio de salud democrática no ha tenido aplicación práctica. En lenguaje coloquial, no ha servido para nada. Aún. Y lo peor es que la culpa es de sus señorías y sus mayorías, o lo que es lo mismo, de los partidos del Botánico, pues los hechos demuestran que no ha habido interés en que la norma tuviera recorrido. Y es llamativo, pues la llave para que cualquier ley popular tuviera una mínima opción de salir adelante seguía en manos de los partidos que sostienen al Consell, lo que indica que no se ha querido, siquiera, que se produzca debate.

A lo largo de la legislatura se han presentado seis propuestas, de las que dos fueron retiradas. Las cuatro restantes piden una reducción de la ratio máxima de alumnos por aula y ha sido impulsada por el sindicato Stepv; que la enfermería escolar exista en todos los centros educativos, dependiente de otra organización sindical, CSIF; un cambio en el modelo lingüístico para garantizar la opción de estudiar mayoritariamente en castellano en cualquier municipio -presentada por la asociación Hablamos Español- y la gratuidad de los productos del periodo, promovida por miembros de Esquerra Republicana del País Valencià. Las tres últimas han superado las firmas necesarias para su tramitación, y la primera, más reciente, está en fase de recogida.

El citado partido, sin representación en Les Corts, también presentó las dos propuestas aparcadas. Estaban relacionadas con el plurilingüismo educativo aunque en una dirección completamente distinta a la anterior.

La actual ley de ILPs actualiza la norma de 1993, permitiendo la tramitación de propuestas con diez mil rúbricas en lugar de 50.000, y los plazos establecidos hablaban de que en un año aproximadamente desde la presentación podrían someterse al criterio del pleno de Les Corts. Con este periodo en la mano tres de las cuatro iniciativas habrían llegado a tiempo -salvo la de las ratios, que se presentó en julio de 2022- pero no ha podido ser.

Dos claves justifican su falta de efectividad. Por un lado no se ha actualizado el reglamento de funcionamiento de Les Corts. Mientras que la ley dice que uno de los proponentes defenderá su proyecto ante el pleno, aquel deja claro que la intervención es una prerrogativa exclusiva de los diputados. Para solventar la contradicción la ley de 2017 preveía la modificación del reglamento en un plazo de seis meses tras su entrada en vigor. Ninguno de los partidos del Botánico, que lógicamente apoyaron la norma sobre ILPs, lo ha planteado en sede parlamentaria. Lo hizo Vox en junio de 2022, aprobándose su propuesta de reforma, pero hasta la fecha no se ha tramitado.

Por otro lado, la alternativa a no intervenir en el pleno, la opción preferida por los proponentes, muy jugosa en términos de visibilidad, era hacerlo en la comisión parlamentaria correspondiente. Es cierto que la iniciativa sobre productos del periodo se remitió a la de Sanidad en marzo de 2022 y la de la enfermería escolar en enero de 2023, pero pese a los meses transcurridos no se han llegado a tratar.

Leer ahora el preámbulo de la ley de ILPs resulta chocante. Justificaba su necesidad en que existía «una demanda ciudadana de mejora de la información, transparencia, publicidad de la actividad legislativa y legitimidad de las leyes y decisiones de Les Corts», así como en mejorar la regulación anterior y en garantizar «la participación directa de la ciudadanía en el debate parlamentario». Sobre esto decía que «la democracia exige que se haga partícipe del sistema del parlamentarismo al pueblo en la mayor medida posible, abandonando modelos del pasado en los que su incidencia queda limitada al acto de la elección de representantes cada cuatro años». Bonita paradoja, porque las cuatro iniciativas dependerán del resultado de las urnas el 28-M.