La escuela pública da la espalda a la consulta lingüística y Rovira contesta: «Dejamos que decidan las familias»

Al calor de la negociación -el lunes se trató en la mesa de Padres- han sido varias las voces que han cuestionado el procedimiento, desde sindicatos docentes hasta asociaciones de directores, pasando por la principal organización de Ampas, la Confederación Gonzalo Anaya. Todas tienen en común que representan a colectivos de la red pública y plantean argumentos como que el nuevo modelo carece de fundamentos pedagógicos, no garantiza las suficientes plazas de valenciano, genera burocracia o que la decisión debe quedar en manos del consejo escolar.

Preguntado por esta sucesión de críticas, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha dejado claro que se seguirá adelante con las fechas previstas (entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre) y que no se moverá un milímetro de su postura. Ninguna sorpresa atendiendo a que la nueva ley es una medida programática del PP y que implica acabar con el sistema heredado del Botánico, que en la práctica supuso una importante pérdida de peso del castellano como lengua principal de instrucción.

«Me llamó la atención que una importante organización de Ampas (en referencia a la Gonzalo Anaya) me criticara diciendo que hacía dejación de funciones, porque en lugar de ser nosotros los que decidíamos en qué lengua base estudian los niños dejaremos que sean los padres. Porque es lo que vamos a hacer, que sean las familias las que decidan», ha explicado a los medios tras la firma de un convenio con Avacu.

El director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez, se ha pronunciado en términos similares tras la mesa, defendiendo que «por primera vez la planificación se realizará a partir de la demanda de las familias y no al revés». También ha destacado que el modelo diseñado «busca recuperar el derecho de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano a que todos los alumnos puedan estudiar en su lengua habitual». En ese sentido, ha destacado que las familias «son las que conocen mejor que nadie cuál es, por lo que la administración no debería decidir por ellas».

En cuanto a las críticas, la citada confederación de Ampas, mayoritaria en la escuela pública, ha pedido la retirada del borrador de resolución al considerar que la consulta no garantizará la posibilidad de estudiar en valenciano en ninguna de las dos zonas de predominio lingüístico (en realidad, todo dependerá de los votos para cada lengua, incluso aunque sean minoritarios), y ha advertido de que la aplicación de criterios de prelación provocará que haya alumnos cuyos hijos no tengan plaza en la opción elegida por sus padres.

También se ha pronunciado en contra la asociación de directores de Escuela Pública de la Comunitat (ADEP-PV), que pide repensar el sistema al considerar que el previsto implica una elevada carga burocrática para los centros. Además, defiende que debe ser el consejo escolar el que determine el proyecto lingüístico (como sucedía con la Ley de Plurilingüismo botánica) y considera que cambiar la lengua base a mitad de ciclo escolar es pedagógicamente injustificable», por lo que considera que de impulsarse una modificación debe ser en el inicio de la escolarización.

En términos similares se ha pronunciado el sindicato docente mayoritario, el STEPV, que considera que «la supuesta libertad es en realidad una farsa porque a muchas familias y alumnado se les impondrá la lengua que no han solicitado». Se refería tanto a los que no consigan los suficientes puntos en los criterios de preferencia (proximidad, discapacidad o tipo de familia) como a los progenitores que no voten o lo hagan de manera irregular, pues en estos casos decidirá la administración, si bien se intentará que exista continuidad respecto a la lengua base de cursos anteriores.

UGT PV, por su parte, estudia acciones legales al entender que la consulta puede vulnerar los derechos lingüísticos del alumnado y la autonomía de los centros, critica que «margine al valenciano» y advierte de incertidumbres como que en 6º de Primaria se votará sin saberse si en el instituto de adscripción se respetará esa decisión. En teoría debe ser así, y si son varios los centros que trasladan alumnos al mismo se tendrán que ponderar los resultados, según el borrador de la resolución.

Desde CC. OO. PV se destaca que se quiere «poner obstáculos» a la enseñanza en valenciano, que afecta a la autonomía pedagógica de los centros y a la aplicación de Xarxallibres, en el sentido de que en un nivel puede haber una lengua oficial mayoritaria y en el siguiente la otra. ANPE CV también pide la retirada por la carga burocrática que generará y por «menospreciar» al consejo escolar, destacando además que el profesorado ya no tendrá ninguna participación en la decisión. Por último, CSIF «no es partidario» de efectuar la consulta por la sobrecarga administrativa y recuerda que la ley no ha sido negociada.