Un experto afirma que lo ocurrido en la dana del 29 de octubre es consecuencia «de la falta de inversiones hídricas»

En esta ocasión, el encargado de repetir el mensaje ha sido el presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel de Castro. ¿Por qué no se invierte en infraestructuras hidráulicas en España? es la pregunta que se hace Santa Isabel para quien la ausencia de estas obras se encuentra detrás de los daños provocados por las inundaciones del pasado 29 de octubre.

En opinión del presidente de Fecoval, si las infraestructuras hidráulicas previstas en el entorno del barranco del Poyo desde hace años, hubieran estado acabadas los daños habrían sido un 30 o un 40% menores. «No hay conciencia de que hay que hacer estas obras», ha afirmado. Santa Isabel de Castro ha denunciado que «históricamente que no ha habido inversión hidráulica» en España y, además, los PERTE no se han destinado «apenas» a invertir en este tipo de obras. No hay una conciencia como la que hay en Francia y en Alemania, según el presidente de Fecoval, donde los cauces están conectados unos con otros mediante «una red mallada».

En concreto, el presidente de Fecoval se refirió a las actuaciones previstas en la primera década de este siglo en la que se preveía la conexión de la rambla del Poyo y el barranco de La Saleta con el nuevo cauce del Turia para aliviar las avenidas. Además, apuesta por obras de laminación como Vilamarxant o la presa de Cheste.

«Necesitamos una red mallada para conectar los cauces, no solo controlarlos sino conectarlos para balancear las posibles avenidas, que son muy fuertes por algunos sitios», ha destacado Santa Isabel de Castro, que ha reiterado en varias ocasiones que las cañas no paralizan el agua: «Antes de que las paralicen, las arranca».

José Luis Santa Isabel ha indicado que el problema del agua es la velocidad de forma que cuando esta crece arrastra lo que hay a su paso. En este sentido, ha recordado que los ríos y barrancos de la vertiente mediterránea tienen mucha inclinación por lo que la velocidad se disparan y el agua arrasa con lo que hay a su paso.

Por esa razón ha apostado por las obras de laminación. «No existen en el barranco del Poyo y así dejan a su albedrío a las aguas. Si las hubiera los daños hubieran sido menores», ha expresado. En concreto, se ha indicado que «hace falta mucha inversión» y ha señalado que en Valencia, Castellón y Vega Baja haría falta destinar 5.500 millones de euros.

En esta línea, el ponente ha subrayado que «el sistema en su totalidad falló y por tanto hay que revisarlo y con urgencia. No una parte sino todo: la información, comunicación, estructura de responsabilidad en la toma de decisiones... La corrección de la metodología y su transmisión y la estructura de toma de decisiones debe acometerse de inmediato», ha destacado. Ha expresado que la gente no se fía y cree que puede volver a pasar lo mismo «porque no se hacen las obras».

También ha considerado que las obras se reconstrucción se demorarán entre tres y cinco años. En este sentido, ha pedido acometer las obras proyectadas «lo más rápidamente posible», por lo que solicita que los contratos de emergencia se sigan manteniendo. También ha pedido actuar «con medidas urbanísticas primarias» para que hechos similares no vuelvan a ocurrir y unificar los criterios en la dotación económica y en la distribución económica de los proyectos que hay que hacer.

Santa Isabel también ha criticado muy duramente a la ley de la Huerta a la que ha calificado de «desatinada cuyo propósito era proteger la huerta y ha acabado con 70.000 hectáreas de huerta desaparecidas». En el mismo sentido, ha indicado que «ha impedido hacer las obras que hubieran protegido» tanto a las personas como las infraestructuras frente a la dana.

«Alguien me puede explicar cómo existe una ley que no ha protegido lo que quería proteger y que ha impedido hacer las obras que hubiera protegido en parte o al menos la salud humana y seguramente una parte de esos cultivos, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica y las infraestructuras», ha declarado Santa Isabel.

Por otra parte, ha criticado la proliferación de cañas en los cauces de los ríos. «No controlan los cauces violentos solo son arrastradas». «Creo que hicieron mucho daño y la no limpieza de los cauces también ayudó a esa masa que iba avanzando y se iba tropezando», ha asegurado el presidente de Fecoval, quien ha denunciado que la Albufera alberga hasta un millón de toneladas de cañas.

Respecto a esta cuestión, la senadora socialista María Amparo Marco ha respondido a Santa Isabel de Castro que en 2024 hubo 368 autorizaciones de limpieza de barrancos. «Lo digo por ese rum rum que hay permanentemente de que el Gobierno de España no hace nada», según Marco.

Por su parte, preguntado por el senador de Compromís del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Enric Morera, sobre quién contactó con Fecoval en primera instancia para solicitar ayuda a las empresas de la Federación tras la dana, Santa Isabel ha indicado que fueron los propios alcaldes. «Ante una emergencia catastrófica, era el presidente de la Generalitat quien tenía que coordinar todo, y como estaba noqueado, no coordinó nada, os tuvieron que llamar los ayuntamientos. Queda constatado que no solo no nos protegió (Carlos Mazón), sino que no nos socorrió, como tenía que haber hecho de acuerdo con la ley. Y creo que es una prueba definitiva que le incrimina», ha señalado el senador Morera según recoge Europa Press.

El segundo interviniente en la comisión del Senado ha sido el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado. Aguado se ha mostrado partidario de un pacto de Estado sobre infraestructuras «como mejor homenaje a los fallecidos en la dana».

También ha incidido en que el 70% de los agricultores afectados no van a poder cobrar las ayudas. «Los agricultores a tiempo parcial están desamparados», ha afirmado y ha añadido que hasta dentro de varios años no se podrá cultivar en muchos de los campos afectados.

Para Aguado, «si hubiera sido presidente Ximo Puig le hubiera pillado el toro exactamente igual (...) Estoy seguro que lo hubiera cogido también porque las danas son imprevisibles». Además, el presidente de AVA ha indicado que son «muchísimos los agricultores» que piensan que la Ley de la Huerta habría podido ser «mejorable» porque ha impedido desarrollar con normalidad su trabajo y medio de vida.

«Necesitamos que cinco meses después, naturalmente, lo que se ha legislado se ponga en marcha a tope y lo que no se ha legislado, que aun está por legislar, se legisle cuando antes», ha destacado Aguado, quien ha subrayado que queda «muchísimo por hacer» y que «no se encuentran podadores en la zona» ya que mucha gente se ha ido de los campos. En esta línea, ha puntualizado de que hay problemas de mano de obra

«Va a costar años, en algunas zonas poder recuperar la normalidad, (como por ejemplo) en las viñas de espalderas que están tumbadas. Se pierde cosecha, se pierde plantación, estamos a cinco meses, en el campo cinco meses, es casi medio año, y es una barbaridad», ha detallado.

Por otra parte, ha planteado el problema que supone el arreglo de los caminos agrícolas, vitales para reemprender la labor en el campo. En esta línea, ha subrayado que la empresa Tragsa, a la que se le han encomendado los trabajos, «está desbordada». Por eso ha propuesto que sean los propios agricultores los que arreglen las vías que puedan y pasen el cargo al Gobierno para aligerar el trabajo de esta mercantil.