El PP estudia la vía legal para llevar la normativa ante el Tribunal Constitucional

El PP está estudiando las vías legales para recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Plurilingüismo aprobada en 2018 en Les Corts por «no garantizar la libertad de los padres en la elección de la lengua vehicular en la educación». La síndica del grupo parlamentario, Isabel Bonig, anunció que han encargado a un grupo jurídico que estudie la posibilidad no solo de poner a disposición de los padres la vía para impugnar los proyectos lingüísticos de los centros, sino también la forma de recurrir ante el Constitucional la citada ley.

Bonig dijo que existe un modelo de recurso «con muchas posibilidades» de poder presentarse y que se anunciará una vez esté estudiado jurídicamente. Añadió además que se tratará de llevar ante el Constitucional antes de que el PSOE «acabe con la independencia» de este tribunal y «de toda la justicia». La Ley de Plurilingüismo, dijo, «no garantiza» la libertad de los padres para elegir la lengua vehicular, por eso el PP asistirá hoy a las concentraciones convocadas en varias localidades de la Comunitat y a la manifestación de Orihuela, a la que también acudirán representantes de Ciudadanos y de VOX.

A juicio de Bonig, el Gobierno Valenciano no está desarrollando la ley vía reglamentos y órdenes porque sabe que el PP las impugnaría en los tribunales y «ganaría», como ha ocurrido en «más de 40 sentencias» del TSJCV.

Cabe recordar que cuando se aprobó la ley, ningún grupo político del Congreso ejecutó la opción de impugnarla -bastaban 50 diputados- si bien el Gobierno de Rajoy abrió la comisión bilateral para pedir cambios, lo que podría haber derivado en un recurso. Tras la llegada de Sánchez a la Moncloa con la moción de censura se cerró esta vía.

Por otro lado, la diputada autonómica y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, pidió al portavoz de Cs, Toni Cantó, que «se asesore un poco más» en cuestiones educativas después de decir que el PP «abrió la puerta» a que en las zonas de predominio lingüístico del castellano se pueda «imponer» el valenciano.

Catalá defendió que cuando fue consellera se aprobó la única norma sobre plurilingüismo «que ha contado con el consenso de toda la comunidad y en la que no hubo ningún recurso judicial». «Más estudiar, más trabajar, más imponer recursos y menos postureo», dijo.