El PP exige al Gobierno que garantice líneas en castellano en las comunidades con dos lenguas oficiales

El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley que insta al Gobierno a garantizar el uso del castellano en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, como la valenciana. El documento, firmado por la diputada valenciana Belén Hoyo y por la portavoz Dolors Montserrat, incluye varias propuestas, desde crear una legislación básica, estatal, que recoja «el derecho constitucional de uso del castellano en toda España» hasta garantizar la «libertad real y la igualdad de condiciones» en la Comunitat, Cataluña, Baleares, Galicia, País Vasco y Navarra. También plantea que en el marco de la reforma educativa que ultima el Ejecutivo se contemple «el derecho a la enseñanza del castellano y en castellano en el marco de un bilingüismo o plurilingüismo integrador». En otras palabras, la propuesta va un paso más allá de exigir que la lengua española tenga presencia en el currículum, sino que además pueda ser la base de la enseñanza para las familias que quieran que sus hijos se formen con el castellano como lengua principal.

La PNL, más allá de ser un gesto simbólico -con toda seguridad será rechazada-, da una pista clara del pilar sobre el que el principal partido de la oposición sustentará su rechazo a la ley Celaá, que en las próximas semanas iniciará su tramitación parlamentaria. Cabe recordar que uno de los aspectos que recoge el anteproyecto es la eliminación de la idea, plasmada en la Lomce, de que el castellano debe tener una proporción razonable en el horario lectivo, dejando todas las decisiones en relación al binomio lengua estatal-lengua autonómica en manos de las comunidades.

En el terreno de las hipótesis y en clave valenciana, la aplicación de una normativa que bebiera de esta PNL tendría alguna consecuencia. El castellano está garantizado por la Ley de Plurilingüismo de Les Corts, pues exige que sea la lengua vehicular en al menos el 25% de las horas lectivas durante toda la escolaridad. La única excepción que se permite se da en los tres cursos de Infantil, donde cabe la opción de posponer su utilización, que ya es obligatoria desde 1º de Primaria. En la actualidad hay unos doscientos centros que se han acogido a esta posibilidad al adoptar un programa lingüístico experimental, según la información desvelada por el grupo parlamentario de Ciudadanos.

En el caso de que el hipotético reglamento estatal enfatizara la idea de la igualdad de condiciones entre las lenguas o la necesidad de que exista oferta educativa basada en el castellano, la cosa cambiaría. Por ejemplo, podría sembrar dudas sobre la obligación de la Generalitat -recogida en la Ley de Plurilingüismo- de promover que los centros apliquen programas que impartan el 50% de las horas en valenciano, el 25% en inglés y el 25% en castellano. Sin olvidar que para ello se prometen incentivos. Tampoco se puede dejar de tener en cuenta la obligación estatutaria de potenciar el valenciano.

También obligaría a rehacer el mapa escolar, pues la garantía de estudiar con el castellano como lengua principal depende del municipio. Fruto de las políticas lingüísticas del Consell, en los últimos cursos algo más de sesenta localidades han dejado tener oferta de líneas en castellano en Infantil y Primaria en la red pública porque todos sus centros basan su modelo en una mayoría (de diferente grado) de materias en la lengua propia.

El cambio, que ha implicado en muchos casos que no exista alternativa (no hay plazas concertadas, más proclives al castellano) se ha fundamentado en la desaparición de la opción de que en una misma escuela se formen grupos separados que utilizaban o bien el castellano o bien el valenciano. Tanto con el fallido decreto de 2017 como con la Ley de Plurilingüismo 2018 el centro (básicamente el equipo docente) proponía un proyecto lingüístico que debería ser validado por una mayoría de dos tercios en el consejo escolar para que la conselleria lo aceptara automáticamente. Y debía ser el mismo para todo el alumnado.

Estas localidades se suman a varios centenares más que ya desde las legislaturas anteriores sólo ofrecían educación basada mayoritariamente en el valenciano, sobretodo en zonas de uso habitual de la lengua e incluyendo pueblos pequeños de un sólo centro. En resumen, una hipotética norma estatal que obligara a una presencia lingüística en igualdad de condiciones o a garantizar la enseñanza en castellano chocaría con la realidad de muchos municipios, algunos de ellos grandes.

La PNL del PP incluye dos puntos más: «garantizar el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las lenguas oficiales ante cualquier administración» en las comunidades bilingües con «plena eficacia jurídica», y «adoptar cuantas medidas sean necesarias para eliminar toda imposición de una lengua como fuente de discriminación en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, con independencia del lugar en el que estos residan».