La enseñanza en castellano o valenciano se empieza a votar el 23 de noviembre

Decenas de miles de padres y madres de alumnos están llamados a elegir, el próximo 23 de noviembre, a sus representantes en los consejos escolares de sus colegios e institutos. Por desgracia lo harán muy pocos, entre el 10% y el 15% del total si se tienen en cuenta los resultados de los procesos previos.

Sin embargo, los resultados de los comicios son importantes teniendo en cuenta que los consejeros escolares tienen capacidad de influencia en el devenir de un centro, especialmente si es público: deben aprobar el presupuesto, participan de la rendición de cuentas, intervienen en cuestiones de convivencia y de orden disciplinario, pueden plantear propuestas de mejora, participan en la elección o renovación del equipo directivo y aprueban la Programación General Anual (PGA), donde se recogen todas las actividades a realizar durante el curso, desde talleres complementarios hasta excursiones.

Además, tienen un peso fundamental en aspectos que suelen resultar espinosos entre las comunidades educativas, como el peso de las lenguas en la enseñanza, que cambiará aunque no se sabe bien cómo en la mayoría de los centros, o la implantación, si es que no se aplica ya, de la jornada lectiva de mañanas.

Las elecciones llegan cada dos años (en los impares) y se celebran en los centros públicos y concertados, que son alrededor de 2.500 en la Comunitat. Y no sólo afectan a las familias. También a los docentes y a los alumnos, que eligen a sus representantes, aunque estos últimos, en el caso de los colegios, no tienen derecho a voto en las sesiones. Los sectores son estancos, es decir, las familias sólo pueden seleccionar a sus candidatos sin intervenir en los procesos de los otros estamentos, y exactamente se renueva la mitad del órgano.

En el ámbito de las familias, para un centro tipo de Infantil y Primaria, el día 23 se renovará a los cuatro consejeros que acaban mandato. Sus sustitutos saldrán de entre los candidatos que se presenten (tienen hasta el día 7 para hacerlo), aunque el total de representantes de los padres y madres se eleva a ocho. Los restantes se quedan para la siguiente renovación, que llegará en 2025. En el caso de un instituto con un perfil habitual, serán dos (de cuatro en total). En ambos casos hay otra plaza adicional reservada para un miembro de la AMPA.Y los nombramientos se prolongan durante cuatro años.

El plazo es importante, porque las personas que entren participarán en la elección del próximo programa lingüístico que determinará el peso del castellano y el valenciano en la enseñanza de sus hijos. De momento sólo se conoce un cambio inmediato, que afecta a los 243 centros situados en los 76 municipios ubicados en zonas castellanohablantes. A partir de enero y antes del proceso de admisión del siguiente curso, la dirección del centro deberá convocar al órgano para decidir si se mantiene el proyecto o se modifica, pudiendo cambiar al castellano cualquiera de las materias que hasta ese momento vinieran impartiéndose en valenciano, con la única excepción de la lingüística propiamente dicha. Así, cabe la opción de quedarse únicamente con la de Lengua y Literatura Valenciana.

No es el único cambio que introducirá el Consell del PP en este sentido aprovechando la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2024. También se reducen los apoyos necesarios para sacar adelante el nuevo proyecto lingüístico, pues sólo se requerirá de una mayoría simple de los consejeros con derecho a voto, en lugar de los dos tercios que fijó el Botánico en su Ley de Plurilingüismo. Por tanto, la elección de los candidatos cobra más importancia si cabe a la hora de decidir en un sentido u otro.

Por ejemplo, en un colegio tipo hay veinte consejeros con derecho a voto, por lo que sumando a los nueve que representan a las familias, al del Ayuntamiento y al del Personal de Administración y de Servicios (PAS) ya se alcanzan los suficientes apoyos para decantar la balanza. Dicho de otra forma, aunque todo el profesorado votara en contra la propuesta saldría adelante. Con el sistema del Botánico sería necesario también el voto favorable de al menos tres docentes, tanto representantes del claustro como miembros del equipo de dirección.

Respecto a los colegios de zonas valencianoparlantes, que son la gran mayoría, el único cambio posible sigue bajo el paraguas de la ley botánica: que la dirección considere necesario modificar el peso de las lenguas y convoque al consejo escolar para ello, precisándose de los citados dos tercios de votos favorables.

En cualquier caso, los consejeros que entrarán a partir del día 23 en estos centros sí estarán activos cuando lleguen las modificaciones anunciadas por el PP en relación a la ley, pues los referidos a los territorios de predominio castellano son sólo un parche hasta que se modifique todo el modelo heredado. Eso sí, la solución transitoria (para zonas castellanohablantes) da pistas de por dónde pueden ir los tiros, como la exigencia de una mayoría simple, siempre que los actuales gestores mantengan la posibilidad de que los consejos escolares participen en la decisión.

Respecto a la jornada continua, un asunto quizá más polémico que el lingüístico, al menos en las zonas valencianohablantes, no hay modificaciones a la vista. Si un colegio público quiere abandonar la partida en favor de la intensiva tendrá que presentar un proyecto horario que deberá contar con el apoyo de dos tercios del consejo escolar por un lado y del claustro por otro. Si es así, se autorizará a la escuela a realizar una consulta vinculante entre todos los padres y madres del censo.

En cuanto a los colegios concertados, que también están bajo el paraguas de la Ley de Plurilingüismo y tendrán la posibilidad de acogerse a la modificación que plantea la ley de acompañamiento (sólo los de municipios castellanohablantes), los consejos escolares deben ser informados, pero la decisión queda en manos de las respectivas titularidades.

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