Las facultades de Derecho cargan contra Universidades por marginarlas en la financiación

Desde 2005 los alumnos pagan una tasa para hacer frente al coste de las prácticas. La Generalitat estableció cinco niveles de acuerdo con la importancia de estas clases en cada una de las titulaciones. Derecho junto a otras como Filosofía, Historia o Humanidades, se situó en el nivel más bajo.

Ahora llevan años demandando que se les sitúe en el nivel dos, el mismo en el que se encuentran titulaciones como Criminología. «Es lógico. La enseñanza del Derecho ha avanzado y ahora se han establecido el uso de técnicas y habilidades digitales que antes no existían», señaló Palao y por estas razones han pedido la revisión. Pero sus demandas han caído en saco roto. «La consellera de Universidades se ha encastillado. No nos atiende pese a que nos hemos dirigido a ella en varias ocasiones», recalcó.

La petición ha sido refrendada por los rectores de las cuatro universidades públicas valencianas que también han remitido un escrito a la consellera de Universidades pidiendo un cambio en la evaluación.

En las últimas semanas, tras mantener una reunión con la directora general, han dirigido tres escritos que sólo han contado con una escueta respuesta en la que se pospone la nueva evaluación hasta la aprobación del futuro plan de financiación de las universidades. Desde la Conselleria de Universidades se hace referencia al impacto económico que tendría la medida.

El problema es económico porque esta modificación de la evaluación supondrá incrementar el presupuesto de las facultades de Derecho que ahora son las peor financiadas de todo el espacio universitario valenciano con menos de 60 euros por alumno y por detrás de facultades como as de Filología o Filosofía.

«La conselleria nos está condenando a clases como las de los años 80 del siglo pasado, con 500 alumnos por aula y un busto parlante», afirmó Palao que recordó que en la Facultad de Derecho tenían un proyecto de prácticas en la que los alumnos actuarían como asistentes de los jueces. «Lo tuvimos que anular por la falta de presupuesto«, añadió.

También han tenido que cerrar el aula de informática porque no hay espacio suficiente para guardar las distancias de seguridad exigidas por la pandemia. «Tenemos los ordenadores en caja de cartón porque no los podemos utilizar, afirmó.

Palao señaló que el impacto de cambiar el nivel de experimentalidad de 1 a 2 en las facultades de Derecho tendría un impacto económico de 600.000 para las cuatro universidades públicas. En el caso de la de la Universitat de València recibirían 200.000 euros anuales más. «Y con esa cantidad se pueden hacer muchas cosas para mejorar la enseñanza de los alumnos», afirmó Palao.