Los expertos instan a no reconstruir ni habitar las zonas «gravemente afectadas» por la dana

El documento recoge en 38 páginas, un total de 82 recomendaciones elaboradas por un total de 73 investigadoras e investigadores, con más de 30 años de experiencia, procedentes de 15 universidades y centros de investigación, reunidos la semana pasada en La Nau. Dividido en un total de 13 áreas temáticas, ofrece entre 5 y 6 recomendaciones para «una gobernanza inteligente» en temas como el calentamiento global, el estado del ciclo hidrológico, la desertificación, los grandes incendios, el turismo, la agricultura, las ciudades, la gestión integral del riesgo, el uso de las áreas metropolitanas, las infraestructuras, la a comunicación, las obras hidráulicas y las políticas públicas.

Una de las áreas temáticas más trabajadas ha sido, sin lugar a dudas, la de los eventos extremos y la gestión integral del riesgo. En este apéndice, los expertos han desarrollado hasta cinco medidas a acometer de manera urgente, un total de 13 medidas a tratar en el corto plazo (un plazo de cinco años según el informe), y hasta cuatro medidas enfocadas en el medio plazo (a ejecutar en unos 10 años).

En cuanto a las medidas urgentes, los expertos defienden que no se debería reconstruir, y mucho menos habitar de nuevo, todas aquellas zonas «gravemente afectadas por crecidas extraordinarias o por temporales marítimos en la franja costera». En este sentido, en el apartado 'la intensificación del ciclo hidrológico', los profesionales califican como «fundamental» implantar «soluciones basadas en la naturaleza» a los problemas con los cauces. En este sentido, el informe indica que los trabajos deberían tender a «devolver espacio a la cuenca y a sus cauces, que le permitan recuperar parte de su heterogeneidad geomórfica y balance hídrico».

Para ello, los expertos recomiendan que los espacios que necesiten los ríos o barrancos deberían apoyarse en el Dominio Público Hidráulico, que habrá de ser definitivamente actualizado, deslindado e implementado, aplicándose en la ordenación del territorio, en la planificación urbana y en la redefinición de infraestructuras, constituyendo una oportunidad fundamental para una nueva gestión del territorio en riesgo. Por todo lo defendido, los investigadores también consideran como medida urgente que proyectos urbanísticos en tramitación que contemplen edificación en zonas con riesgo de inundación hasta que no pasen por un nuevo procedimiento de análisis riesgo adaptado a las condiciones actuales de cambio climático y su proyección futura.

Del mismo modo, y para estar mejor preparados ante la llegada de nuevas catástrofes, los expertos consideran esencial el establecer y mejorar la capacidad predictiva de alerta temprana y seguimiento, mejorando sobre todo la capacidad de las poblaciones para prepararse ante eventos extremos y de los políticos para saber tomar las decisiones pertinentes. Además, consideran necesario integrar las alertas meteorológicas con las hidrológicas, y ajustarlas a la escala espacio-temporal de cada fenómeno, ya que no sólo se refieren a las inundaciones, si no también a los periodos de sequía.

Respecto a las medidas a acometer en el corto plazo para estar mejor reparados ante estos episodios, los expertos se encuentran muy atentos a la ordenación del territorio. Entre estos planes, regulados por las normativas regionales de ordenación territorial, los investigadores consideran necesario incorporar una nueva figura: Planes Territoriales de Reconstrucción de Zonas Afectadas por un desastre natural (terremotos, inundaciones, temporales marítimos). Es decir, un plan ya escrito de cómo proceder si suceden las tragedias, con tal de evitar la improvisación y el bloqueo de los primeras días que sufrieron los afectados a primero de noviembre.

De cara al medio plazo, se aconseja realizar una revisión de todo el planeamiento municipal existente en los municipios del litoral mediterráneo español para adaptarlo a la nueva realidad climática. Para ello, los expertos recomiendan elaborar un Decreto-Ley que obligue a esta revisión en el planeamiento urbano anterior al año 2000. Además, instan a promover que en zonas inundables exista un código de edificación para que las plantas bajas no sean habitables.

Además, a partir de los estudios y portales oficiales existentes, preparación de una cartografía síntesis (estatal y regional) de zonas de muy alto riesgo ante inundación y ante oleajes en primera línea de costa, que permita establecer medidas específicas de protección o, en su caso, de desalojo de inmuebles donde corra riesgo la vida de las personas que los ocupan.