El Defensor del Pueblo pide que no se expulse a los extranjeros que denuncien delitos

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no se expulse a ningún extranjero en situación irregular que acuda a la Administración del estado a denunciar algún delito. El caso de la mujer hondureña en situación irregular que la policía de Xirivella detuvo y ordenó su expulsión cuando acudió a denunciar una agresión provocó una respuesta inmediata y enérgica de sus vecinos y vecinas y de muchas otras personas y entidades sociales, que mostraron su indignación en las calles del pueblo y en las redes sociales.

A esta reacción popular se sumó el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que abrió una investigación sobre la actuación de los funcionarios adscritos al Ministerio del Interior a raíz de la queja que presentó València Acul - València Acoge en nombre de la víctima. La agresión que sufrió la mujer hondureña a manos del casero de un amigo está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Mislata. La chica tuvo que interponer la denuncia en el juzgado de guardia días después de la agresión porque no pudo formalizarla en la comisaría de Xirivella al iniciarle los policías el procedimiento de expulsión, que está pendiente de la resolución que adopte la Delegación del Gobierno.

Ahora, tras estudiar el caso, el Defensor se ha dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para recomendarle que dicte «las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional», según consta en el escrito que esta institución ha enviado a València Acull. De esta forma, el Defensor no sólo desautoriza la actuación de la policía de Xirivella y del Delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, quien justificó el procedimiento de expulsión «porque así lo marca la ley», sino que además pide al ministro que adopte medidas para que no se vuelva a repetir ninguna situación semejante.

Tras la comunicación, València Acull ha solicitado al Defensor «que considere la posibilidad de ampliar su recomendación al ministro para que no se incoen procedimientos de expulsión a quienes acudan a realizar cualquier tipo de trámite ante la Policía o Guardia Civil o a interponer una denuncia independientemente de su tipificación». La razón de esta solicitud es que hemos tenido conocimiento de que también se han dado casos de incoación de expedientes de expulsión a personas que han ido a denunciar la pérdida del pasaporte o a recoger la cartera extraviada, aunque no los hemos podido documentar hasta el momento.

En 2004, el Defensor del Pueblo ya requirió a la Dirección General de Policía por la misma razón que ahora se ha dirigido directamente al ministro del Interior. En el informe de aquel año, el Defensor explicaba que había conocido informaciones sobre mujeres migrantes irregulares que sufrían violencia por parte de sus parejas que no se atrevían a denunciar por temor a ser expulsadas. La respuesta policial fue que en estos casos no hacían distinción por nacionalidad o situación administrativa y que ante la concurrencia de infracciones penales y administrativas, «la investigación de la infracción penal prima sobre la incoación del procedimiento administrativo y, sobre ambos procedimientos, se otorga prioridad a la protección y atención a la víctima».

Sin embargo, el Defensor conoció otros casos de personas extranjeras en situación irregular que han sido víctimas de delitos distintos al de violencia de género a las que también se les iniciaba la expulsión cuando acudían a denunciar. Para el Defensor resultaba paradójico que «el empeño en la persecución de la conducta de menor gravedad, el ilícito administrativo, dificulta a las autoridades policiales cumplir con su principal misión de prevención y persecución de los delitos» y destacaba que ante personas con riesgo de exclusión social, como las extranjeras en situación de irregularidad, «interesa especialmente hacer patente la idea de que las fuerzas y cuerpos policiales están, antes que nada, para perseguir delitos y procurar la puesta a disposición judicial de los que aparezcan como culpables de los mismos».

Por tanto, dirigió otra recomendación a la Dirección General de Policía para que no se incoaran expedientes de expulsión a quienes acudan a denunciar delitos, a la que se contestó que si no se actuaba así se infringiría el ordenamiento jurídico. El Defensor manifestó su «sorpresa» ante esa respuesta por contradecir el planteamiento que la propia policía había manifestado ante las víctimas de la violencia de género: por encima de todo prevalece la protección y atención a la víctima. El Defensor no cejó en su empeño y volvió a requerir a la Dirección General de Policía.

En el informe del Defensor de 2005 se recogió la respuesta policial que insistía en que si renuncian a incoar la expulsión estarían infringiendo la norma y solicitaba un cambio en el marco jurídico que posibilitara la asunción de la recomendación. Ese año, el Defensor solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración que estudiaran la cuestión y «se examinen las vías existentes para acoger el criterio expuesto por el Defensor del Pueblo, evaluán­dose en su caso la procedencia de instar las reformas legales y reglamentarias que se estimen precisas, para dar una solución satisfactoria al asunto planteado». Casi dos décadas después, la policía continúa incoando expedientes de expulsión a quienes acuden a sus dependencias y no tienen regularizada su situación administrativa. Mientras esta situación no cambie, València Acull insta a seguir denunciando cualquier violación de derechos, pero recomienda a quienes no tengan papeles acudir al juzgado de guardia para evitar el riesgo de ser expulsado o expulsada.