La espera media para obtener el certificado de discapacidad supera los siete meses en Alicante y Castellón

La campaña #EsperaYDesespera impulsada por Cocemfe en las principales ciudades españolas pretende visibilizar las demoras que sufren los discapacitados a la hora de obtener el certificado que acredita su situación y que les permite optar a las ayudas y servicios que les corresponden por ley. Sin embargo, los datos referentes a estas demoras aportados por la entidad -señalan que en los casos más extremos llegan a los dos años en la Comunitat y que, de media, oscilan entre los seis y los 18 meses en función de cada provincia-, no han sentado nada bien a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, desde donde señalan que son «totalmente incorrectos».

En concreto, desde el departamento liderado por Mónica Oltra, y en base a los datos que maneja la Dirección General de Diversidad Funcional, el tiempo medio de resolución de expedientes es de siete meses y 19 días en Castellón, siete meses y diez días en Alicante y sólo dos meses y 21 días en Valencia, por lo que únicamente en esta última provincia se cumple el plazo máximo de tres meses marcado por la normativa.

Así, la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana establece en el punto 'h' de su anexo que la obtención del certificado de discapacidad es uno de los procedimientos administrativos declarados de emergencia ciudadana, mientras que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas fija que el plazo máximo para resolver estos procesos «no podrá exceder de seis meses». En los casos de procedimientos de emergencia, como es el caso del certificado de discapacidad, este plazo se acorta a la mitad, por lo que queda fijado en tres meses.

De esta forma, los solicitantes no pueden beneficiarse de las ayudas y servicios previstos al carecer del certificado hasta su obtención y eso es, precisamente, lo que genera malestar en el colectivo. Al respecto, el vicepresidente de Cocemfe Valencia, Ezequiel Ruiz, hizo referencia a las consecuencias de esta situación: «No recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo nos perjudica en el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud… y también nos impide acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades. Es un sistema de derechos al que se nos está impidiendo acceder, con las graves consecuencias que esto tiene para nuestra plena inclusión y participación activa en la sociedad», ha denunciado.

• Temas
• Discapacitados
• Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas