La prevención es la herramienta clave para lograr la erradicación del acoso escolar en las aulas, una lacra de consecuencias gravísimas que, cuando se produce, ... evidencia que el sistema ha fracasado. La tragedia de Sallent, que apunta a conductas de hostigamiento, es el ejemplo más extremo del daño que produce.
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Potenciar medidas de detección precoz, que contribuyan a una convivencia sana o a desarrollar habilidades sociales entre el alumnado, desterrando conductas hirientes cuando no violentas, son algunas de las ideas que han ido desgranando los 38 expertos que han pasado por Les Corts, dentro de la comisión especial que desde 2021 ha estado trabajando en la cuestión. El objetivo: proponer políticas educativas para minimizar en todo lo posible el problema.
El pasado jueves el pleno aprobó el dictamen del grupo de trabajo, en el que han participado todos los partidos, y que recoge medio centenar de propuestas. Ahora queda en manos de las administraciones implicadas, fundamentalmente la educativa y la sanitaria, su toma en consideración.
La primera es llamativa: la realización de «pruebas psicométricas individualizadas semestrales para medir la situación emocional del alumnado, el clima del aula y el estado de convivencia en los centros». La idea sería detectar a tiempo conductas de riesgo para poder intervenir.
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El informe deja claro que sólo se notifica una parte reducida de los casos reales que se producen, y que en muchas ocasiones no se manifiestan a través de agresiones físicas, que sería el ejemplo habitual. «Las coacciones, insultos y todos los problemas psicológicos derivados de estas conductas vejatorias se deben detectar si queremos avanzar hacia la erradicación», dice el documento, justo antes de considerar clave «la medición con instrumentos específicos».
Para justificar esta afirmación el dictamen recurre a la intervención en la comisión del doctor en Psicología Iñaki Piñuel. «Cuando aplicamos herramientas de medición podemos encontrar alumnado que reporta situaciones incipientes de burlas, ridiculización, chantajes, coacciones o violencias que no dejan rastro externo, y también violencias que ocurren delante de adultos pero no las están reconociendo como tales», se lee. Es decir, se propone recurrir a esa herramienta como complemento a la detección ordinaria que corresponde a los docentes o las familias, haciendo aflorar conductas de riesgo potencial.
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Uno de los apartados del dictamen se refiere específicamente a las consecuencias del acoso. Tanto para las víctimas como para los agresores y los espectadores. Las primeras presentan problemas de socialización, de libertad de movimiento, de expresión y de desarrollo personal, además de dificultades académicas, ansiedad, frustración o baja autoestima. Se hace especial hincapié en la más extrema, el suicidio, por lo que la comisión reclama especiales esfuerzos en la prevención y en el refuerzo del personal de las unidades de salud mental infantil y adolescente (USMIA). Según Piñuel, recoge el informe, «el mayor malestar no se da con las violencias físicas externas, sino que se produce en víctimas de coacciones, violencias psicológicas, de estigmatización y de arrinconamiento». En cuanto a los agresores se apunta a que «se desensibilizan, pierden la capacidad de empatizar y aprenden a relacionarse de manera violenta con consecuencias durante toda su vida en futuros ambientes laborales, sociales y familiares». Y en relación a los espectadores se insiste en «la pérdida de sensibilidad hacia situaciones de grave violencia física o psíquica», así como en «la identificación de la violencia con el éxito social».
Otra de las medidas tiene que ver con los canales de información. Se pide facilitar que tanto víctimas como espectadores puedan poner en conocimiento del equipo docente la situación sin temor a ser señalados por otros compañeros. Exactamente se habla de «canales de denuncia segura», algo que ya funciona en algunos centros, que cuentan con buzones en los que se pueden trasladar comunicaciones anónimas. «Hay que facilitar ambientes y procesos donde los alumnos que hayan sufrido una situación de acoso o la hayan presenciado puedan expresarse sin impedimentos y con total confianza», se completa en otra de las propuestas.
Durante los trabajos se expusieron casos de éxito desarrollados en algunas escuelas, como los que tienen que ver con las tutorías entre iguales, lo que ha llevado a la comisión a plantear su extensión en todos los centros de la Comunitat «como metodología educativa y de convivencia». A grandes rasgos consiste en establecer parejas de alumnos, como uno de más edad o más maduro con otro más pequeño o más introvertido para que le ayude en su integración, se relacione y se interese por su situación. Por hacer un símil, como un hermano mayor.
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Proponer a las universidades que los planes de estudio de Magisterio potencien la formación inicial sobre convivencia y prevención de la violencia, mejorar el protocolo existente entre las Consellerias de Sanidad y Educación «para que sea más ágil y eficaz y se atienda de manera inmediata al alumnado con problemas de salud mental graves» o reforzar el personal de orientación en los centros son otras de las ideas destacadas, entre las que también se apela a la formación de las familias en cuestiones de prevención.
Durante las sesiones quedó patente la dificultad de poner cifras al acoso, más allá de que se incrementan los casos registrados, algo que no indica más prevalencia sino una mayor concienciación: se detectan y se informan más. Y como se ha señalado, destacó la idea de que lo que trasciende sólo es la punta del iceberg. Sirve un ejemplo. Mientras que hay informes (basados en encuestas) que hablan de que uno de cada cuatro escolares ha reconocido ante sus padres haber sido víctima de algún hostigamiento -implicaría más de cien mil alumnos valencianos- los incidentes registrados formalmente por la Conselleria de Educación son muy inferiores. El dictamen cita los últimos datos aportados, del curso 2018-2019, cuando se activó el protocolo en 421 ocasiones.
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El informe de conclusiones también trata de desterrar mitos, como que la excusa para iniciar un hostigamiento sean las características físicas de la víctima (apariencia física, identidad de género, vestimenta u origen social por ejemplo), y recuerda que diferentes estudios «han demostrado que es la supuesta debilidad, la carencia de habilidades sociales, la introversión o alguna necesidad específica lo que motiva estos episodios». No es casual que entre las medidas se destaque la importancia de la educación no formal, por ejemplo, con programas sobre afectividad positiva y de crecimiento integral, sin olvidar estrategias sobre la resolución pacífica de conflictos o valores de convivencia. El dictamen llega a plantear que este tipo de actividades puedan realizarse mediante la ampliación de horarios o incluso en jornadas de fin de semana en los centros.
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